ANDAR en debates

(Comunicación CPM) La CPM, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y al Asociación Pensamiento Penal (APP) organizaron las jornadas debate: “Aportes para la implementación del sistema nacional de prevención de la tortura en Argentina” durante los días 25 y 26 de septiembre.

En la apertura estuvieron presentes el presidente de la CPM, Dr. Hugo Cañón; el presidente del CELS, Horacio Verbitsky; Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación; Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación; Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, y Andrea Casamento, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales.

La mesa de las jornadas con todos los protagonistas del debate

El Dr. Hugo Cañón, co presidente de la CPM, se dirigió a los presentes: “Como propuesta tenemos que pensar que Argentina es vanguardia en temas de normativas y protocolos en derechos humanos. Pero el mecanismo de prevención de la tortura no podemos plantearlo desde un punto de vista teórico. Los análisis hay que pensarlos desde el cuerpo del ser humano, desde el dolor de quién está preso y es torturado. No desde la norma política. Estamos saturados en normas y aún así continúan las violaciones sistemáticas. El divorcio entre el plexo normativo y la realidad es abismal. Y esa distancia es la que nos conduce al sistema de la crueldad, de la falta de respeto a la dignidad humana. Dejar de lado las especulaciones mezquinas y cortoplasistas, para pensar en la gente que muerte como moscas. Esto es lo que nos moviliza a actuar ya”.

Por su parte, Alejandra Gils Carbó, procuradora General de la Nación, expresó: “Cuando asumí tuve conciencia de que el Ministerio Público Fiscal tenía que tener un papel activo en la lucha contra toda forma de tortura. Terminar con esa lógica de tolerancia o indiferencia hacia los agentes que producen la violencia institucional. Creamos la Procuraduría contra la Violencia Institucional, formada por un equipo interdisciplinario, no sólo con actuación judicial sino también extrajudicial. Buscamos romper con la lógica de que las personas son expedientes, que es lo que nos mantiene alejados de la realidad. Es en ese margen de no injerencia donde los agentes penitenciarios practican esa violencia institucionalizada, un poder punitivo directo, cruel. No es un fenómeno evitable, hay un margen de decisión en el agente penitenciario. Pero hay un margen que el Sistema Judicial tiene para decidir si investigan estos hechos o se acepta la versión penitenciaria. Los magistrados puede decidir si se mantienen al margen de este lado oscuro del sistema penal o si se van a hacer presentes en las cárceles y escuchar a los detenidos. Además de esa complacencia, tolerancia e indiferencia hay miradas penitenciarias, prácticas judiciales, legitimaciones mediáticas sobre las que hay que trabajar en un cambio cultural que requiere la actuación conjunta de todos los organismos, instituciones y actores involucrados en este tema”.

[pullquote]Hugo Cañon: Los análisis hay que pensarlos desde el cuerpo del ser humano, desde el dolor de quién está preso y es torturado. No desde la norma política. [/pullquote]

Durante su intervención, Stella Maris Martínez, defensora General, destacó el “trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y aliento a seguir por el mismo camino para lograr que se termine de implementar efectivamente. Hay que terminar con esas actitudes de algunos jueces que se burocratizan y se encierran en sus despachos, en lugar de visitar las cárceles y ver a dónde están enviando a sus condenados: Siempre me pregunto cómo esos jueces duermen tranquilos. Además, quiero hacer una propuesta, tal como ocurrió con la trata, el delito de tortura debería ser considerado un delito federal. Ya que es la única forma de que haya una respuesta unificada en todo el país”.

Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, subrayó que “la prevención de la tortura es una de las tantas responsabilidades que tiene la Secretaría. Así acompañamos e impulsamos las acciones necesarias para que la Argentina pueda tener un Sistema Nacional de prevención de la tortura que dialogue con la realidad. Es la evidencia del fracaso de las herramientas jurídicas de un estado de derecho utilizadas hasta ahora. Este tipo de mecanismos necesariamente tiene que incorporar las voces de la sociedad civil a modo de espejo de lo que nosotros mismos debemos reparar y resolver. Argentina, como uno de los países que ha liderado el proceso de memoria, verdad y justicia, no ha podido tener un proceso de depuración interna, de capacitación de modo tal que la tortura deje de ser sistemática. Por la propia burocracia de los estados, tampoco pudieron depurarse de esa matriz de pensamiento e incorporar una perspectiva de los derechos humanos. Es tiempo de hablar de esos lugares incómodos para todos que son las cárceles y los lugares de encierro. La sociedad no quiere hablar de esos lugares oscuros. La sociedad quiere que existan pero no quieren saber cómo funcionan y qué pasa allí adentro. Es responsabilidad nuestra hablar de las cárceles, echar luz sobre esos lugares oscuros, es responsabilidad nuestra que ninguno de los que estén ahí, incluso hasta quienes afectaron la vida institucional del país y la vida personal de muchos de nosotros, tengan condiciones dignas de encierro. Antes de que termine este año vamos a tener las condiciones para discutir cómo vamos a integrar el Comité Nacional contra la tortura y analizar junto con el Poder Legislativo los concursos para incorporar a la sociedad civil a este mecanismo. Vamos a juntar todas las fuerzas para que este año no concluya sin que los argentinos tengamos un mecanismo de prevención contra la tortura, tratos crueles e inhumanos”.

[pullquote] Andrea Casamento: En las cárceles nuestros familiares no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, además de todos los maltratos que allí reciben[/pullquote]

Andrea Casamento, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales: “hace 6 años que armamos esta agrupación. En las cárceles nuestros familiares no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, además de todos los maltratos que allí reciben. Los trasladan de un lado a otro. No puede ser que una persona detenida 10 años no haya podido terminar la escuela primaria. Eso hace muy difícil luego la salida a la vida social. Quienes estamos acá nos conocemos del trabajo diario, todos tenemos la responsabilidad y la capacidad para revertir esta situación. Agradezco que me haya invitado, sobre todo por a quienes represento. Los familiares pensamos que nadie nos escucha, pero ahora vemos que hay muchas instituciones y organismos saben lo que pasa en las cárceles. Ahora la cuestión es cómo resolverlo. Ojalá que este Sistema Nacional de Prevención de la Tortura no sea algo más de lo mismo. Ojalá pueda acercar políticas que terminen de una vez con estas prácticas crueles”.

Durante dos días más de 100 inscriptos participaron de las charlas debates y mesas de trabajo. Estuvieron presentes organizaciones vinculadas con la situación carcelaria, defensores públicos, representantes de distintas provincias de áreas vinculadas con DDHH, monitoreo de cárceles, procuración penitenciarias, entre otros.