La Comisión Provincial por la Memoria realizó el tercer encuentro nacional de familiares víctimas de violencia institucional. Durante dos días, en el complejo turístico de Chapadmalal, más de 400 familiares de 16 provincias del país se encontraron, compartieron sus experiencias y pensaron estrategias de intervención frente a las violaciones a los derechos humanos. “Tenemos el deber de ser consecuentes con nuestras ideas y tener el coraje necesario, ese coraje que se construye con el otro, para estar en las calles reclamando la transformación de un sistema que persigue y extermina a los jóvenes pobres de nuestro pueblo”, expresó el presidente de la CPM, Víctor Mendibil. Por la CPM participaron, además, Roberto Cipriano García, Susana Méndez, Ana Barleta, Yamila Zavala Rodríguez y la directora general Sandra Raggio.

ANDAR en Chapadmalal

(CPM) Los familiares víctimas coinciden en que estos encuentros los hacen sentir parte de una lucha colectiva contra la violencia institucional y la impunidad. Con el objetivo de fortalecer las organizaciones y contribuir a la discusión de políticas públicas que transformen el sistema penal, la Comisión Provincial por la Memoria realizó el tercer Encuentro nacional de familiares víctimas de violencia institucional.

Más de 400 familiares de Buenos Aires, CABA, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Entre Ríos y Misiones, y organizaciones de Chile y Paraguay se encontraron en un mismo espacio para compartir sus historias y experiencias de lucha y organización contra las violencias que despliegan las fuerzas de seguridad del Estado. Cada una de las historias remite a hombres y mujeres víctimas de las policías, de los servicios penitenciarios, de la justicia; casos de torturas, gatillo fácil, persecución y hostigamiento, causas armadas, falta de acceso a la justicia.

Las múltiples violencias relevadas y la presencia de referentes de 16 provincias permiten construir un diagnóstico de la grave crisis que atraviesa el sistema penal y que, más allá de las diferencias territoriales, se expresa en todo el país. En los últimos 20 años, la radicalización de las políticas punitivistas incrementó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y condenó a las víctimas de ese sistema al olvido y la impunidad.

Las historias de este tercer Encuentro nacional son un manifiesto político que reclama una transformación urgente de las condiciones estructurales que perpetúan este sistema de la crueldad. “Hay que construir políticas públicas desde la perspectiva de las víctimas. Hay que creer en el testimonio de los que sufren”, señaló Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. La transformación del sistema penal es un desafío de la democracia y debe tener a los familiares como actores centrales del cambio.

Fortalecer la intervención territorial

Transformar el dolor en lucha y organización, pasar del dolor personal a la construcción colectiva. “Ahora, con todos estos familiares, puedo sentir que no me pasó sólo a mí, que estamos en la misma lucha, en el mismo reclamo de justicia”, dice Olga, mamá de Jorge Reyna, un chico de 17 años asesinado en la comisaría de Capilla del Monte, Córdoba.

Durante dos días, se desarrollaron diversas mesas y comisiones de reflexión y trabajo que buscaban no sólo construir un lugar donde poder compartir la historia personal sino también pensar colectivamente estrategias de intervención territorial y unificar acciones y demandas que den mayor visibilidad a las víctimas. Esos desafíos, obligan a pensar espacios para el fortalecimiento de las organizaciones y repensar las prácticas y el diálogo con los distintos actores institucionales.

Entre las actividades programadas, se realizaron talleres sobre violencias en el encierro, policial, políticas pos penitenciarias, salud mental y adicciones, y violencia judicial y acceso a la justicia. En cada uno de esos espacios, se remarcó la importancia del registro de estas violencias y el diseño de estrategias de intervención directa de las organizaciones.

En el primer día del Encuentro también tuvo lugar la mesa-debate Los desafíos en la lucha contra la violencia institucional: gobierno, justicia y organizaciones¸ con la coordinación de la directora general de la CPM, Sandra Raggio, y la intervención como panelistas del secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, José Nebbia, fiscal de Procuvin, César Antillanca de la Comisión contra la impunidad de Chubut, y Roberto Cipriano García.

“Violencia institucional es violencia del Estado, es la violencia del Estado en el barrio, en la trama social, es la violencia contra los jóvenes y es la impunidad judicial que garantiza la continuidad de estas violencias. Esta mesa es el desafío de pensar qué implica la violencia institucional para el conjunto de la sociedad desde la perspectiva de las organizaciones de familiares, de la justicia y del Estado”, señaló Sandra Raggio en la apertura del panel.

