La Comisión Provincial por la Memoria manifiesta su repudio por la muerte de Juan Martín Yalet y exige a las autoridades provinciales el compromiso para identificar a los autores y propiciar su juzgamiento. El organismo expresa también la necesidad de trabajar para erradicar las prácticas policiales ilegales del funcionamiento estructural de las policías.

El momento en que detienen al joven

ANDAR en La Plata

(CPM-Agencia) Juan Martín Yalet murió producto de un disparo de arma de fuego mientras era trasladado rumbo a la Comisaría 9ª de La Plata en un móvil del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de la departamental La Plata. Todo indica que estamos frente a otro caso de gatillo fácil, que expone la crueldad e ilegalidad con la que actúan  las fuerzas de seguridad en la Argentina realizando “ejecuciones sumarias” en plena vía pública y a la luz del día.

Según se sabe hasta el momento, Juan Martín Yalet fue detenido la mañana del 26 de agosto durante un operativo realizado por distintas fuerzas de seguridad (Policía Local, CPC, Comisaría 9ª). Una vez reducido, el joven fue conducido esposado en un móvil del CPC: en el interior de la patrulla se produjo un disparo que le ocasionó la muerte.

No se trata del primer caso, ni de un hecho aislado. Tal como venimos expresando desde la Comisión Provincial por la Memoria –junto con organizaciones y familiares de víctimas de la violencia policial–, las políticas de mano dura, la falta de reformas estructurales tendientes a democratizar la fuerza policial y los discursos punitivos que propician las intervenciones violentas, son las condiciones de posibilidad de estos casos. No se trata de manzanas podridas, es un problema estructural de la policía bonaerense y su solución es una responsabilidad primordial de los poderes del Estado y los distintos actores políticos.

El móvil 25 del CPC que detuvo a Juan Martín en la entrada del hospital

En 2014, con motivo de la declaración de emergencia en materia de seguridad en la provincia, expresamos  nuestro repudio ante el anuncio oficial del aumento de “abatidos en enfrentamientos” como aspecto positivo de la política de seguridad. Decíamos y decimos que ninguna gestión puede expresar como un éxito la producción de muertes, sea en el contexto que sea. En este marco, aumentó el índice de letalidad (aumentaron los resultados mortales en intervenciones policiales) y, según estudios realizados, pudimos dar cuenta de la evidente desproporcionalidad entre el uso de la fuerza policial y la de los supuestos “delincuentes abatidos”.

El caso de Juan Martín Yalet es parte de este contexto en el que se propician políticas que asumen la muerte, las torturas y la corrupción policial, como parte de la gestión cotidiana de los conflictos sociales y los mercados ilegales.

El hecho debe ser investigado y sus responsables condenados. A las autoridades políticas les queda un camino y una responsabilidad mayor; de manera urgente, se debe auditar el funcionamiento de todas las estructuras de la policía bonaerense, incluyendo el Comando de Prevención Comunitaria, los Comandos de Prevención Rural y las Divisiones de Narcotráfico.

[pullquote]El hecho debe ser investigado y sus responsables condenados. A las autoridades políticas les queda  una responsabilidad mayor: se debe auditar el funcionamiento de todas las estructuras de la policía bonaerense[/pullquote]

Frente a estos reclamos, resulta imperioso que se generen los consensos para una reforma estructural de la policía bonaerense y para orientar políticas criminales basadas en el respeto a los Derechos Humanos y las garantías.

Este caso da cuenta del incremento de la violencia social que genera este tipo de políticas de seguridad. El debilitamiento institucional respecto al control del uso de la fuerza por agentes  estatales es causante de la peor inseguridad: el Estado constituido en victimario al violar los derechos humanos.