El Juzgado de Garantías 4 de Morón sobreseyó a Diego Tolaba, el policía que el 18 de mayo de 2013 disparó contra Pablo Alcorta. Pablo tenía 17 años y murió el 6 de diciembre después de siete meses de agonía. Tolaba declaró que actuó en legítima defensa, la investigación estuvo plagada de irregularidades y la justicia, desde el primer momento, creyó en la versión policial. Durante todos estos años, siguió en funciones y actualmente integra la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. También, en todos estos años, Emilia Vasallo luchó, caminó, golpeó puertas de tribunales buscando justicia por su hijo. Ni siquiera la impunidad podrá detener a Emilia.

ANDAR en Morón

(Agencia Andar) “Es una decisión que no esperábamos, pero que no nos sorprende, sabíamos que podía pasar. Los familiares sabemos que no podemos cree ni confiar en esta justicia que está siempre del lado de los otros”, señaló Emilia Vasallo, mamá de Pablo, sobre la decisión del Juzgado de Garantías 4 de sobreseer al policía Diego Tolaba. Es el tercer sobreseimiento de la justicia, los abogados que representan a Emilia apelaron la decisión, una posibilidad más de quebrar con estos cuatro años de impunidad.

El 18 mayo de 2013, a la altura del peaje Vergara de Morón, el sargento de la policía bonaerense Diego Tolaba le disparó en la cabeza a Pablo Alcorta. Pablo murió después de siete meses de agonía. Mientras el joven peleaba por su vida en la cama de un hospital, la investigación judicial caía en un pozo de irregularidades que sólo buscó encubrir el fusilamiento y consagrar la impunidad de Tolaba.

Desde el primer momento, y contradiciendo la resolución 1390, la investigación estuvo a cargo de la misma fuerza que integraba Tolaba. La titular de la Fiscalía 6 Silvina Bonini instruyó la causa desde el inicio bajo la carátula de “averiguación de ilícito” pero no tomó una sola medida para investigar el homicidio de Pablo y rechazó, una y otras vez, los pedidos de prueba y los testigos aportados por los abogados de Emilia.

La fiscal nunca dudo de la declaración de Tolaba y avaló la versión policial de que el sargento de la Bonaerense actuó en legítima defensa. Bonini pidió el sobreseimiento y el juez de Garantías 3 de Morón, Gustavo Robles, sobreseyó justificándose en la falta de pruebas para juzgar al policía. “Desde el primer momento nosotros reclamos que se observen las cámaras del peaje, era una prueba fundamental para ver cómo Tolaba fusiló a Pablo y la jueza recién solicitó esas filmaciones un año y medio después, cuando ya no estaban. Y eso fue después de pedir dos veces el sobreseimiento del policía”, explica Emilia.

“No sólo rechazaban nuestros pedidos, la fiscal también buscó constantemente desviar la investigación. Llegó pedir hasta tres veces la historia clínica de Pablo porque entendía, que después de agonizar por siete meses, podría haber muerto por mala praxis y no por el disparo en la cabeza. Y así te quieren ir desgastando, quieren que desistas, que te mueras de pena”, agrega.

Por las irregularidades en la investigación, Emilia apeló el sobreseimiento y pidió que la fiscal sea apartada. “En la audiencia, la Cámara nos da la razón y dice que no tuvimos la misma oportunidad de litigar”, dice Emilia. La causa recayó en el fiscal Di Leo. “En su momento, por nuestra lucha, logramos que se pida la elevación a juicio con Tolaba acusado por homicidio simple. A pesar de eso, Tolaba nunca estuvo preso. Todo lo contrario, al año y medio de haber disparado contra Pablo lo ascienden y un año después lo transfieren a la policía de la Ciudad”.

La elevación a juicio no avanzó. El juzgado de Garantías 3 de Morón se declaró incompetente porque ya había decidido previamente el sobreseimiento del policía. Y, ahora, el Juzgado de Garantías 4 declaró la tercera absolución de Tolaba. El pasado 6 de diciembre, antes de esta última resolución, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como amicus curiae; el pedido fue rechazado, aún cuando existen innumerables resoluciones de la justicia que reconocen la labor de la CPM en otras causas que se investigan delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

Mientras esperan la resolución de la nueva apelación, Emilia sigue en las calles luchando, organizándose, preparando una nueva marcha contra el gatillo fácil. “Uno nunca lucha solo ni lucha sólo por su caso, yo quiero justicia por Pablo y quiero que Tolaba no siga en la calle, que no pueda volver a matar a ningún otro pibe”, dice. Y cierra: “Tenemos que transformar este sistema que persigue y mata a los jóvenes. Hace dos años, moría un pibe por gatillo fácil cada 28 horas, ahora muere uno cada 23”.