ANDAR en Bahía Blanca

(Por H.I.J.O.S.) En la audiencia del miércoles 23 de octubre, los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia cerraron la exposición de sus alegatos en el marco del juicio oral y público por el que se investigan los crímenes –torturas, secuestros clandestinos, homicidios y dos apropiaciones de bebés- cometidos por militares del V Cuerpo del Ejército, con sede en Bahía Blanca, contra 89 víctimas.

Cabe recordar que los imputados en el juicio son siete exmilitares (Alejandro Marjanov, Carlos Stricker, José Fidalgo, Bernardo Cabezón, Ricardo Gandolfo, Felipe Ayala y Fernando Videla) de los nueve que debían ser juzgados, ya que uno de ellos se halla prófugo –Carlos Alberto Arroyo- en tanto que Armando Barrera fue apartado de la causa por su estado de salud.

Los fiscales Palazzani y Nebbia pidieron al tribunal que se ordenara la baja de servicio en el Ejército a todos los imputados y que fueran calificados como crímenes de lesa humanidad, en el marco de un plan de genocidio, los delitos que se investigan. En ese sentido resaltaron que “nos encontramos frente a un fenómeno sociológico e histórico, frente a crímenes de genocidio, que no constituyen una sumatoria de delitos”.

Asimismo, solicitaron que se iniciaran investigaciones penales sobre la actuación de organismos judiciales, especialmente, el juez Francisco Bentivegna, quien habría incumplido con los deberes de funcionario público al negar acceso a la justicia a María Angélica Ferrari, entre otras víctimas de la represión en Bahía Blanca.

Acerca de las penas solicitadas al tribunal, los fiscales requirieron la prisión perpetua para los exmilitares Fernando Videla, Bernardo Cabezón, Felipe Ayala, Carlos Stricker y Alejandro Marjanov; 21 años de prisión para Ricardo Gandolfo y 25 años para José Fidalgo.

La crueldad especialmente dirigida contra las mujeres en cautiverio fue motivada por la discriminación de género, según alegaron los fiscales, para quienes hubo manoseos, acosos y violaciones que no eran parte de órdenes escritas. Agregaron que los ataques sexuales eran prácticas sistemáticas. El cuerpo de la mujer era usado para disciplinar. A la mujer se la debía disciplinar por haber salido a militar, a participar, siendo que como mujer debía quedarse en su casa.

Durante la exposición del miércoles 23, los fiscales Palazzani y Nebbia relataron las responsabilidades de cada uno de los acusados en torno a los delitos investigados, y también hicieron mención a la necesidad de investigar la complicidad del cura bahiense Vara, el cual fue denunciado por la madre de una de las víctimas de haber encubierto la violencia ejercida en los lugares de secuestro.

Cabe aclarar que los alegatos de los fiscales habían comenzado el pasado martes 8 de octubre. En aquella audiencia habían presentado un video con el testimonio del ex militar Díaz Bessone en el que afirmaba que “el enemigo podía ser cualquiera” además de preguntarse: “Cómo se puede obtener información si no se tortura, si no se aprieta”, reivindicación de la tortura que ya en 1993 el exministro de Defensa de Carlos Menem y dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, había calificado como “excesos necesarios”. “El objetivo de la represión fue el disciplinamiento de aquellos que se opusieran al ser nacional occidental y cristiano impuesto por la dictadura”, habían explicado los fiscales.

La próxima audiencia del juicio está pautada para el 5 de noviembre desde las 15, cuando comenzarán a exponer sus alegatos los abogados de la querella.