Desde OTRANS ARGENTINA, repudiaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que revoca el  fallo colectivo del Tribunal de Casación que otorgaba prisiones domiciliarias a las personas detenidas por delitos leves y que integren los grupos de riesgos frente al COVID-19.

ANDAR en la justicia

(OTRANS) La organización se expresó mediante el siguiente comunicado:

Esta decisión no es azarosa sino responde a una lógica extorsiva por parte de un sector de la sociedad civil, los medios masivos de comunicación y las  fake news que circulan en las redes sociales en relación a que el gobierno de turno liberará a todes les privades de su libertad.

Asimismo, queremos expresar nuestra mayor preocupación debido a la situación de hacinamiento de los penales de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, hay varias compañeras trans migrantes que padecen enfermedades crónicas y no reciben su medicación. Sin embargo, desde la Unidad Penitenciaria N° 32 de Florencio Varela, compañeras denunciaron que les dieron medicación vencida para tratar el HIV. No sólo es alarmante que hayan entregado medicación caducada, sino que también, como varias de ellas denunciar, lo hicieron sin hacer estudios serológicos previos.

Gran parte de la población travesti y trans privadas de su libertad, está bajo delitos leves, como tenencia de estupefacientes, lo que habilitaba a que se lleve a cabo el beneficio de la morigeración de las condiciones de detención. Hay que destacar que gran parte de ellas sólo se encuentran procesadas, pero que, por sólo ser una persona travesti – trans, la justicia dictan prisión preventiva, reforzando la criminalización y el estigma a nuestras identidades.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, da cuenta en su fallo que “el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento”, son “hechos que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos» configurando un «estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos» y, por último, advierte la grave contingencia y amenaza que genera la pandemia para las personas detenidas. Pese a este reconocimiento, este organismo revocó las recomendaciones del Juez Violini. Lo que aún más preocupa es que no se haya dictaminado ninguna jurisprudencia favorable es relación a este tema.

Exigimos que se revierta esta decisión del máximo organismos de justicia de la Provincia, debido a que se basa en profundos sentidos aporofóbicos. La comunidad carcelaria ha dado sobradas cuentas que exigen sobre sus derechos humanos básicos: El caso del Penal de Villa devoto, como también la Unidad Penitenciaria N° 42 de Florencio. Varela, lo demuestran. Es momento que la justicia, en verdad toma cartas sobre el asunto e intervenga. Atendiendo a las recomendaciones de organismos internacionales para mejorar las salubridad en contextos de encierro.