Hace una semana la Fiscalía General de Azul requirió al fiscal de la causa, Juan Ignacio Calonje, que revise su decisión de negar la reautopsia del cuerpo de Daiana Abregú y aconsejó una nueva autopsia con la aplicación del protocolo de Minnesota. A pesar de este pronunciamiento, el fiscal sigue dilatando la realización de la medida de prueba sin conservar el cuerpo de manera adecuada en una cámara de frío. Frente a esta negligencia grave ante una muerte producida bajo custodia estatal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene en la causa en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia,  reclamó que se efectivice de manera urgente la reautopsia y solicitó medidas de resguardo y preservación del cuerpo de la joven que se encuentra en un depósito del cementerio local. La demora del fiscal afecta pruebas  valiosas e irreproducibles que pueden resultar de la autopsia y significa un claro perjuicio para conocer la verdad.

ANDAR en Laprida

(CPM) En una clara maniobra dilatoria que choca contra la celeridad requerida en estos casos, Calonje dio traslado a la perita que hizo mal la primera autopsia, consultándole si podía hacerla aplicando el protocolo de Minnesota, requisito con el que no cumplió en la primera diligencia.

Daiana Abregú apareció muerta en la madrugada del 5 de junio en un calabozo de la comisaría de Laprida; al día siguiente se realizó la autopsia al cuerpo de manera deficiente, sin cumplir con la aplicación del protocolo de Minnesota, que debe seguirse en casos de muertes bajo custodia del Estado. En ese marco, la autopsia presentó graves falencias: no se realizaron radiografías ni fotografías completas, no se completaron extracciones de piel para determinar si varias lesiones fueron producidas antes o después de la muerte, no se constituyó un equipo especializado de autopsiantes ni se realizaron filmaciones del examen conforme lo establecen los protocolos vigentes a nivel nacional e internacional.

Por esas graves falencias, como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió a la jueza de garantías de Azul que ordene la nueva autopsia que había sido rechazada por el actual fiscal de la causa, Juan Ignacio Calonje, titular de una unidad especializada en violencia institucional.

En los últimos días, en sintonía con lo planteado por la CPM, la Fiscalía General de Azul a cargo de Miguel Sobrino remitió una nota al fiscal Calonje indicando que contemple la posibilidad de realizar una reautopsia en el Instituto de Lomas de Zamora, dando cumplimiento al protocolo de Minnesota.

A pesar del planteo realizado por su superior, Calonje sigue sin ordenar la reautopsia, mientras el paso del tiempo pone en riesgo la producción de una medida de prueba fundamental para encontrar respuesta a lo sucedido. Una situación que en este caso, se ve agravada por las malas condiciones de preservación en que se encuentra el cuerpo de la joven.

Como ya señaló la CPM al momento de solicitar la reautopsia, el cuerpo se encuentra en un depósito del cementerio municipal sin ser preservado en una cámara de refrigeración. Ante esa situación, la CPM le solicitó al fiscal Calonje que ordene inmediatamente la reautopsia y que, hasta su realización, disponga de medidas de resguardo y preservación del cuerpo.

Daiana Abregú murió bajo custodia estatal y existen pruebas en el expediente judicial que podrían involucrar a funcionarios policiales. El titular de una unidad fiscal especializada en violencia institucional no puede desconocer los principios de celeridad ni la aplicación de los estándares internacionales de investigación que debe guiar su accionar. El paso del tiempo y la falta de preservación del cuerpo están atentando ahora mismo contra la búsqueda de verdad. Llama la atención que un fiscal designado para investigar la violencia institucional no ordene ni controle la aplicación de los protocolos elementales reconocidos internacionalmente para estos casos.

En la misma presentación ante el titular de la fiscalía especializada en violencia institucional de Azul, la CPM solicitó la producción de un informe sobre la visualización de las cámaras de monitoreo del Municipio que están ubicadas en la zona de la estación policial. Ese registro fue presentado en la causa y sin embargo aún no fue relevado por la fiscalía. La información de esa cámara puede aportar más datos sobre los movimientos en los momentos posteriores a la muerte de Daiana. Cabe mencionar que entre el momento de la muerte y el aviso a familiares de la joven pasaron aproximadamente tres horas.

La negligencia, sumada a la desidia, la falta de diligencia y celeridad que se vislumbra en la actuación del Ministerio Público Fiscal en este caso, generan las condiciones para que nunca sepamos la verdad sobre la muerte de Daiana y así pueda quedar impune.