Dos enfermeros y un jardinero fueron detenidos por abusar sexualmente de varias mujeres dentro del hospital neuropsiquiátrico Esteves de Temperley. La investigación se inició por una denuncia presentada en 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) luego de una inspección realizada por el programa de Salud Mental. A pesar de que los directivos del hospital y los funcionarios del Ministerio de Salud estaban al tanto de esta situación, nada hicieron para que otras usuarias no fueran violentadas como terminó ocurriendo. La CPM exige políticas integrales con perspectiva de género y derechos humanos, toda vez que el agravamiento naturalizado de las condiciones de internación posibilitan estos hechos de violencia sexual. También una investigación administrativa y judicial que determine las responsabilidades de los funcionarios públicos.

ANDAR en Temperley

(CPM) Una mujer fue manoseada por un enfermero en el baño. Otra mujer, después de ser abusada sexualmente, fue sujetada a la cama por enfermeras como castigo para que “deje de ensuciar a los compañeros de trabajo”. Otra víctima fue violada en el patio del hospital donde las usuarias son abandonadas luego de la medicación post almuerzo impidiéndole el ingreso a las salas. Los directivos del hospital desestiman la voz de las usuarias y de ese modo soslayan estas violencias, tampoco aplican los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual que permiten no sólo relevar pruebas para la investigación de la agresión sexual, sino también desplegar la profilaxis de emergencia en estos casos.

Estos hechos no son aislados y las condiciones de internación facilitan su ocurrencia. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció el primero de estos hechos de abuso sexual en 2016. En ese momento, la UFI 9 especializada en delitos sexuales de Lomas de Zamora se presentó en forma inmediata y ese mismo día libró una medida perimetral para el enfermero acusado; sin embargo, poco tiempo después, y cuando la mujer ya había egresado del hospital, los directivos le permitieron volver a funciones dentro del neuropsiquiátrico.

En ese momento, la CPM también presentó un detallado informe al Ministerio de Salud sin tener ninguna respuesta de las autoridades. Las condiciones estructurales siguieron indemnes y las situaciones de abuso sexual siguieron ocurriendo. Por lo cual directivos del Hospital y funcionarios del Ministerio son responsables. En otra inspección, realizada en 2017, el programa de Salud Mental de la CPM volvió a constatar un nuevo hecho de abuso. Ese mismo año, otros más fueron denunciados.

La investigación, iniciada a raíz de estas denuncias, terminó con la reciente detención de dos enfermeros y un jardinero que prestaban servicios en el hospital. Más allá de estos imputados, es indispensable avanzar en las responsabilidades de directivos y funcionarios políticos que estaban al tanto de esta situación. Y fundamentalmente, resulta perentorio avanzar en la transformación de las condiciones que hicieron posible estos delitos.

Los hechos denunciados no deben entenderse de manera aislada, sino enmarcados dentro de un proceso complejo, donde el manicomio es configurador de las múltiples violencias hacia las mujeres: vulneración de la privacidad y de la intimidad, de la autonomía sexual, de los derechos sexuales y reproductivos y en general de la decisión sobre sus propios cuerpos. Todas las mujeres entrevistadas por la CPM manifestaron haber sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos. Cabe destacar que el Esteves es el único manicomio específico de mujeres, sin embargo carece de políticas de género.

En ese sentido, las múltiples violencias hacia las mujeres, que encuentran su expresión más grave en los casos de abuso sexual, son estructurales y constitutivas del dispositivo manicomial. La situación de vulnerabilidad de las mujeres se combina con la prevalencia del abordaje psiquiátrico, contrariando los principios de la ley de salud mental, que se constata en la continuidad de prácticas vinculadas al aislamiento, la sujeción mecánica y la sobremedicación.

Frente a estas graves denuncias, y acompañando el curso de la investigación judicial, la CPM reclama al Ministerio de Salud la implementación de una política integral con perspectiva de género y derechos humanos, que aplique los protocolos existentes y diseñe programas específicos de cuidado y supervisión, así como también mecanismos de denuncias en particular para los casos de  violencia sexual contra la mujer, como así también acciones concretas para prevenirla y erradicarla. También que se investigue judicial y administrativamente las responsabilidades de los funcionarios públicos responsables de este lugar.