El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma dio a conocer un nuevo informe sobre el conflicto, la negociación colectiva y el mercado de trabajo. Destaca que en este tercer y anteúltimo trimestre del año el paro siguió siendo la medida de lucha por excelencia tanto en el sector estatal como en el privado y la respuesta del Estado y sectores empresariales sostiene prácticas antisindicales.

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(Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma) El documento señala que en el tercer trimestre de 2016 las demandas por salarios son la base de la mayoría de los conflictos en el sector público. Se trata de pedidos de mejoras salariales y apertura de paritarias frente a la falta de oferta por parte del Estado o propuestas que quedan desfasadas en relación a la inflación. Las situaciones de crisis (30%) y las condiciones de contratación (30%) también tienen un peso importante. En el primer caso se reclama la reinstalación de los miles de despedidos producidos desde inicios de 2016, mientras que en el segundo se denuncia las situaciones de precariedad contractual.

En el sector privado se mantienen los motivos diferenciados en cada nivel. Así, los conflictos por actividad se explican principalmente por mejoras en los salarios seguidos por condiciones de trabajo, mientras que los reclamos por crisis (despidos masivos, deudas salariales, suspensiones y quiebras) continúan explicando la mayoría de las disputas en el plano de la empresa. Se destaca que los conflictos encarados por los trabajadores del sector privado incluyeron al menos 109 acciones, siendo el paro la medida de mayor frecuencia seguido por las movilizaciones. En este marco, se mantiene el alza en la intensidad de las medidas que se llevan adelante, en su mayoría son disputas por defender puestos de trabajo en riesgo o caídos.

En el sector público la cantidad de acciones fue mucho mayor: 228 acciones principalmente destinadas a reclamar mejoras salariales y la apertura de paritarias en todas las actividades.

El informe señala que respecto de los conflictos que implicaron a ambos sectores (trabajadores estatales y privados) se destaca la movilización por Tierra, Techo y Trabajo y la marcha Federal que realizaron las dos CTA junto a organizaciones de trabajadores desocupados y sindicatos adheridos a la CGT, y los paros y movilizaciones en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Misiones, Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que impulsaron gremios estatales y privados.

La respuesta del sector patronal, ya sea del Estado como de las empresas privadas, fueron prácticas antisindicales que tienden a limitar, obstaculizar y/o prohibir la acción y organización de los trabajadores. Entre estas medidas la restricción de la huelga adoptó diversas modalidades, desde la confección de listas negras (sobre docentes de Jujuy y Provincia de Buenos Aires), el dictado de leyes y resoluciones (contra los trabajadores de la administración pública en Santa Cruz y los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba), hasta la multa a trabajadores y sindicatos (Ingenio Ledesma).

La criminalización de la protesta es otra de las formas que adoptan estas prácticas antisindicales: se realizaron al menos 26 detenciones de dirigentes y activistas en el marco de protestas gremiales en Salta, AMBA y Neuquén. Y la represión es su cara más siniestra: en al menos 6 oportunidades la policía o la gendarmería arremetió contra manifestantes con gases y balas de goma. Se registraron además cuatro situaciones en las cuales grupos anónimos irrumpieron en reuniones o locales sindicales.

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