14 días de encuentro, 10 mil jóvenes, más de 800 proyectos, historias de todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, todo ello bajo un mismo principio: la defensa de los derechos humanos como principio fundamental para la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria. “Nosotros activamos cuando los otros no pueden: mostremos la realidad de nuestro barrio, miremos alrededor, este sistema corrompido es pura desigualdad”, dice uno de los documentos escritos por los jóvenes en estos 12 días de Chapadmalal.

ANDAR en Chapadmalal

(CPM) Desde hace 16 años, Jóvenes y Memoria sigue consolidándose como un espacio de libertad, de participación, de expresión de las nuevas generaciones; un espacio que entiende a los jóvenes protagonistas como sujetos históricos, sensibles, transformadores. “Este encuentro es un hecho político porque la política es encontrarse con el otro y es la lucha por la conquista de más derechos, porque no hay felicidad posible si hay una democracia sin derechos; nosotros, desde este lugar, seguimos construyendo esa democracia de las grandes mayorías”, expresó la directora general de la CPM Sandra Raggio.

En lo que va del encuentro, ya pasaron unos 10 mil jóvenes de toda la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, hasta el 22 de noviembre, serán 13 mil. Como sucede año a año, las investigaciones que presentan los equipos de trabajo confirman que la memoria y los derechos humanos no sólo convocan masivamente a las nuevas generaciones sino que también son un una expresión de la creatividad y originalidad que se vuelca sobre distintos dispositivos para contar cada historia: desde el video documental hasta el teatro, pasando por la danza, el muralismo, la música y mucho más.

Al mismo tiempo, en el entramado de esas historias se va construyendo un relato de la gran historia, de las nuevas preguntas y desafíos de cada momento histórico. En la actualidad, mientras asistimos a un momento de regresión en materia de derechos humanos, los jóvenes reunidos alrededor del programa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) demuestran que hay capacidad de resistencia y ellos empujan hacia adelante esa disputa por la construcción de la democracia.

Durante estos días, en distintos momentos, varios integrantes de la CPM pasaron también por Chapadmalal y destacaron el compromiso de las nuevas generaciones en estas luchas de las mayorías populares. Estuvieron presente el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, y los miembros Ana Barletta, Yamila Zavala Rodríguez y Ernesto Alonso.

Los últimos en acercarse al complejo turístico de Chapadmalal fueron Ernesto Alonso y Yamila Zavala Rodríguez. Frente a un auditorio colmado por más de 1.300 jóvenes, los integrantes de la CPM alentaron a las nuevas generaciones a seguir construyendo un saber crítico para una memoria transgresora.

“Soy parte de una generación que le tocó atravesar la dictadura militar, dictadura que también nos mandó a Malvinas siendo jóvenes; a esa edad uno no está preparado para morir pero la muerte fue la única respuesta que nos dio el Estado”, dijo Alonso. Y agregó: “A pesar del dolor, seguimos acá luchando por la vida, por la paz y por un Estado que garantice todos los derechos. Eso mismo que ustedes hacen acá y que nosotros nos llevamos como aprendizaje”.

Por su parte, Yamila Zavala Rodríguez señaló que “la conquista de derechos son costosas y frágiles, que tenemos que sostenerla cada día en las calles, más aún en un momento actual de regresividad en los derechos humanos”. Y cerró: “Este encuentro nos llena el alma. Somos capaces de transformar la realidad y acá, en Jóvenes y Memoria, se ve”.

“A nosotros nos conmueve profundamente ver este grado de participación e intervención sobre la realidad que estos jóvenes protagonizan en sus barrios y escuelas. Cada uno de esos trabajos deberían ser atendidos por los funcionarios públicos, porque aquí aparece la verdadera agenda de temas pendientes de la democracia”, señaló María Elena Saraví, directora del programa Jóvenes y Memoria.

Las historias que emergen del pasado

Desde la creación por ley de un sitio de memoria en el ex Pozo de Quilmes, la Comisión Provincial por la Memoria, junto con el resto de las organizaciones que integran el consejo de gestión del espacio, se fijó dos objetivos: por un lado, abrir el lugar a la comunidad; por el otro, avanzar en la conservación del edificio y la reconstrucción de las historias del ex centro clandestino de detención. Muchos de los jóvenes quilmeños que participan del XVI encuentro en Chapadmalal conocieron el sitio y con sus investigaciones permitieron la emergencia de nuevos testimonios y relatos.

