La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó de la jornada de memoria que se realizó en el neuropsiquiátrico de Melchor Romero para homenajear a los trabajadores del hospital que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Los testimonios de los ex trabajadores, la resistencia a la represión y cómo se fueron llenando de relatos y nombres propios los silencios que cortaban la historia del hospital.

ANDAR en Melchor Romero

(CPM/ Agencia Andar) Al menos cinco trabajadores del hospital Alejandro Korn de Melchor Romero fueron desaparecidos durante el terrorismo de Estado, otros cuatros estuvieron detenidos, siete se exiliaron y unos 80 fueron despedidos o cesanteados por el gobierno de facto. A 42 años de la dictadura militar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la asociación sindical de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) y el Movimiento por la desmanicomialización en Romero organizaron un acto para recordar a las víctimas y reivindicar sus luchas por condiciones dignas para la asistencia de la salud mental. Esos mismos reclamos que, aún hoy, permanecen vigentes.

En la jornada se inauguró un mural homenaje realizado por la cátedra de Muralismo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y se expuso una muestra con archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que permite reconstruir la histórica militancia por una asistencia de la salud mental de calidad y respetuosa de los derechos humanos. A más de 40 años de esas luchas, las condiciones de internación en los monovalentes sigue siendo graves, la sobremedicación es la norma y las torturas una práctica sistemática.

“En el archivo de inteligencia se puede ver el seguimiento que las fuerzas de seguridad que hacían sobre compañeros que trataban de modificar las condiciones brutales del hospital. Y hoy, después de tantos años, las condiciones no sólo siguen siendo las mismas, o incluso peores, sino que también está en debate la privatización de la salud”, señaló el copresidente de la CPM, Víctor Mendibil durante el acto. Junto a Mendibil, estuvieron el secretario Roberto Cipriano García y la directora general de áreas de la CPM, Sandra Raggio.

Entre los oradores y asistentes también estuvieron  los actuales trabajadores del hospital y ex profesionales del centro de salud que fueron reconocidos por su trabajo y compromiso con la lucha por una mejor atención y condiciones laborales. Eduardo Giussi, Liliana Guido, Julio Coronel, Víctor Abba, Ana Sbatella, Neily Corbal y Ana Schaposnik (hija de Diana Conde) fueron algunos de los ex trabajadores o familiares cuyas iniciativas buscaban nuevas perspectivas más respetuosas de los derechos para trabajar la salud mental. “Éramos hijos de esos días, curiosos, teníamos una convicción acerca del prójimo como un semejante y por eso comenzamos a escuchar, a tocar a abrazar y así empezamos en 1967 ese pequeño taller”, contó Liliana Guido.

Para 1973, el Hospital Alejandro Korn ya era un territorio en disputa. Las reivindicaciones que perseguían los trabajadores y las trabajadoras de la salud cruzaban lo gremial con lo político, y ponían en tensión las condiciones estructurales en que se encontraba el centro de salud y las prácticas tratamentales que se aplicaban a los pacientes. Entre mayo y julio de ese año hubo en el país más de 700 tomas de establecimientos educativos y de salud; 140 fueron en la provincia de Buenos Aires. En La Plata y gran La Plata hubo alrededor de 20 tomas. Entre ellas, la del Hospital Alejandro Korn.

“La toma es un hito donde se creó una situación particular de doble poder. El gobierno tuvo que coordinar con la asamblea y los delegados todo: desde los medicamentos hasta los insumos. Nunca los enfermos comieron tan bien”, recordó Giussi, un enfermero que en aquella época debió presenciar lobotomías y sesiones de electroshock.

Más material en la DIPPBA

La muestra de archivos de la DIPPBA y detrás el mural aún cubierto.

En 1972, se presentó una acción de amparo a favor de los usuarios de salud mental del hospital Melchor Romero. La inspección realizada por la Justicia constató las graves denuncias que habían promovido la presentación: comida deficiente, malas condiciones materiales, hacinamiento, entre otros. La DIPPBA registró con un grado de minuciosidad y sistematicidad toda la información sobre el amparo y, desde entonces, mantuvo su mirada sobre los trabajadores del hospital, su organización gremial, sus reclamos y sus medidas de fuerza.

Un año después, la vigilancia de la DIPPBA se intensifica: durante varias semanas, agentes de inteligencia remiten informes sobre las asambleas que terminarían en la toma del hospital. En los documentos elaborados por los mismos trabajadores, y recopilados en el archivo de la DIPPBA quedaron registrados esos reclamos por mejores condiciones laborales, la incorporación de los trabajadores ad-honorem y, al mismo tiempo, las denuncias de violencia de una policía interna y el rechazo a los puestos jerárquicos designados por la dictadura.

Así, esos documentos no sólo dan cuenta del interés del Estado por vigilar y registrar las actividades gremiales dentro del hospital sino que también permiten reconstruir, desde el lugar de los trabajadores, la militancia por sus derechos, sus propias militancias.

La vigilancia continuó durante los años siguientes y, durante el terrorismo de Estado, muchos de esos trabajadores que estaban en los partes de inteligencia sufrieron la persecución del aparato represivo. De eso dan constancia las solicitudes de búsqueda y captura que llevaban sus nombres.

El presente

A 42 años de la última dictadura cívico-militar, este homenaje y las memorias de las luchas de los trabajadores por un hospital de calidad y respetuoso de los tratamientos de salud mental desde una abordaje integral es una posibilidad para seguir construyendo en esa línea. Como viene señalando la CPM, a partir de su labor de monitoreo de estos lugares, la situación de los hospitales monovalentes y clínicas sigue siendo alarmante. Sólo en los últimos meses, a raíz de denuncias penales realizadas por el organismo, se clausuraron las comunidades terapéuticas San Camilo de Pilar y San Antonio de Villa Rosa.

La sanción de la nueva ley de salud mental fue un avance significativo pero su proceso de implementación sigue demorándose. Mientras tanto, el tratamiento con psicofármacos y sujeción y la tortura como práctica sistemática siguen agravando las condiciones de internación para los usuarios de salud mental.