El esperado juzgamiento de los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en las sedes de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía provincial, en la capital bonaerense, debía comenzar en abril pero fue postergado por el aislamiento social y obligatorio decretado el pasado 20 de marzo. La nueva fecha indicaba que ayer, miércoles 24 de junio, se daría inicio al debate oral pero volvió a ser reprogramado ya que el TOF 1 de La Plata aún no resolvió la modalidad presencial, virtual o mixta. Las querellas y defensas se oponen, por motivos distintos, a la alternativa completamente digital. Por su parte, el Ministerio Público presentó tres propuestas que los magistrados evaluarán en los próximos días para, finalmente, resolver la fecha de inicio.

ANDAR en La Plata

(Agencia) La que debía ser la primera jornada de debate oral y público se reconvirtió, el miércoles 24 de junio, en una nueva audiencia preliminar a instancias del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata para decidir de qué manera y con qué cuidados sanitarios se realizará el demorado juicio por los crímenes cometidos en el CCD de 1 y 60.

Los jueces Ricardo Basílico, Roberto Lemos y Nelson Jarazo encabezaron la audiencia en la sala de juicios de los tribunales federales con asiento en La Plata, en 8 y 50, con la presencia de los abogados de las querellas y las defensas, además de los tres representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

En este sentido, el fiscal general Gonzalo Julio Miranda y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira estuvieron en la sede, mientras que el el fiscal Hernán Schapiro participó de forma virtual. También con modalidad de conexión a distancia participaron las secretarías de Derechos Humanos de Provincia y Nación, y otros organismos de asistencia y acompañamiento a los testigos.

El eje de la audiencia giró en torno a la propuesta del MPF con tres opciones para la realización del debate, en la búsqueda de readecuarlo a los formatos digitales al mismo tiempo que preservar la salud de quienes participen de las jornadas, pero con la premisa fundamental de que “la emergencia no debe bloquear el acceso a la justicia”.

Esta postura de la fiscalía se enmarca en los reclamos sostenidos que viene realizando la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde el inicio de la cuarentena, así como también la propia Corte Suprema, el Tribunal de Casación Penal Federal, organismos de derechos humanos y y las querellas y víctimas de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

La primera alternativa que sugirió el MPF implica la realización del debate de forma enteramente virtual y prevé la utilización de una plataforma digital que proveerá el Consejo de la Magistratura para el desarrollo de los debates orales, pero que aún no está disponible. En la medida que se contraten los servicios adecuados, podría también recurrirse a otro tipo de soportes virtuales tercerizados.

A criterio de la unidad fiscal, esta modalidad no contradice los principios procesales de la oralidad, la inmediación y el control de la prueba, y requeriría por parte del TOF la previsión de una serie de recaudos a fin de garantizar la individualización de las partes y la acreditación de identidades, para lo cual propuso la movilización de funcionarios y personal judicial.

Esta modalidad, en principio, no obtuvo el respaldo de las querellas y las defensas. Para las primeras, resulta fundamental que los testigos asistan a la sede del tribunal tanto por el carácter reparatorio de esa participación como por el pedido de muchas de las víctimas de no hablar sobre su padecimiento en el entorno de su hogar.

Por parte de las defensas, la opción totalmente virtual les quita la posibilidad de controlar que los testigos no reciban asistencia durante su declaración.

La segunda opción planteada por la fiscalía contempla la presencia de los jueces en la sede judicial, con participación de las partes y testigos de forma remota a excepción de aquellas personas que quieran declarar de forma presencial. Esta alternativa se evaluaría caso por caso.

La tercera propuesta prevé la presencia física del tribunal en la sala de audiencias además de los testigos, y la participación de manera remota de todas las partes.

Finalmente, atendiendo al principio de publicidad de los juicios, el MPF propuso que, además de la transmisión de las jornadas mediante el sitio web del Centro de Información Judicial de la Corte, se contrate con fondos propios del Poder Judicial de la Nación un servicio de streaming.

Por su parte, las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, en su condición de querellas unificadas, propusieron comenzar el debate oral de forma virtual con la introducción “del material probatorio fílmico, de lectura, y de los testimonios de las víctimas que por encontrarse en el exterior ya estaba previsto que declarasen de manera remota”.

Datos de la causa 1 y 60

Se investigan los crímenes cometidos contra 197 víctimas, con delitos que van desde secuestros y aplicación de tormentos hasta un caso de desaparición forzada, y delitos contra la integridad sexual.

Este centro clandestino se considera el primero de la ciudad de La Plata dentro del plan represivo montado por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura cívico militar.

Hay 22 imputados que serán juzgados (otros cuatro murieron durante la instrucción de la causa), y entre ellos hay varios que ya recibieron condenas en causas juzgadas, como Gustavo Adolfo Cascivio, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Ángel Amigo, que recibieron penas en el juicio La Cacha.

Asimismo, uno de los imputados en 1 y 60 fue integrante del grupo de ultraderecha Concertación Nacional Universitaria (CNU) y será juzgado por un operativo realizado el 3 de abril de 1976 en la calle 23 de La Plata, por el que fueron secuestrados los militantes Nélida Leonor Balbi, Luis Julián Farina y Roberto Mario Carattoli, quienes fueron llevados a 1 y 60.