Pedro y Rosita fueron apropiados durante el terrorismo de Estado: Pedro recuperó su identidad, Rosita todavía no. Silvia Valenzi fue secuestra cuando llevaba cuatro meses de embarazo; estuvo primero en el Pozo de Banfield y después en Quilmes. “Tuvo el parto por guardia en el hospital de Quilmes, borraron el acta de nacimiento y la bebé fue apropiada y no se supo más nada”, relatan los chicos y chicas del Colectivo de a pie, que integra a su vez el Colectivo Quilmes, memoria, verdad y justicia, una de las organizaciones del actual consejo del sitio.

El caso de Rosa es una muestra de la metodología de apropiación: luego del parto fue adulterado para agregar que la bebe falleció; la familia supo la verdadera historia por el testimonio de la enfermera y la partera que fueron finalmente secuestradas por los mismos genocidas. Aunque la mayoría de la sociedad de Quilmes no sabe dónde está el Pozo de Quilmes, su recuperación hará más fácil reconstruir la historia, y así lograr que aparezcan otros testimonios.

El caso de Pedro es distinto, en 2004 recuperó su verdadera identidad. Hilda García fue secuestrada junto a Pedro el 5 de marzo de 1976 frente a la Brigada de Investigaciones de Quilmes, sede de la Policía Bonaerense donde funcionó el CCD y que, todavía, ocupa en parte. “Después de secuestrarla se apropian del bebé y se lo entregan en adopción a una pareja joven. Primero le dijeron que había sido abandonado, después que la mamá murió; eran dos historias distintas, vivió en esa incertidumbre”, cuentan los jóvenes de la Escuela Secundaria 40 de Quilmes.

Pedro fue inscripto como hijo propio por el policía Luis Ferian, quien prestaba servicios en la Brigada. Recién en 2004, Pedro pudo reencontrarse con su padre y su hermano mayor. Hilda continúa desaparecida.

Las luchas populares que conquistan derechos

“Cartoneros en plan de lucha contra la restricción” dice un título de la prensa gráfica del 1° de agosto de 2014. Algo más de tres años después, los protagonistas de esa movilización se presentan en el XVI encuentro de Jóvenes y Memoria: “Gracias a esa lucha, hoy el barrio Villa caracol mejoró mucho: las familias tienen su casa propia, casas de materiales, no vivimos mas en un piso de tierra”, cuenta Juan, cartonero de oficio e integrante del movimiento El Grito.

Juan es uno de los más de 90 trabajadores de la ecoplanta en General Cerri. La historia que condujo a estos conflictos empezó, efectivamente, en 2014 a raíz de una ordenanza del municipio de Bahía Blanca que prohibió el ingreso de carros tirados a caballos al casco urbano de la ciudad. “Muchísimas familias quedaron sin comer. Empezamos con ollas populares y marchas, la primera llegamos a cortar las calles del centro con nuestros carros; la segunda, ya estaba la policía esperándonos con escopeta para impedirnos el paso pero pasamos igual”, recuerda Juan.

Después de meses de conflicto, los trabajadores y el Municipio llegaron a un acuerdo para que los cartoneros ocupen los puestos de trabajo en la planta recicladora. No hay derechos que no hayan sido conquistados por las luchas populares, los cartoneros de Villa Caracol lo saben.

Frente a un sistema de producción que busca maximizar ganancias a costa de los trabajadores y que, ante la mínima baja en la rentabilidad, elige cerrar las persianas y dejar a personas en la calle, la organización para la recuperación de fábricas viene demostrando desde hace años que otros modelos de producción, colectivos y solidarias, son posibles. El caso de Acoplados del Oeste es un ejemplo muy representativo, tanto por la organización de los trabajadores como por las innumerables complicidades político, empresarias y judiciales que atentan contra estos proyectos productivos.

“Los dueños —la familia Petinari— presentan quiebra y cierran, no pagaron ni siquiera las indemnizaciones. Entonces, decidieron empezar a trabajarla ello y comenzaron los procedimientos legales para conformar la cooperativa: se aprobó incluso la ley de expropiación pero fue vetada por la gobernadora”, resumen la historia Abigail y Brenda, integrantes del grupo de la Escuela Media 2 de Mariano Acosta. El veto por parte del poder ejecutivo fue la antesala al violento desalojo ocurrida en marzo y donde participaron más de 500 efectivos de seguridad.

