La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó que se investigue la responsabilidad penal del subdirector y de asistentes de minoridad del Centro de Menores COPA, ubicado en Abasto (La Plata), por el accionar ilegal durante la persecución a varios jóvenes en un supuesto intento de fuga.  Amenazas con armas de fuego y verbales, golpes y torturas en el marco de la captura ilegal y al momento de reingresarlos al centro.

ANDAR en Abasto

(Agencia/ CPM) Cuando llegaba la noche de un domingo de abril se les dio la oportunidad. Los controles se volvieron más laxos y once jóvenes alojados en el centro cerrado COPA de la localidad de Abasto iniciaron un intento de fuga del lugar donde estaban privados de su libertad. Cuatro fueron recapturados y encerrados esa misma noche y un quinto se entregó voluntariamente al día siguiente en el juzgado que lleva su causa.

Los controles en el Centro Cerrado en Abasto se volvieron más laxos. FOTO: Archivo CPM

El incidente llegó a los diarios locales y la breve información publicada alertó al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que decidió enviar a un equipo de profesionales a entrevistar a los jóvenes a las instalaciones del COPA.

Al observar las lesiones de los chicos, y a partir de sus testimonios, fue posible reconstruir lo que había ocurrido esa noche en el predio de Abasto. Un operativo llevado adelante con absoluta ilegalidad protagonizado por el subdirector del instituto y otros asistentes de minoridad que salieron a recapturar a los jóvenes.  Desde la CPM concluyeron que las conductas de los funcionarios quedarían subsumidas en los delitos de lesiones, amenazas, torturas, abuso de arma, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público.

En el marco de sus funciones de monitoreo de lugares de encierro, el organismo denunció estos hechos y también se constituyó como patrocinante de los padres de los jóvenes que decidieron presentarse ante la justicia con la expectativa de que “hechos como estos no sucedan nunca más con nuestros hijos ni con otros jóvenes detenidos”.

Una cacería

Ante la fuga, los funcionarios públicos encargados del cuidado y custodia de los menores de edad desplegaron una persecución que al reconstruirla parece montada para el cine. “Estábamos corriendo por el pueblo de Abasto y escuchamos tiros”, describen los jóvenes: eran los operadores del centro y el subdirector que “al dar la voz de alto comenzó a disparar”. Los chicos no pudieron precisar si disparaba al aire o hacia ellos, pero sí que algunos inmediatamente se quedaron arrodillados y otros comenzaron a correr. Describieron cómo a uno de ellos “lo alcanzan, le dan una patada y se cae al piso sobre un charco…”,  y que “todas las personas estaban de civil, eran como 4 ó 5, no vi ningún policía uniformado, me asusté y algunos lloraban mucho”.

[pullquote]‘ahora los voy a llevar al campo, los vamos a dejar ahí tirados y no los paga nadie’[/pullquote]

En la calle comenzaron a golpearlos “nos pegaban en todas partes del cuerpo mientras nos  insultaban y decían ‘los vamos a matar y tirar al campo. Después nos amarrocaron y dos adultos con armas nos tiran en la parte de atrás de la camioneta Hylux de color gris, apilados uno arriba de otro”. Con los chicos recapturados la violencia no cesó, el subdirector subió a la caja de la camioneta “aplastándonos con las rodillas, usaba su fuerza, mientras nos amenazaba… ‘ahora los voy a llevar al campo, los vamos a dejar ahí tirados y no los paga nadie’”.

La tortura

El relato sigue y se vuelve aun más estremecedor al dar cuenta del ensañamiento y del abuso de las autoridades al reingresar al centro cerrado. Los operadores dividieron a los chicos de a pares, llevando a dos al sector de planta alta de la institución y dejando a otros dos en el sector de abajo. Los testimonios coinciden en cómo continuó la violencia: fueron nuevamente golpeados, amenazados y torturados, esta vez con preguntas directas acerca de dónde estaba el resto de los jóvenes que se habían escapado.

“Nos llevan al Copa, nos bajaron a los golpes, querían que les dijéramos donde estaban los otros chicos, nos amenazaban con nuestras familias, nos daban patadas en todo el cuerpo y con las manos también nos golpeaban”. Y continúa:  “nos desnudan totalmente, y nos atan las piernas también. Estábamos tirados desnudos en el piso, comienzan a golpearnos con patadas y piñas. El subdirector decía ‘yo soy subdirector, a mí no me van a hacer nada’”.

La brutalidad de la golpiza hizo que algunos de los jóvenes se quedaran sin respiración, y generó que el resto de los detenidos comenzara a pedir a gritos que dejaran de pegarles.  “El ensañamiento y salvajismo con que fueron golpeados es gravísimo y amerita una urgentísima acción judicial para deslindar responsabilidades”, denunciaron desde la CPM.

Ojos hinchados, escoriaciones y hematomas, marcas, dolores y el rastro de las esposas en las muñecas  fueron sólo algunas de las consecuencias visibles de la crueldad de la que los chicos fueron víctimas. Del personal médico que los revisó ninguno les hizo preguntas en relación a estos golpes, por lo que no recibieron atención adecuada.

[pullquote]La causa por la fuga se cerró sin que ninguno de los jóvenes quedara imputado[/pullquote]

Más tarde los jóvenes fueron separados y derivados a distintos centros de encierro, cuatro volvieron a centros del radio de La Plata y el más golpeado quedó encerrado en un centro del conurbano. La causa por la fuga que tramitó en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 se cerró sin que ninguno de los jóvenes quedara imputado.

Desde la CPM reclamaron medidas urgentes a la justicia. Entre ellas, que se realicen pericias e informes médico y psicológico de los menores de edad, que se informe la planilla de funcionarios del instituto, médicos y demás empleados para identificar correctamente a los responsables y que se notifique a la Secretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, para iniciar medidas y sancionar administrativamente a los responsables. El organismo hizo hincapié en la necesidad de proteger a los jóvenes denunciantes. Además recomendaron procedimientos de investigación que no revictimicen a los jóvenes y los profesionales que tomaron las entrevistas se ofrecieron para prestar declaración testimonial en la causa.

La CPM también subrayó, ante la UFI Nº 5 que lleva la causa, la importancia de dar celeridad a las causas en que se investigan delitos graves cometidos por funcionarios públicos que tienen bajo su responsabilidad la custodia de menores de edad.