Se trata del caso de gatillo fácil ocurrido en 2013 que provocó la muerte de Héctor “Remo” González por parte del policía bonaerense Roberto Fabián Aquino. En el juicio realizado en julio de 2016, el agente resultó absuelto al considerarse que actuó en legítima defensa, pero ahora la Sala quinta del Tribunal de Casación anuló la sentencia por no ajustarse a derecho. La CPM fue notificada de esta resolución en su carácter de institución veedora del juicio y amicus curiae en la causa.

ANDAR en la justicia

(Agencia) El pasado 18 de octubre la Sala quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia resolvió anular la sentencia absolutoria dictada el año pasado por parte del Tribunal Oral Criminal 1 de Morón –que integran los magistrados Juan Carlos Uboldi, Claudio Chaminade y Mariana Maldonado- y, al mismo tiempo, disponer el envío de la causa a la instancia de origen para la celebración de un nuevo juicio “a fin de que mediante la designación de jueces hábiles, se proceda al dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho”.

El caso ocurrió el 22 de marzo de 2013 en el barrio Presidente Ibañez, cuando los integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón Pablo Ezequiel Cuello y Roberto Fabián Aquino perseguían un vehículo particular con pedido de secuestro y se internan en el barrio.

Héctor “Remo” González había salido a la calle alertado por los ruidos, cuando los oficiales —que vestían de civil y sin identificación— quisieron aprehenderlo sin verificar fehacientemente la conexión de Remo con la persecución; luego de un forcejeo, Roberto Fabián Aquino, abusando de su función y excediendo los límites impuestos por la ley, extrajo su arma reglamentaria y le disparó en el abdomen. Héctor González murió en el Hospital de Morón como consecuencia de la herida.

El fallo de Casación implica el reconocimiento de las arbitrariedades ejercidas tanto en la etapa de instrucción de la causa como en el debate oral que derivaron en la absolución del policía Roberto Fabián Aquino, y que fueron denunciadas permanentemente por el particular damnificado y la Comisión Provincial por la Memoria.

En efecto, en la apelación de la sentencia ante Casación, el abogado de la familia de Héctor “Remo” González, Eduardo Guevara Barrios, enumeró entre las irregularidades y arbitrariedades “la falta de fundamentación en la desvaloración de los testimonios prestados en el juicio, catalogados como mendaces, confusos y contradictorios y que sirvió para acoger la versión del imputado de que actuó en legítima defensa”.

Sobre este punto, cabe aclarar que durante el juicio realizado en 2016 el fiscal interviniente no sólo trató como mentirosos a la mayoría de los testigos aportados por el particular damnificado sino que también llegó a amenazarlos con acciones legales por falso testimonio.

Otra situación no probada en el juicio fue la presunta agresión ilegítima hacia el policía imputado, en virtud de la cual se habría defendido. Del mismo modo, durante el debate se dio por real, aunque sin pruebas, la existencia de una situación de riesgo para el efectivo policial, circunstancia que sólo fue mencionada por el propio imputado.

Además, las primeras investigaciones tras el homicidio estuvieron a cargo de la Brigada de Morón, es decir, el mismo cuerpo de seguridad que integraba el imputado. Incluso el acta de procedimiento dice que estuvo a cargo de la Comisaría 4ta de Pavón pero, cuando fue citado a declarar, el Jefe de la Seccional desmintió su participación en la diligencia: se trató de un acta completamente fraguada.

Tal como lo denunciaba la familia de la víctima, así como su abogado patrocinante y la CPM en su carácter de veedora y amicus curiae en la causa, el fallo del TOC 1 de Morón resultó ser una muestra más de la complicidad de los funcionarios judiciales que, como en este caso, terminan avalando la versión policial y garantizando la impunidad de los agentes policiales.

Para el organismos de derechos humanos, las escasísimas condenas que existen en los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos como consecuencia de las prácticas ilegales e ilegítimas de las policías en su despliegue territorial ponen de manifiesto el fracaso de una política criminal que exacerba el punitivismo.