De acuerdo a la denuncia presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante la gestión de Cambiemos, se habría montado una red de espionaje para vigilar ilegalmente a dirigentes políticos, sociales, sindicales y periodistas. El senador provincial Gustavo Traverso fue una de las cerca de cien víctimas a las cuales les interceptaron sus comunicaciones privadas. Con el patrocinio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Traverso se presentó como querellante. “La cooptación del aparato de inteligencia nacional  por parte de los más altos funcionarios del gobierno derriba la legalidad vigente”, remarcan en la presentación ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

ANDAR en Comodoro Py

(Agencia) Ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 8 de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, el senador provincial de la localidad de la localidad de Junín Gustavo Traverso se presentó como querellante en la causa que investiga la red de espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) asumió el patrocinio legal de Traverso.

A partir de la intervención de la AFI tras la asunción de la nueva gestión de gobierno en Nación, Cristina Caamaño presentó una denuncia ante la justicia federal y entregó, entre el material probatorio, discos duros con información de los correos electrónicos de una considerable lista de personas; entre ellos el senador provincial por el Frente de Todos Gustavo Traverso.

El senador provincial Gustavo Traverso en sesión parlamentaria

En su mayoría, las víctimas de estas acciones de inteligencia fueron dirigentes políticos y sociales opositores a la gestión de Cambiemos. En el marco de ese espionaje político, la infiltración de las comunicaciones de Traverso estaría inmediatamente relacionada por su condición de dirigente opositor.

En la misma denuncia, la interventora Cristina Caamaño confirmó que no existía en la AFI orden judicial que hubiese requerido la intercepción de comunicaciones; es decir, la información se recolectó ilegalmente, violando las más elementales garantías y derechos constitucionales y las normas vigentes.

De acuerdo a esta información, en la presentación como querellante, la CPM señaló que estas acciones de espionaje fueron ejecutadas transgrediendo el marco legal de la Ley de inteligencia 25.520 y vulnerando derechos y garantías constitucionales.

La Ley 25.520 prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su opinión política, pertenencia a una organización, que pareciera ser en este caso la causa de la vigilancia. La misma ley de inteligencia establece también que las comunicaciones privadas son inviolables, excepto cuando exista una orden o dispensa judicial que, nuevamente en este hecho, no se demuestra.

Pero, además de violar la normativa nacional, estas acciones de inteligencia también son contrarias a la legislación internacional con raigambre constitucional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según la reconstrucción que puede hacer por la prueba recolectada hasta el momento, la maniobra de espionaje habría sido realizada por un funcionario de una importante Dirección de Inteligencia de la AFI, subalterno de otro que, a su vez, respondía al Jefe de Gabinete de la agencia. Sin embargo, la querella de Traverso sostiene que en un organismo, “caracterizado por la verticalidad, la concentración y tabicación de información”, es presumible que un agente en una posición subalterna no pudiera decidir por sí solo colectar información de casi un centenar de personas.

En ese sentido, la presentación como querellante señala que en el curso del trámite judicial ya fueron imputados los superiores en esa cadena de mando: el ex director de la AFI Gustavo Arribas, su segunda Silvia Majdalani y también el Jefe de Gabinete de la agencia Darío Biorci.

“Sin embargo, no creemos que  termine allí.  La política de inteligencia nacional tributa y depende, en última instancia, del Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Es más dada las características de las personas espiadas ilegalmente, que se salieron a la luz pública, resulta más que evidente que Mauricio Macri estuvo al tanto y fue parte de esas acciones criminales, y será entonces también él quien deberá responder penalmente por ello”, agrega.

Cabe recordar que, en esta misma causa, la CPM junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos patrocinan a otra de las víctimas de esta intercepción de los corres personales, la diputada nacional (mandato cumplido) Gabriela Troiano.

“La cooptación del aparato de inteligencia nacional  por parte de los más altos funcionarios del gobierno, dada a la tarea delictual de espiar a ciudadanos y ciudadanas, impunemente, derriba la legalidad vigente”, cierra el escrito que lleva la firma del senador provincial de Buenos Aires Gustavo Traverso.

Junto al pedido para que se acepte la intervención como querellante en la causa, la CPM también adelantó el pedido de medidas de prueba y requirió acceder a las actuaciones y pruebas documentales que existen en el expediente.

Por último, cabe mencionar que la actividad de inteligencia ilegal y espionaje político desplegado por la AFI también es investigada en la justicia federal de Lomas de Zámora; también allí, Arribas y Majdalani están imputados. En esa causa, la CPM fue aceptada como querellante institucional.