La justicia hizo lugar a un habeas corpus preventivo en el que se ordena a los agentes policiales de la comisaría 2ª de Quilmes cesar el hostigamiento hacia los padres de un niño que fue víctima de gatillo fácil. El escrito fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria patrocinante de los padres de Gabriel Godoy, que tenía 15 años cuando un efectivo de esa dependencia le disparó.

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(Agencia) La jueza de ejecución Julia Elena Márquez ordenó a la comisaría Quilmes segunda cesar con los actos de hostigamiento hacia Paola Luján Núñez y  Alejandro Godoy, y vedar la participación de los efectivos de la dependencia en cualquier procedimiento que los involucre. Fue en respuesta a un habeas corpus preventivo que presentó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Paola y Alejandro son los padres de Gabriel Godoy, un chico de 15 años asesinado en Villa Itatí, en abril del 2016, cuando Emiliano Vicente Paris le disparó tres veces, sin importar que ni su vida ni su propiedad corría peligro alguno. Paris es funcionario policial de la delegación departamental de Investigaciones Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Quilmes. Otro disparo hirió a un amigo que pudo sobrevivir al escapar y llegar a un hospital de Wilde.

Desde ese mismo momento la familia de Godoy es amedrentada por la policía. El padre de la víctima terminó siete días detenido vinculado a la muerte de su propio hijo. La policía le armó una causa por tenencia ilegal de armas donde consignó en un acta que se le cayó un arma del bolsillo en el lugar del crimen. Fue sobreseído cuando intervino el fiscal de flagrancia, ante la falta de acusación por reconocer que se trató de una maniobra armada contra el padre de la víctima.

La policía actuó como lo hace ante todos los casos de gatillo fácil: adujeron que el policía de civil actuó tras un intento de robo; a la escena llegaron otros agentes convocados por el mismo policía que disparó,  avalaron el testimonio de su compañero e intentaron desviar la investigación aún bajo la mirada de la instructora designada por la Fiscalía 3 de Quilmes.

Además de intentar imputar al padre de Gabriel tras su muerte en diciembre de ese mismo año, la policía allanó la casa de los Godoy y llevó detenida a Paola Núñez  por tenencia ilegítima de arma civil. La mantuvieron detenida en la comisaría de Sarandí donde logró reconocer a uno de los policías que intervino en el operativo posterior a la muerte de su hijo. En esa oportunidad lo buscaban a Alejandro, su marido, por un homicidio ocurrido en Ituzaingo y volvieron a plantarle un arma, esta vez en su propia casa. Además recibieron amenazas en otras oportunidades.

En estos días la policía allanó nuevamente el domicilio familiar aduciendo la investigación de una causa donde se tramita un secuestro extorsivo, responsabilizando un agente policial de la comisaría segunda al padre de Godoy.

Frente a esta situación la CPM recurrió a la justicia y solicitó informes sobre los policías involucrados en el hostigamiento al Ministerio de Seguridad provincial. Resultó que existían numerosas actuaciones disciplinarias e incluso sanciones respecto de los efectivos señalados. Al hacer lugar al habeas corpus, Márquez también ordenó que se remitiera copia a la Auditoría General de Asuntos Internos.