A casi un mes del inicio de las audiencias preliminares por crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), la fiscal federal Laura Mazzaferri -que interviene en el juicio  junto a sus pares María Eugenia Montero y Daniel Adler- describe las maniobras dilatorias ejercidas por las defensas de los imputados y valora los documentos de la ex DIPPBA aportados a la causa por la Comisión Provincial por la Memoria.

ANDAR en los juicios

Fiscales del juicio CNU-Mar del Plata: Adler, Mazzaferri y Montero. FOTO: www.fiscales.gob.ar

(Agencia) El histórico juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comprende los crímenes de lesa humanidad cometidos por 11 ex integrantes de la CNU entre febrero de 1975 y marzo de 1976. Aún se encuentra en la instancia de lectura de los dos requerimientos de elevación a juicio –ya que la imputación de Viglizzo fue posterior a las otras diez-, por lo que se prevé que las declaraciones indagatorias recién comiencen a agosto, tras la feria judicial.

La particularidad de este juicio radica en que 10 de los acusados no pertenecieron orgánicamente a agencias punitivas del estado sino que actuaron en asociación ilícita con diversas fuerzas –policía bonaerense y federal, además de la fiscalía federal que estuvo a cargo de Demarchi y altos funcionarios de la Universidad de Mar del Plata- en la persecución sistemática de opositores políticos.

En diálogo con ANDAR, la fiscal federal Laura Mazzaferri afirmó que el aporte documental realizado por el programa de Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad de la CPM –que preserva y gestiona el archivo de la exDirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)- resulta “fundamental para probar la ejecución, autoría y modalidad de los delitos imputados, y especialmente para reconstruir el carácter sistemático de su accionar en la persecución de militantes políticos en la ciudad de Mar del Plata”.

“Los informes de la exDIPPBA permiten evaluar todos los resortes de la asociación ilícita en la que se inscribió el accionar de la Concentración Nacional Universitaria dentro del plan sistemático de política criminal previo a la última dictadura”, explicó.

Cabe destacar que los legajos y fichas aportados por la CPM a la causa CNU revelan los orígenes de la organización de ultraderecha, sus líderes, registros de propaganda y su inserción paulatina en las estructuras estatales, como por ejemplo en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército, en la SIDE y en las policías bonaerense y federal.

Por otra parte, Mazzaferri reseñó las dificultades operativas con las que se enfrenta el juicio: “Los jueces Elvio Osores Soler, Luis Imas y Víctor Bianco no son los titulares del tribunal sino reemplazantes que provienen de otras jurisdicciones, lo que limita las posibilidades de realización de varias audiencias por semana en función de sus tiempos y obligaciones”. Agregó que “a esto debe sumarse que hay una sola sala de juicio disponible para el tribunal federal en Mar del Plata en la que, además de CNU, se realiza el debate oral del juicio Base Naval, que también acaba de comenzar”.

“Si a estas dificultades materiales y temporales se agregan las maniobras dilatorias que vienen ejerciendo las defensas de los imputados desde la misma instrucción de la causa, tenemos un cuadro general que nos obliga a los representantes del Ministerio Público Fiscal a intervenir fuertemente contra la paralización del juicio”, destacó.

En este sentido, la fiscal se refirió a la audiencia del 8 de junio que estuvo signada por un clima de tensión desde el primer minuto, cuando el defensor de los imputados Azaro y Viglizzo, Horacio Insanti, pretendió interponer una “nueva prueba”: quiso denunciar una supuesta coacción por parte del fiscal Adler y de organismos de derechos humanos contra una de las testigos.

La acusación generó la reacción del fiscal aludido, quien a los gritos aseguró que se trataba de una nueva estrategia de la defensa para interrumpir el juicio. Luego, sobre el mismo punto, se manifestó el abogado de la Secretaría de DDHH de Provincia, Manuel Marañón, quien destacó la improcedencia de la petición del defensor. Finalmente, el pedido de la defensa fue desestimado por el presidente del tribunal, Elvio Osores Soler.

Esta y otras maniobras de las defensas hicieron que el equipo de fiscales solicitara al tribunal de juicio que se limitaran las intervenciones dilatorias y al mismo tiempo que se rechazara la posibilidad de que el imputado Demarchi pueda ejercer su propia defensa, ya que con esto se habilitaría a un eventual hostigamiento de los testigos y su revictimización en una causa de tal gravedad.

Ante la negativa del tribunal, los fiscales apelaron y actualmente la petición se encuentra a la espera de resolución por parte de la Cámara de Casación Penal.

Sobre este comienzo de juicio CNU hay que mencionar otro episodio de especial gravedad, que ocurrió durante una entrevista radial a una de las testigos clave, Mirta Masid. Según la fiscal Mazzaferri, un periodista de la radio FM 99.9 de Mar del Plata, en el programa Noticias y Protagonistas (que tendría vínculos con varios de los imputados), le realizó una serie de preguntas dirigidas a sugerir una presunta presión del fiscal Adler, con el objeto de que más adelante se pudiera impugnar el testimonio de Masid.

La vinculación del periodista con varios de los imputados queda manifiesta en el hecho de que estaba previsto como testigo aportado por una de las defensas, lo que finalmente fue denegado por el propio tribunal.

La causa CNU y sus antecedentes

Para este juicio por los delitos de asociación ilícita, privaciones ilegales de la libertad y homicidios calificados, entre otros, contra 10 civiles y un militar que integraron la CNU en Mar del Plata, se prevé que declaren más de 280 testigos por los casos de homicidio calificado de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Alberto Goldemberg, Daniel Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen Maggi, todos cometidos en el año 1975.

Los imputados son Jose Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel, Mario Ernesto Durquet, Raúl Rogelio Moleon, Juan Pedro Asaro, Marcelo Arenaza, Gustavo Demarchi y Fernando Otero, en su calidad de integrantes de la CNU y desde su inserción concreta en estamentos del Estado –como la universidad y la fiscalía federal- además de su vinculación con las fuerzas de seguridad, la Triple A y la CNU La Plata.

Acerca de la actuación de la CNU en La Plata y Mar del Plata –las dos ciudades en las que operó la organización de extrema derecha-, fueron de especial importancia los relatos de víctimas y querellantes (además de la vasta documentación de la DIPPBA) ofrecidos en el marco del Juicio por la Verdad, del cual se desprendió la instrucción de la causa CNU que desde el lunes 8 se juzga en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

En este sentido, en 2007 el ex militante de Montoneros Eduardo Soarez declaró, durante una de las audiencias del Juicio por la Verdad, que el abogado y ex fiscal federal Gustavo Demarchi “era el jefe real de la CNU y quien tenía a su cargo las relaciones políticas” de la organización, siendo coincidente su testimonio con el de otra testigo, Laura Chino, compañera de la ex decana de la Universidad Católica, María del Carmen “Coca” Maggi, asesinada por un comando de la CNU.

En 1974 Demarchi se convirtió en el primer fiscal federal de Mar del Plata y, según la investigación penal, tenía una rol fundamental dentro de la CNU: contrataba la mano de obra para cometer los crímenes y luego pedía el sobreseimiento o archivo de las causas que involucraban a algún integrante de la organización ultraderechista. Bajo sus órdenes, operaban Ullúa, Durquet, Delgado, Fernández Rivero, el librero Asaro, Viglizzo, el fotógrafo Moleón, Piatti y González.