Todos los integrantes de la mesa coincidieron en señalar la responsabilidad del Estado en la perpetuación de las violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, destacar el rol que las organizaciones de familiares deben tener en la lucha contra la violencia institucional. “La tortura de ayer y de hoy es producto de la misma concepción política: la persecución sobre determinados sectores sociales, hoy contra los jóvenes pobres que llenan las cárceles”, indicó Cipriano García.

Por su parte, Santiago Cantón reconoció que las cárceles bonaerenses es uno de los peores sistemas de encierro del continente y señaló que “En toda América Latina, existe una concepción de las fuerzas de seguridad cómo protectora del poder y el Estado, y no de los pueblos”.

En esa misma línea de análisis, José Nebbia remarcó que “se ha venido planteando una dicotomía entre seguridad y derechos humanos que no existe. La demagogia punitiva incrementa los índices de violencia institucional: “Como operadores judiciales, tenemos la responsabilidad de que las víctimas lleguen a la justicia. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, la justicia convalida la versión policial de los hechos. Se naturalizan esas violencias y la respuesta siempre es deficiente”.

“La impunidad judicial es parte fundamental del ejercicio de la violencia por parte del Estado”, agregó César Antillanca. Y convocó a las organizaciones a trabajar políticamente en “la humanización del reclamo que debe convocarnos a todos como ciudadanos defensores de los derechos humanos”.

Experiencias de lucha: entre el dolor y la organización

“Si no llegamos a hacer justicia, por lo menos, lograremos visibilizar estas violencias. Visibilizar que la policía no es la que nos cuida sino la que mata a nuestros hijos y hermanos. Eso está pasando”, dice Olga. Luego del asesinato de su hijo, Olga se fue encontrando con otros familiares de Córdoba, reclamando justicia por otros pibes y pibas.

Unos días antes de su muerte, Jorge le había confesado a su mamá que el comisario de Capilla del Monte lo mandaba a robar junto a otros amigos, pero le pidió que no haga nada, que lo amenazaban para que no lo haga. El 26 de octubre a las 10 de la mañana, cuando se iba a trabajar, lo detuvieron; Olga se enteró por los vecinos, nadie le notificó nada.  “Esa misma noche, un amigo me llama y me dice: ‘Jorgito se ahorcó en la Comisaría`”.

El médico, que intentó salvarle la vida, lo encontró desnudo y tendido en el piso de la celda boca abajo. “A mí me entregan el cuerpo al próximo día, a cajón cerrado. Cuando lo abrimos, vemos que no tenía ninguna señal de ahorcamiento y que tenía todo el cuerpo golpeado, costillas fracturadas, dedos quebrados, pero no estaba ahorcado”, cuenta Olga. Un testigo, que dice haber visto todo, huyó del pueblo luego de haber sido amenazado por la Policía. Pasaron tres años y todavía no hay ningún imputado.

El caso de Jorge Reyna es una de las tantas historias que se contaron en las comisiones de de Las víctimas de la violencia institucional: entre el dolor y la organización que se realizaron durante la segunda jornada. Por allí también pasó la historia de Marito Salto, un niño de 11 años asesinado en Quimilí, Santiago del Estero. “No hay precedentes en el país de un hecho tan aberrante”, dice su papá. El 31 de mayo pasado a las 11 de la mañana, Marito salió con su bicicleta y su caña de pescar y desapareció en una zona llamada “La Represa”. “A las 8 de la noche, damos aviso a la Policía. Lo encontramos a los pocos días, cerca de Quimilí, descuartizado y mutilado”, cuenta Mario. Después de degollarlo, cortaron su cabeza en seis partes y la tiraron en bolsas distintas.

Mario no lo sabe con seguridad pero cree que su muerte fue la consumación de una venganza política, por el activismo de su hermana durante una huelga docente en la provincia. Hoy la causa tiene nueve cuerpos, más de 9 mil fojas y ningún sospechoso. Mario puso en recompensa su casa para quien pueda aportar alguna información valiosa. Mario también denuncia que hay encubrimiento policial y judicial: la policía no preservó las pruebas y contaminó la escena del crimen, se borraron las imágenes de las cámaras de seguridad y el juez que intervenía en la causa fue destituido. “Fui en tres oportunidades a reclamar la intervención del ministerio nacional de justicia porque sé que en la justicia santiagueña nunca va conocerse la verdad”.

La calificación de las torturas como vejaciones es, también, una de las formas de la impunidad. Diego Pachao fue salvajemente asesinado en la Comisaría 7ª de la capital de Catamarca. Los testimonios dicen que lo mataron a golpes en el patio, sin embargo la causa se instruyó por vejaciones: “si hubiesen provocado vejaciones, lo tendría vivo”, dice su papá, Telmo.