Desde entonces, los trabajadores se encuentran acampando frente a la fábrica para no perder las maquinarias. “Son 120 familias con más de 20 años de trabajo; en estos 7 meses de lucha, fueron reprimidos en más de una oportunidad, con policías cuidando la entrada. También allanaron sus domicilios”, agregan las chicas de Mariano Acosta.
Mientras se mantiene esa lucha por recuperar las máquinas que ellos emplearon cuando los dueños quisieron dejarlas abandonada, la Municipalidad de Merlo les otorgó un galpón para que puedan continuar con la producción.

Las violencias del sistema de la crueldad: “Esto es real”

Los monoblock y pasillos de Fuerte Apache pasan de fondo, mientras se escuchan las voces de chicos y chicas del barrio que cuentan historias:

En las causas, la policía agrega cosas que no hay, como cuando te agregan droga. Otra historia: Como mi tía que le pusieron un fierro y nada que ver. Una 9, merca, faso, y no nada que ver con eso. Otra: Además que le pusieron eso, le piden plata después. Le pidieron 40 lucas para que lo saquen y no lo sacan. Y otra: Además que los torturan. Le ponen paños de agua fría y le pegan con mangueras.

“La gente lo ve por la tele y todos piensan que somos delincuentes. Nos ven deportivos y piensan que somos chorros, pero no es como ellos piensan, somos gente laburadora, humilde”, dice Gabriel. Y agrega: “La policía es corrupta. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero cansa”. “A veces, ellos se pasan, nos quieren pegar, subir al patrullero. Nos dicen: ‘Documentos, pónganse contra la pared’. Pero por qué, si somos del barrio. No tenés nada y te llevan igual”, precisa Cristian.

Cristian y Gabriel son hermanos, van juntos al programa Envión y participaron del XVI encuentro de Jóvenes y Memoria desde la Coordinación de políticas en derechos humanos de Caseros. Cristian y Gabriel dicen que querían mostrar cómo es el barrio, cómo son las cosas: “Esto es real, es lo que pasa día a día”.

Cristian y Gabriel están orgullosos de ser del Fuerte Apache y les molesta cuando hablan mal del barrio: “Tienen que entrar y ver, falta muchas cosas, falta que ayuden a los chicos, que saquen a todos los transas, que pongan comedores, colegios, jardines, salitas, hospitales adentro del barrio. Todo eso falta”.

Como viene denunciando la CPM, en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, las políticas de mano dura que se viene implementando desde hace años sólo han generado más violencia y más vulneración de derechos. Si bien la situación es cada vez más grave, no es nueva; desde recién recuperada la democracia hubo desapariciones forzadas, casos de gatillo fácil y violencia institucional.

“En Villa Itatí, hay muchos casos de gatillo fácil. Nosotros llegamos a relevar más de 12, pero muchos no quisieron hablar porque están amenazados por la policía para que no reclamen justicia”, dicen Natasha, Ariana, Abigail, Marcos, Franco de la Asociación Civil ETIS. Quien sí prestó su testimonio fue Nora Torres, la mamá de Víctor Balza.

Víctor murió el 9 de noviembre del 2003, con una bala de plomo alojada en su cuerpo que los médicos nunca informaron. En 14 años se realizaron tres juicios y, a pesar de tener condena, el ex oficial González goza de impunidad: “Investigamos esto porque es importante que se haga justicia. La policía no tiene derecho a matar a nadie”, agregan los jóvenes de ETIS.

“Él no salía nunca pero el día del cumple de la mamá, Víctor le pidió permiso para ir a bailar; en la puerta del baile, hubo una pelea con dos policías en la puerta del baile. Víctor y su compañero salieron corriendo por miedo y los policías lo siguieron, le dispararon. A la mamá primero le dicen que está muerto, pero Víctor todavía estaba vivo en una salita del Don Bosco; lo va a ver y estaba consciente, hablaba, pero tenía vómitos”, reconstruyen la historia. El médico que atendió no informó ni los golpes que presentaba el cuerpo ni la bala de arma de fuego que había quedado alojada en su cuerpo; el fiscal también lo vio y, a pesar de su estado de salud, ordenó el traslado a la Comisaría 2ª de Bernal donde murió 14 horas después. La mamá se enteró camino a la departamental, cuando una voz por la radio policial pregunta si ya recogieron a la “mamá del fallecido”.

“El policía que mató a Víctor fue exonerado de la policía y enjuiciado, pero ahora está libre”, dicen los jóvenes de ETIS. También cuentan que fueron con la mamá a la Comisaría 2ª y, cuando vieron una placa con un mensaje que destaca el honor de ser policía, se preguntaron: “¿Qué honor es matar a otra persona?”