Este jueves se cumplen dos años de la masacre de San Miguel del Monte, cuando la Policía bonaerense persiguió y disparó contra el vehículo en el que paseaban cinco jóvenes provocando el accidente mortal: Danilo, Camila, Aníbal y Gonzalo murieron, tenían entre 13 y 22 años; sólo Rocío sobrevivió. A dos años del hecho, la causa está elevada a juicio con 23 policías y el entonces secretario municipal de seguridad imputados por delitos que van desde el homicidio hasta violación de los deberes del funcionario público. “Llegamos con una investigación que tiene muchas pruebas y esperamos el juicio con la expectativa de tener una condena ejemplar”, dice Gladys Ruizdía, mamá de Danilo Sansone. La CPM, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a las familias de Danilo y Camila López.

ANDAR en Monte

(Agencia Andar) “Siempre sentimos los aniversarios de una manera especial, es una fecha fuerte pero nos hacemos fuertes para seguir, para transformar el dolor en lucha, creo que eso es lo que nos mantiene en pie a las familias”, expresó Gladys Ruizdía, mamá de Danilo Sansone, a las puertas del segundo aniversario de la masacre de Monte.

Hace dos años, en la madrugada del 20 de mayo de 2019, Danilo de 13 años, Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14), Rocío Quagliarello (13) paseaban por la ciudad de San Miguel del Monte en el Fiat Spazio conducido por Aníbal Suárez (22). En algún momento del recorrido, dos policías a bordo un patrullero de la Policía bonaerense de la estación comunal comenzó a perseguirlos y disparar contra el auto. Desde otro patrullero, que pretendió bloquear el paso del auto, también efectuaron varios disparos. Una de esas balas hirió a Gonzalo.

Después de varias cuadras de persecución, en la colectora de la ruta nacional 3, a la altura del barrio San Bernardo, el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado. Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar. Sólo Rocío sobrevivió después de estar casi un mes internada con múltiples lesiones de gravedad. “Lo que causaron no tiene cura”, dijo recientemente la única sobreviviente en una comunicación con Télam.

Inmediatamente después del hecho, la policía desplegó un extenso operativo en la escena del crimen para borrar pruebas e instalar la idea de un accidente, se falsificaron actas de procedimiento y testimonios, y se buscó adulterar las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo para que no quedara registro de la persecución.

La instrucción judicial estuvo a cargo del titular de la UFI N° 1 de Cañuelas Lisandro Damonte; en marzo de este año, el juez de garantías de La Plata Eduardo Silva Pelossi elevó a juicio la causa 2118 con 23 funcionarios policiales y el entonces secretario municipal de seguridad imputados por la persecución, asesinato y encubrimiento.

El Capitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Rubén Alberto García y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez están acusados de ser coautores de los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego -consumado y, en tentativa- y violación de los deberes del funcionario público.

Otros 16 funcionarios policiales y el ex secretario de seguridad y ex policía Claudio Martínez están acusados de encubrimiento agravado y otros tres agentes de la Policía bonaerense por violación de los deberes del funcionario público.

“Llegamos con una investigación que tiene muchas pruebas y testigos, y esperamos el juicio con la expectativa de tener una condena ejemplar. Exijo juicio y castigo para los 24 imputados, pero tampoco me quiero olvidar de la ex intendenta Sandra Mayol y Nelson Barrios, ellos también tienen que rendir cuenta ante la justicia”, sostiene Gladys Ruizdía.

A partir de las pruebas que forman parte de la causa principal, y por pedido de todos los particulares damnificados, durante la instrucción judicial el fiscal Damonte ordenó una causa por separado contra la entonces intendenta Sandra Mayol y Nelson Barrios, un funcionario del cuerpo de bomberos municipal, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se investiga en ese expediente si ellos conocían o fueron parte de las acciones corporativas de encubrimiento que se desplegaron para ocultar la responsabilidad policial en el hecho.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, acompaño desde el primer momento a las familias de las cinco víctimas y también a los vecinos y vecinas de San Miguel del Monte que, con sus testimonios, fueron claves para desmontar la versión policial. “El pueblo ha sido muy importante desde el principio y nos siguen acompañando, nos siguen mandando palabras de aliento que hay días que necesitamos mucho”, agrega Gladys.

La CPM, como patrocinante de las familias de Danilo y Camila López, destacó una vez más la celeridad y profundidad de la investigación judicial, que permitirá juzgar no sólo el asesinato policial sino también la trama de encubrimiento que buscó ocultar la verdad para garantizar la impunidad del hecho, una maniobra habitual de las fuerzas de seguridad cuando se trata de casos de violencia institucional y que, sin embargo, muy pocas veces se investiga y muchas menos veces llega a juicio.

Frente a los cuidados sanitarios que obliga tomar este contexto de pandemia, las familias de las cinco víctimas decidieron no convocar a ninguna manifestación por el segundo aniversario de la masacre.

Si bien no habrá acto público, familiares, amigos y amigas realizarán una pegatina de afiches en todo el pueblo con las caras de Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal. Mientras que, en un evento más íntimo, las familias van a hacer una fogata en la plaza central de San Miguel del Monte con la frase, que pertenece a un poema de Paco Urondo, “arderá el amor, arderá su memoria, hasta que todo sea como lo soñamos, como en realidad pudo haber sido”.