Este viernes 18 de diciembre la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) realizó una conferencia de prensa para visibilizar “la complicidad de la impunidad de genocidas” que desde hace siete años lleva adelante el máximo tribunal del país con relación a dos exmilitares, César Fragni y Raúl Harsich, que fueron condenados por torturas, homicidio y desaparición del joven Floreal Avellaneda -secuestrado el 15 de abril de 1976- en el marco del primer juicio de Campo de Mayo, en 2009, y cuyas penas luego fueron ampliadas por orden de Casación. Sobre el caso de Floreal hubo cinco condenados, pero las penas de Fragni y Harsich aún están pendientes de ratificación como sentencia firme. “Pocas veces tuvimos, en Argentina, un caso de lesa humanidad con tanta prueba producida y acreditada pero con semejante demora en la resolución judicial”, afirmó el presidente de la LADH, José Schulman.

ANDAR en la Justicia

(Andar) En agosto de 2009 el TOF 1 de San Martín condenó al exgeneral a cargo del Cuartel Militar de Campo de Mayo, Santiago Riveros, además de los exmilitares Osvaldo García, César Fragni y Raúl Harsich y el expolicía Alberto Aneto, por el secuestro, torturas y asesinato del joven Floreal Avellaneda ocurrido en 1976.

Excepto por la prisión perpetua a Riveros, los demás recibieron penas relativamente bajas porque, según consideró el tribunal, como el secuestro había ocurrido en abril de aquél año los responsables del crimen no habrían llegado a saber que funcionaba en Argentina desde un mes antes un plan de exterminio y genocidio. De allí que, apelada la primera sentencia, en 2013 la Sala 1 de Casación resolvió devolver el expediente para la revisión de las penas, lo que efectivamente ocurrió.

Sin embargo, la causa siguió su camino a la Corte para la ratificación definitiva en carácter de sentencia firme, algo que permanece pendiente desde hace 7 años a pesar de ser, según denunciaron desde la LADH en la conferencia de este viernes, una de las causas y caso por crímenes de lesa humanidad que mayor cantidad de elementos probatorios -especialmente documentación oficial con las firmas de los responsables del allanamiento que derivó en el secuestro- pudo acreditar en todos estos años.

“¿Qué tanto tiene que estudiar la Corte como para que hayan pasado 90 meses de un caso simple, cargado de prueba, y cuyos responsables penales, en su mayoría, han muerto? Desde febrero pasado la causa está en el cajón de Lorenzetti, que escribió un libro de lesa humanidad y que decía, en los inicios de los juicios de lesa, que no eran patrimonio de un gobierno ni de una Corte, ni del movimiento de derechos humanos sino de un nuevo pacto de la sociedad argentina?”, enfatizó el presidente de la LADH, José Schulman.

El caso de Floreal Avellaneda es emblemático entre los cientos de víctimas que pasaron o padecieron el accionar de los grupos de tarea de Campo de Mayo. El joven tenía 15 años cuando fue secuestrado junto a su madre, Iris Pereyra, por un grupo de 15 militares en abril de 1976 que en realidad habían ido en búsqueda de Floreal Avellaneda padre, un reconocido militante gremial.

Ambas víctimas fueron brutalmente torturadas en el intento por obtener información sobre el hombre al que buscaban. “Me aplicaron corriente eléctrica en las axilas, pechos, boca y genitales, e hicieron exactamente lo mismo a mi hijo”, declaró en 2009 la víctima-sobreviviente Iris Pereyra en el juicio realizado en San Martín y ahora, a 11 años de aquella primera sentencia, continúa reclamando “el final de esta vergüenza judicial” sostenida por la Corte Suprema.

“Lo importante es seguir con esta lucha, seguir peleándola, y que quede el precedente para que no ocurra nunca más semejante demora injustificada. Estos jueces supremos no sirven para nada, solo para cobrar el sueldo. Pero aún tengo esperanzas de que esto se revea. Queremos y necesitamos justicia inmediatamente”, agregó Iris en la conferencia de prensa.

Cabe aclarar que su hijo Floreal no sobrevivió, sino que fue asesinado en los trágicos “Vuelos de la Muerte” y su cuerpo apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, atado de pies y manos y con signos de empalamiento.

“Esta demora es inentendible y no obedece a otra circunstancia que a la impunidad que se le pretende dar a los genocidas de Campo de Mayo desde la Corte Suprema”, manifestó Pedro Dinani, abogado de la LADH e integrante de la querella en el juicio realizado en 2009.

“Han pasado 90 meses sin confirmación de estas condenas desde una Corte que sí tiene celeridad para otras causas. Continúa ejerciendo la doble vara, la complicidad para mantener la impunidad de terribles criminales caracterizados como genocidas. Hoy pedimos que se confirme esa condena como justicia reparadora y efectiva y que establezca que estas personas participaron en los crímenes de Iris y Floreal”, concluyó.

De acuerdo a lo manifestado en la conferencia, en los últimos meses fue gestionada una reunión ante varios integrantes de la Corte Suprema con el objeto de manifestar directamente la extrema urgencia respecto a esta causa pero aún no han recibido respuesta.