El viernes de la última semana se llevó a cabo la décima jornada consecutiva de alegatos de la fiscalía, que comenzó a mediados de febrero y atravesó interrupciones constantes por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario integrado por los magistrados Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario. Aún restan tres alegatos de la acusación –entre ellos, el de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene en la acusación contra los 4 ex miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- más los de las defensas, las réplicas, dúplicas y últimas palabras de los imputados, por lo que a este ritmo la sentencia no llegaría antes del segundo cuatrimestre de 2027. La CPM pidió intervención al Tribunal de Casación Penal Federal para que conmine al tribunal a fijar un cronograma y acelerar el proceso.

ANDAR en la justicia

(Agencia) Iniciado en marzo de 2024, el juicio por el cuarto tramo de la megacausa Saint Amant lleva más de dos años de avances breves y esporádicos, con alegatos finales de la fiscalía que comenzaron a mediados de febrero pasado y aún no se concluyeron y con jornadas aisladas que han sido tan breves que no llegaron a superar los 30 minutos de duración.

Se trata de un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Área Militar 132 de la que resultaron víctimas 59 personas del noroeste de la provincia de Buenos Aires, con hechos cometidos en los distritos de Pergamino, San Nicolás y Baradero, y que inicialmente tuvo 11 imputados de los cuales cuatro integraron la delegación DIPPBA de San Nicolás: Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.

Respecto a los delitos por los que se acusa a estos últimos cuatro, la CPM participa como querellante teniendo en cuenta de que por ley es el organismo que preserva y gestiona el acervo documental de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Hay que destacar que los aportes documentales de la CPM a esta causa acreditan el modo en que los servicios de inteligencia de la policía bonaerense los utilizaban como insumo para secuestrar personas, pero también cómo los mismos agentes de inteligencia participaban de los operativos comandados por los grupos de tarea de la zona. Así lo manifestó el abogado que representa a la CPM en la querella, Gabriel Ganon: “En San Nicolás hubo muchos procedimientos contra militantes del PC [Partido Comunista] y de la Fede [Federación Juvenil Comunista] que estaban mencionados en los archivos de la DIPPBA”.

“La DIPPBA fichaba y perseguía a distintos grupos de personas que eran considerados peligrosos por la propia inteligencia, establecían cuáles eran sus domicilios y con esos datos se llevaban adelante los allanamientos ilegales. Así, los servicios de inteligencia detectaban militantes del Partido Comunista, dirigentes sindicales y peronistas, se les abría una ficha, se anotaban en esos legajos qué tipo de actividades desplegaban, a dónde iban, con quiénes se reunían, etc., con esos datos los grupos de tareas se juntaban y allanaban sus casas para secuestrarlos”, completó el abogado.

Pero más allá de todo lo ventilado en el juicio que ahora atraviesa las instancias finales, preocupa a la CPM las dilaciones y el letargo en el que se hundió el proceso, especial aunque no exclusivamente en estos últimos meses: en febrero último comenzó a alegar la fiscalía y aún hoy le queda, al menos, una jornada más para dar paso a los alegatos de las tres querellas –entre ellas, la CPM- y las defensas.

De allí que el organismo de derechos humanos envió una nota al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal exigiendo que, en uso de las facultades de superintendencia que dispone, “conmine a los miembros del tribunal a fijar un cronograma de audiencias que se condiga con la importancia, lesividad y antigüedad de los hechos bajo proceso”.

“A este ritmo, el juicio no terminará antes del primer cuatrimestre del año 2027”, enfatizó la CPM en su nota al máximo tribunal penal del país. Allí el organismo puntualiza que la prolongación del juicio genera una afectación concreta sobre las víctimas y sus familiares quienes ven frustrado su derecho a obtener una respuesta jurisdiccional en un plazo razonable.

“La demora en la administración de justicia en proceso por graves violaciones a los derechos humanos importa una forma adicional de revictimización, incompatible con los deberes asumidos por el Estado argentino en materia de verdad, memoria y justicia”, destacó la CPM.

Y agregó que el tribunal en cuestión tiene para dar inicio otros juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la jurisdicción y que “según nos han comunicado querellas de otros organismos, se escudan en no fijar fecha de inicio de nuevos debates en la realización del presente que se está desarrollando, como lo hemos relatado, con una lentitud pasmosa”.