La declaración de la Independencia fue parte de un largo proceso de lucha. Estuvo orientado por ideas y acciones sostenidas por hombres y mujeres de un tiempo donde el camino hacia la libertad y la conquista de derechos para el pueblo implicaban la emancipación del yugo colonial.

La lucha por la independencia fue la lucha por derechos: el derecho de los pueblos a la auto determinación, a la libertad de elegir cómo organizarse como nación, quiénes la gobiernan, hacia dónde ir y qué caminos recorrer. Los derechos políticos y económicos, como el ejercicio del libre del comercio, fueron las principales consignas que guiaron a los revolucionarios contra el poder colonial.

Lo que surgió de la Independencia fue una sociedad más justa y libre que la virreinal. Sin embargo, frente a las conquistas logradas – la libertad y la soberanía – esa sociedad pos colonial heterogénea siguió atravesada por fuertes disputas y también por profundas desigualdades.

A pesar de las voluntades que propugnaron por el reconocimiento de los pueblos indígenas, se fueron imponiendo políticas que negaron sus derechos y avanzaron en la expoliación de sus tierras y su exterminio. Los esclavos africanos nutrieron los ejércitos libertadores pero nunca el lugar de los héroes y los próceres, ni tampoco fueron beneficiados en el reparto de tierras que la minoría blanca reconoció para sí. Las guerras primero y las epidemias después los fueron diezmando sin haber alcanzado su plena libertad.

A pesar de esto, el proceso de ampliación de derechos sociales y políticos, con sus luces y sombras, avances y retrocesos, se fue profundizando a lo largo de nuestra historia y ese es el camino por el que debe continuarse. Es el que señala la voluntad manifestada por los hombres y mujeres de la Independencia, en un contexto plagado de dificultades como el que les tocó enfrentar.

El proceso de descolonización no ha terminado, no sólo porque en las Islas Malvinas hay una base de la OTAN y un enclave colonial, sino porque a lo largo del tiempo el imperialismo, en sus nuevas formas, ha vulnerado la soberanía del pueblo y su libertad, imponiendo recetas económicas y presionando para la implementación de políticas de estado que han cercenado múltiples derechos. Recetas del Banco Mundial y del FMI y Doctrinas de la Seguridad Nacional son sólo algunas que pueden citarse.

Del mismo modo, la lucha por la soberanía y la independencia no es sólo una cuestión normativa del estado sino su pleno ejercicio implica el acceso y resguardo de los recursos naturales como bien común de todos los argentinos y la plena soberanía económica frente a las grandes corporaciones.

Los movimientos emancipatorios han ido siempre de la mano de estas disputas por derechos. A lo largo de nuestra historia contemporánea han confrontado dos grandes modelos: las políticas liberales, de restricción de la acción protectora del estado de las grandes mayorías a favor de las minorías, contra políticas de ampliación de derechos de esas grandes mayorías. La última dictadura militar ha sido el intento más feroz de las minorías dominantes y el imperialismo, de imponer políticas regresivas, al calor de la represión más violenta. Y también en democracia donde el neoliberalismo produjo un proceso de enorme regresión social.

La agenda a sostener es amplia. Por un lado, promover políticas de estado que garanticen los derechos que han sido consagrados en la Constitución Nacional. Esto no será posible sin políticas económicas y sociales soberanas que garanticen una justa distribución de ingresos y riqueza y se inserten en una Patria Grande donde aunar voluntades en aras de una mayor independencia de los sectores dominantes a nivel global. El sistema capitalista es hoy productor de enormes desigualdades y violencias, generador de guerras y también de mercados que destruyen recursos pero también producen pobreza extrema y marginalidad. En este sentido, la lucha contra la narcocriminalidad – que opera a escala global y asola a los sectores más pobres – es parte de la pelea por la independencia y soberanía de los pueblos.

Su contracara es una política criminal, de seguridad y justicia orientada selectivamente sobre los más vulnerables de la sociedad que, bajo el pretexto de garantizar los bienes y la vida, son negados como sujetos de derecho. En este marco, la abolición de la tortura, aún hoy práctica sistemática que sufren los pobres, es un deber inclaudicable de la democracia, ya declamada en la Asamblea del Año XIII.

Los pueblos originarios deben ser efectivamente reconocidos en sus derechos, no sólo en términos declamativos sino efectivos: plena posesión y uso de sus territorios y desarrollo de su cultura.

A 200 años de la Declaración de la Independencia, la construcción de una sociedad más justa, libre e independiente debe guiar las políticas públicas de nuestro país, en la construcción de una Argentina que consagre la igualdad de todos sus habitantes.

No hay libertad sin democracia, pero tampoco hay democracia sin igualdad. La plena vigencia de los derechos humanos es la que marca el futuro de una sociedad que hace más de 200 años comenzó a forjarse.