Un joven que se encontraba alojado en el Instituto Cerrado Luis Agote, en el barrio porteño de Palermo, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado.

ANDAR en CABA

(Procuración Penitenciaria Nacional, Agencia) Una semana después del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación que revocó el pronunciamiento de otra sala para habilitar el ingreso de la PPN a los institutos cerrados dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, un joven que se encontraba en una celda de aislamiento en el Instituto Cerrado Luis Agote tuvo que ser trasladado de urgencia al Instituto del Quemado, con el 80% de su cuerpo afectado.

De acuerdo a la propia reglamentación de los institutos cerrados -en línea con la Convención de los derechos del Niño y leyes dictadas en su consecuencia-  está prohibido sancionar con aislamiento a los jóvenes alojados. Sin embargo el instituto Agote posee celdas de aislamiento. Un correcto monitoreo a los institutos hubiera permitido denunciar esta situación evitando hechos de estas características. El monitoreo es un derecho de los jóvenes presos en los institutos y con el impedimento ejercido por la SENNAF y avalado por la Cámara de Casación,  se está poniendo en riesgo la integridad de los menores detenidos y el acceso a la justicia de los jóvenes que tiene bajo su custodia.

El voto de los jueces Riggi y Cattuci, que formaron la mayoría en la Sala II de la Cámara de Casación,  no sólo se desentiende de la gravedad de la situación y de la marcada resistencia de la SENNAF a cualquier tipo de supervisión, sino que contradice el texto de las leyes 25.875 y 26.827 que pretenden afianzar los controles sobre los centros de detención y busca remover cualquier impedimento al ejercicio de estas tareas.

Muy por el contrario, la Dra Figueroa en su fallo en minoría destaca la necesidad del monitoreo y de garantizar la independencia de quien monitorea respecto del poder político.

Dice la PPN en su comunicado: “lamentablemente los hechos evidenciaron lo que vinimos sosteniendo desde esta PPN. La ausencia de control conforme marca la ley vigente, vulnera los derechos de los jóvenes detenidos y ello no fue advertido por los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación, constituyendo un gravísimo antecedente de convalidación de una situación lesiva de derechos que evidencia una vez más la alarmante situación del sistema penal juvenil que ya ha merecido la condena de organismos internacionales y profundiza la vulnerabilidad y desprotección de un sector de la población penal históricamente postergado”.