Las historias de Olga, Mario y Telmo son las historias detrás de esos hombres y mujeres que, desde el dolor personal, salieron a reclamar justicia, a organizarse, a luchar colectivamente. Recuperando esos recorridos, se realizó la mesa-debate El desafío de la organización: el paso de lo individual a lo colectivo. Experiencias de lucha, con la coordinación de Susana Méndez, y la participación de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de la CPM, Jacqueline Gutiérrez, representante de la Agrupación víctimas de represión policial de Chile, y Martina Paredes, integrante de la organización de familiares víctimas de la masacre de Curuguaty de Paraguay.

“Para nosotros siempre es muy emocionante poder juntarnos, escuchar sus historias, acompañar la lucha de justicia. Sabemos que, ante las injusticias, sólo la persistencia de la lucha nos hace avanzar y crecer. Y acá tenemos un fiel ejemplo de la persistencia de la lucha y de las fuerza de las madres”, mencionó Susana Méndez como punto de partida de la mesa.

Nora Cortiñas recordó la historia de las Madres de Plaza de Mayo que, tras la desaparición de sus hijos e hijas, salieron a la calle por cada uno de los hijos que faltaban. “Lamentablemente, a 40 años, seguimos viviendo en un país injusto. En un sistema, como vemos en las cárceles, de persecución y exterminio de los jóvenes”, expresó. Para Norita la lucha de los familiares víctimas de violencia institucional nos ayuda a seguir construyendo la democracia: “Tenemos el deber de acompañar esas luchas. Nosotros, reunidos acá, tenemos que seguir luchando contra las injusticias”, agregó.

Los organismos de derechos humanos fueron un pilar en el proceso de recuperación de la democracia argentina y en la condena a los genocidas. Hoy, las organizaciones de familiares retoman aquel camino y se constituyen ellas mismas como parte de la historia de los organismos de derechos humanos. Esa experiencia es particular de este país. “Admiro la lucha y organización de los familiares argentinos. Estas experiencias de lucha allí no existen”, dice Martina Paredes. “Nos sentimos con la obligación de replicar este encuentro de luchadores en chile”, agrega Jacqueline.

“En la historia argentina, los familiares han sido actores centrales en la lucha contra la impunidad”, señaló Yamila Zavala Rodríguez durante la apertura del encuentro. A su vez, Ana Barletta remarcó que “es responsabilidad del Estado, atender el reclamo de las víctimas y tiene la obligación de construir políticas públicas en este sentido”.

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RNCT: la constatación de la tortura como práctica sistemática

Antes del cierre del tercer Encuentro nacional de familiares víctimas de violencia institucional, se hizo la presentación del Registro Nacional de Casos de Torturas (RNCT) que, año a año, elaboran de manera conjunta la CPM, la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) y el GESPyDH del Instituto de Investigaciones Gino Germani. La mesa estuvo coordinada por Roberto Cipriano García y contó con la participación del presidente de la CPM, Víctor Mendibil, Alcira Daroqui (GESPyDH) y Ariel Cejas de la PPN.

Los panelistas coincidieron en señalar la importancia que tiene el registro de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en lugares de encierro para la transformación del sistema penal. Asimismo, destacaron el valor del relato de los detenidos en la denuncia de las torturas. “Este trabajo se puede mostrar porque existió el compromiso de las personas detenidas en dar testimonio”, indicó Víctor Mendibil.

“En 2010, ante las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, y ante la falta de respuesta del gobierno, decidimos construir este Registro desde estas tres instituciones del Estado (CPM-GESPYDH-UBA y PPN”, explicó Cipriano García. Hoy estamos relevando la tortura en el sistema federal y en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que ampliar el registro a más provincias”, agregó.

En estos cinco años, el RNCT ha relevado 13.685 hechos de torturas en el ámbito nacional-federal y 11.156 hechos en la provincia de Buenos Aires. Y, sin embargo, esto se trata sólo de un subregistro. El RNCT entiende, como principio fundamental, la tortura en su condición multidimensional y registra 11 tipos de tortura: agresiones físicas, aislamiento, amenazas, traslados gravosos, traslados constantes de unidad, malas condiciones materiales de detención, falta o deficiente alimentación, falta o deficiente asistencia a la salud, robo y/o daño de pertenencias, impedimentos de vinculación familiar y social y requisa personal vejatoria. El segundo principio analítico y político de este trabajo es el registro no sólo de los casos judicializados sino también de las denuncias relevadas por la CPM y la PPN.

“Estos 11 tipos de torturas relevados son categorías para analizar —antes que cuantitativamente— cualitativamente la situación de las cárceles. Este registro nos permite entender cómo se gobiernan los lugares de encierro”, señaló Alcira Daraqui. “Es muy difícil que la justicia investigue los casos de torturas, pero este registro es la confirmación de que la tortura existe”, concluyó Ariel Cejas de la PPN.