El Juzgado de Garantías Nº 3 de Mar del Plata, a cargo de Rosa Frende, hizo lugar a un habeas corpus colectivo solicitado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por las graves condiciones de detención que padecen las mujeres en la Unidad Penitenciaria 50 de Batán. La presentación había advertido sobre la precaria asistencia a la salud: falta de personal médico, de provisiones farmacológicas y de móviles de traslado, y deficiente infraestructura para garantizar la integridad de los niños alojados con sus madres.

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(CPM) La jueza Rosa Frende hizo lugar al habeas corpus colectivo presentado por la CPM y justificó el fallo por el “agravamiento ilegal y arbitrario” de las condiciones de detención de las mujeres alojadas en la UP 50. La resolución exhortó al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires a garantizar el acceso a la salud de las detenidas. Falta de personal, insumos y medios de traslados, ausencia de asistencia psicológica y de adicciones: la imposibilidad de acceder a la atención médica se constituye como una forma de tortura que viene siendo denunciada por la CPM desde el 2010.

En ese marco de actuación, durante la última inspección a Batán en noviembre pasado, la CPM volvió a constatar la existencia de estas inhumanas condiciones de detención, lo que motivó la presentación del habeas. En respuesta a lo expuesto por el organismo, la Justicia se presentó en el lugar y, luego de entrevistarse con el jefe médico del área de sanidad y con mujeres alojadas en el pabellón 1 y el sector de aislamiento, avaló las denuncias realizadas por la CPM.

En su resolución, la jueza Frende exhortó al Poder Ejecutivo provincial a incrementar la flota automotriz para la UP 50 de Batán (ambulancias para traslados) y el personal médico (principalmente, especializado en ginecología y pediatría) y de enfermería. Además, reclamó que se arbitren los medios a su alcance para otorgar suficiente provisión farmacológica, insumos y adecuada alimentación.

En otro punto del dictamen, la jueza de garantías solicita que, en la medida de las previsiones presupuestarias, se adecuen las instalaciones de la penitenciaria para asegurar un trato digno para los niños que son alojados junto a sus madres.

La CPM celebra esta medida judicial que se hace eco de las reiteradas denuncias expuestas por el organismo en los últimos años y exige que se cumpla íntegramente con su resolución. En ese sentido, el organismo advierte que ya existían fallos de la misma índole que nunca terminaron de concretarse. En esos antecedentes, se remarca la actuación del Juez de Ejecución Penal Nº 1 de Mar del Plata, Ricardo Perdichizzi, que ordenó una sanción económica de 30 pesos por mujer detenida por día. La sentencia fue por el incumplimiento de las resoluciones judiciales que obligaban al Poder Ejecutivo provincial y al Servicio Penitenciario Bonaerense a garantizar el acceso a la salud a todas las mujeres detenidas. Sin embargo, la Cámara de Apelación marplatense revocó la aplicación de esta sanción aun cuando reconoció las denuncias sobre las extremas condiciones de detención.

Como parte del mismo proceso judicial, la Dirección de Salud Penitenciaria de la provincia de Buenos Aires remitió un oficio donde sostenía que se realizaron gestiones tendientes a mejorar la atención a la salud con controles periódicos y nuevas designaciones en el plantel profesional, especialmente en el área de atención psicológica y de adicciones. La última visita de la CPM en noviembre pasado, cuando se inspeccionaron el pabellón 1, el sector de sanidad, de admisión y aislamiento, desmiente la versión gubernamental y vuelve a constatar la falta o insuficiente asistencia de la salud como una práctica sistemática de tortura.

La sanción impuesta por el juez de ejecución Perdichizzi y el reciente fallo de la jueza Rosa Frende convalidan estas denuncias y obligan a las agencias penales del Estado a revertir las extremas condiciones de detención que padecen las mujeres alojadas en la UP 50 de Batán. Como organismo de monitoreo de los lugares de encierro, la CPM vuelve a insistir en la necesidad de que se arbitren las medidas necesarias para acabar con este régimen de la crueldad que viola los derechos expresados en la Constitución y en los tratados internacionales.