Se trata de la ley de emergencia territorial indígena 26.160 cuya última prórroga vence el próximo 23 de noviembre. La norma fue sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, a la vez que suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas hasta que no termine dicho registro. A 15 años de su aprobación, más de la mitad de las comunidades aún no cuentan con el relevamiento culminado.

ANDAR en el Congreso

(Amnistía Internacional Argentina ) Este mediodía comunidades y organizaciones indígenas reclaman frente al Congreso la prórroga a la ley de relevamiento territorial, una ley de propiedad comunitaria indígena y la descolonización, en el marco del Dia del Respeto a la Diversidad Cultural.

La legislación prevé un relevamiento –cuya dirección está a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)- que debía realizarse en 3 años, pero la norma ya debió ser prorrogada en distintas oportunidades (en 2009, 2013 y 2017) ante la falta de avance en su cumplimiento. Según datos oficiales del INAI, de las 1.760 comunidades indígenas registradas en todo el país, solo 745 cuenta con el relevamiento finalizado. Es decir que, resta más del 57% de las comunidades.

“Es fundamental que el Estado culmine el proceso de relevamiento de manera integral. La ley, tiene limitaciones evidentes, ya que no reconoce ni avanza en la titulación de tierras. Sin embargo, constituye un paso previo positivo muy importante que luego las comunidades indígenas puedan avanzar en los procesos de reivindicación y titulación comunitaria de sus territorios”, señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Amnistía Internacional relevó más de 300 conflictos indígenas que, pese a no ser exhaustivos, reflejan las luchas de las comunidades que reclaman el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (tanto locales, como provinciales y el gobierno nacional), empresas y el Poder Judicial, que desoyen la normativa vigente.