INFORME ESPECIAL: Según el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, hay 2315 unidades educativas ubicadas a campo abierto. Esas escuelas lindan con campos sembrados con soja que son fumigados con glifosato, pero también con pesticidas aún más nocivos para los seres humanos. ¿Qué sucede con los niños, docentes y auxiliares que concurren diariamente al establecimiento? ¿Qué medidas preventivas se toman desde el Estado para evitar el desarrollo de enfermedades crónicas de esta población?

ANDAR en la Provincia 

(Agencia) Hace pocos días la Organización Mundial de la Salud presentó un informe especial sobre pesticidas y herbicidas a través de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) en donde se determina que el glifosato es “probablemente cancerígeno para seres humanos”. Asimismo, el informe señala que “el glifosato es el herbicida más fabricado en el mundo. Su mayor uso es en la agricultura y ha crecido mucho por el desarrollo de cultivos que fueron genéticamente modificados para hacerlos resistentes al glifosato”, como lo es la soja en el campo argentino. El informe continúa: “Ha sido detectado en el aire durante la fumigación, así como en el agua y en alimentos. La población general queda expuesta principalmente por residir cerca de áreas fumigadas, por el uso hogareño y por la dieta (…)”.

[pullquote]En la provincia de Buenos Aires, hay 2315 unidades educativas ubicadas a campo abierto[/pullquote]

Desde la Agencia ANDAR nos preguntamos por una población que se encuentra expuesta continuamente: ¿Qué sucede con los niños y niñas que concurren a establecimientos educativos rurales a diario? ¿Qué impacto tienen las fumigaciones sobre el cuerpo docente y no-docente que es empleado en este tipo de escuelas? ¿Cómo se protege el derecho a la salud de esta población?

Según datos oficiales del Ministerio de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, hay 2315 unidades educativas consideradas dentro de la categoría “rural disperso” la cual reúne a todas las escuelas que se ubican en campo abierto. Esto significa que las más de 2 mil instituciones se encuentran expuestas a fumigaciones cotidianas que se realizan en los predios aledaños utilizados para el desarrollo de la agricultura, especialmente de la soja.

La cartera provincial no da cuenta de qué población estamos hablando, pero con considerar al menos 10 personas por unidad educativa se llega fácilmente a pensar en un número cercano a las 20 mil personas entre niños, docentes y personal auxiliar que día a día concurren a los establecimientos y se encuentran expuestos al uso de herbicidas y pesticidas.

[pullquote]La OMS determinó que el glifosato es “probablemente cancerígeno para seres humanos”[/pullquote]

Esta situación ha sido denunciada en más de una ocasión por distintos actores locales, en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Recientemente han sido publicados dos comunicados: uno en Pergamino -con respecto a la realidad de los pueblos fumigados-  y otro en Coronel Suarez -con un informe de más de 600 páginas sobre escuelas fumigadas-. Situaciones similares han sido denunciadas en diarios nacionales sobre Carmen de Areco, Cañuelas, Chacabuco, Rojas, Luján, Ramallo, Marcos Paz, Los Toldos, Saladillo y Alberti, partido en el que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires ha dictado sentencia favorable al resguardo de la salud de los vecinos en 2012 (descarga). Sin embargo, todos ellos siguen siendo fumigados.

Informe presentado por el ex Secretario de Medioambiente de Coronel Suárez, Emanuel Garrido.

Durante el 2013, la organización no gubernamental Bios de Mar del Plata llevó adelante la campaña de denuncia y concientización “Mala Sangre”, en la que se tomaron estudios de sangre para comprobar la presencia de sustancias tóxicas en los organismos de las personas. Esta acción dio como resultado dos cuestiones sustanciales: se demostró que los agrotóxicos no “desaparecen” luego de aplicados (es decir, que quedan en la sangre) y que estas sustancias deprimen el sistema inmunitario haciendo a la persona más sensible a enfermar.

A fines de 2014, la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) reconociendo que esta situación expresada en la provincia de Buenos Aires se repetía hacia el interior del país, recomendó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y a los ministros Nacionales y Provinciales de Agricultura, Educación, Ambiente, Salud y la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos coordinar “medidas precautorias y preventivas para minimizar los riesgos por el uso de agroquímicos, especialmente en cercanía de la población y las comunidades educativas rurales a donde asisten niños que se ven expuestos a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas en la zona”, según su comunicado de prensa.

Pese a las intervenciones judiciales e institucionales esta situación no ha sido solucionada y los niños, docentes y auxiliares siguen estando expuestos al uso de agroquímicos.

Desde ANDAR, consultamos a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados para saber cuáles son los daños a la salud producidos por el uso de agrotóxicos: VER ENTREVISTA.

También, investigamos la situación de Coronel Suarez y analizamos en profundidad el documento presentado por Emanuel Garrido, ex Secretario de Salud del municipio. VER NOTA.

Además, indagamos sobre las producciones presentadas por escuelas que participan del programa Jóvenes y Memoria en donde se investiga sobre la problemática del uso de agrotóxicos en campos cercanos a escuelas rurales. VER NOTA.