Los integrantes y equipo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata han recibido en forma reiterada amenazas anónimas. La Comisión por la Memoria le hizo llegar al juez Rosanski su apoyo y solidaridad y consideró estos hechos como  “duda una estrategia para deslegitimar y detener los procesos judiciales”

ANDAR en la justicia

(CPM) La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) expresa públicamente su preocupación por las denuncias maliciosas sin sustento alguno y las amenazas recibidas por magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Nación que se desempeñan en juicios por delitos de lesa humanidad.

El organismo hizo llegar una carta al juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1de La Plata, y su equipo para expresar su apoyo y solidaridad ante las acciones de amedrentamiento en forma de amenazas anónimas y reiteradas a su persona y otros funcionarios, y valorando “la tarea comprometida y seria desempeñada por todos ustedes que ha permitido hacer justicia por tantos hechos aberrantes y criminales cometidos en el marco del proyecto genocida puesto en marcha por la última dictadura militar”.

Las acciones judiciales formuladas con temeridad y malicia, tendientes a amedrentar y hostigar a funcionarios judiciales y fiscales, pretenden limitar los avances de la justicia en materia de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Todos estos hechos configuran sin duda una estrategia para deslegitimar y detener los procesos judiciales que persiguen la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria.

Rozanski había denunciado que, en coincidencia con la lectura de los fundamentos por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención “La Cacha”, los miembros del equipo del Tribunal incluido él mismo comenzaron a recibir amenazas de muerte que continúan hasta la actualidad.

La CPM llama a investigar el origen de las amenazas recibidas y así lograr el esclarecimiento pleno acerca de sus autores materiales e ideológicos, lo que revelará, como expresa la carta, “la trama siniestra que persiste aún y sobre la que actúan, debilitándola, los juicios por los delitos de lesa humanidad”.