En los últimos días la sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Lomas de Zamora confirmó el arresto domiciliario de Sebastián Ventorino, el joven de 19 años que se encuentra detenido desde el 17 de enero pasado, víctima de una causa armada. Sebastián fue detenido cuando viajaba en un remisse que había sido robado dos días antes y lo terminaron imputando sin pruebas por el robo del vehículo; en la comisaría 1ª de Monte Grande, le pidieron 20 mil pesos para dejarlo libre. La familia dice que existen registros en sus redes sociales y cámaras de seguridad que, el día del robo, lo ubican en otro lugar. El año pasado, el joven ya había sido víctima de la Policía Bonaerense: un oficial lo amenazó con el arma reglamentaria, lo obligó a correr, le disparó y lo hirió en la pierna.

ANDAR en Avellaneda

(Agencia Andar) Sebastián Ventorino está imputado de robo en poblada con uso de arma de fuego y detenido desde el 17 de enero pasado. No hay pruebas que lo vinculen directamente con el hecho y la familia denuncia desde el principio que la fiscal de la causa María Alejandra Olmos Coronel desestimó las pruebas presentadas por el abogado del joven.

Ese día, Sebastián salió desde su casa en Constitución con la idea de encontrarse con una chica en Monte Grande: se dirigió primero a Wilde con la intención de que un amigo lo lleve en el auto hasta la localidad del partido de Esteban Echeverría; el amigo no podía, pero otra persona que estaba con él, se ofreció a llevarlo en el auto que utilizaba como remisse.

Cerca del ingreso a Monte Grande, un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzó a perseguirlos y les hizo seña para que se detuvieran, pero el conductor aceleró y logró perderlo de vista. A las pocas cuadras, frenó el auto y le dijo: “Bajate, porque vamos en cana”.

Sebastián se metió en un bar, donde minutos después fue aprehendido por la policía y trasladado a la Comisaría 1ª de Monte Grande sin saber qué se le imputaba. En la dependencia policial, la oficial de turno Paz le dijo: “¿Cómo te puedo ayudar? así yo te ayudo y vos me ayudas a mi. Yo me quiero ir a casa, hoy es domingo. Yo necesito veinte mil pesos”. Y después le advirtió: “¿sabes qué pasa?, como me tengo que quedar me voy a tomar todo el tiempo del mundo y te voy a re contra escribir”.

El auto en el que viajaba Sebastián había sido robado dos días antes durante una entradera en una casa de Sarandí. La misma noche de la detención, en un procedimiento completamente irregular, los policías que prestaban servicio en la dependencia sacaron al joven a la vereda para que la víctima del robo lo reconociera: la mujer lo reconoció, aunque la fisonomía de Sebastián no coincidía con ninguno de las cuatro personas que había descrito en su declaración anterior.

Según el relato de la familia, el día del robo, que ahora se le imputa, Sebastián estaba con seis amigos en una gomería de Wilde; se habían juntado desde el mediodía para amasar y comer unos fideos y alrededor de las 20 horas volvió para su casa. Incluso, aseguran que pidieron incorporar a la causa el registro de actividad de las redes sociales que así lo confirmaría.

Pocos días después de su detención, Sebastián fue apuñalado en su celda. Ese mismo día, su madre había denunciado la actuación de la fiscal ante la Procuración General.

Mientras el trámite de la causa continúa, el único alivio que encontró la familia fue la concesión del arresto domiciliario: la medida había sido dispuesta el 16 de abril por el Juzgado de Garantías N° 3 del departamento judicial de Avellaneda-Lanús y confirmada la semana pasada por la Cámara de Lomas de Zamora, que rechazó la apelación de la fiscal.

En su resolución, los jueces de la sala III, Tomás Bravo y Martín García Díaz, reconocieron que no existían riesgos procesales, que Sebastián podía ser contenido por su núcleo familiar y que estaba acreditado la enfermedad coronaria del joven. Además, en línea con los señalamientos realizados por los organismos internacionales y las recomendaciones de la Corte bonaerense y el Tribunal de Casación, la Cámara reconoció la importancia del uso de medidas alternativas a la prisión ante el uso discrecional y abusiva de la prisión preventiva.

En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estuvo en contacto con la madre de Sebastián desde un primer momento, presentó pedidos de informe a la justicia y denunció los hechos ocurridos en la comisaría 1ª de Monte Grande ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Antes de pasar por esta situación, detenido sin pruebas y apuñalado durante su detención mientras estaba bajo custodia del Estado, Sebastián ya había sufrido la violencia policial: el 30 de mayo del año pasado, él y un amigo paseaban en moto por Wilde cuando fueron interceptados por policías de la Comisaría 5ª de Avellaneda; los hicieron bajar de la moto, los obligaron a correr y después les dispararon: a unos 60 metros de distancia, uno de los disparos impactó en la pierna derecha de Sebastián.