La impulsan dos ONGs: la Red nacional de pensionados no contributivos y la Red autónoma argentina de solidaridad. Procuran juntar firmas entre los beneficiarios de las pensiones no contributivas para derogar el articulado de la ley 26.417 (Ley de Movilidad de las Jubilaciones) que se refiere a este tipo de pensiones. Son necesarias 10.000 firmas en la provincia.

ANDAR en La Matanza

(Emilio González Larrea) Juan Carlos Salas y Mónica López son dos vecinos de Villa Constructora, integrantes de RAAS (Red Autónoma Argentina de Solidaridad) que trabajan con temas de salud de los pensionados, en particular de las enfermedades crónicas, para lo cual recorren diferentes hospitales de capital y el conurbano ayudando a las personas beneficiarias  de esta prestación previsional.

En este momento la RAAS está impulsando una campaña de recolección de firmas en la provincia de Buenos Aires  para presentar acciones legales y administrativas para derogar o declarar inconstitucional los artículos referidos a las pensiones no contributivas en la ley 26.417. En dicha ley se establece que el haber de los pensionados debe ser del 70% de la jubilación mínima. Hoy es de $5.072  en bruto, lo que representa el 30% de lo que necesita una familia en la Argentina para no caer en la pobreza ($16.677).

Juan Carlos dice que la idea es terminar con “esta discriminación de los pensionados e igualar hacia arriba su ingreso con el de los jubilados. Con la campaña se busca juntar 10.000 firmas para presentar en la justicia provincial un recurso de amparo (medida cautelar) y  retrotraer la situación a la ley anterior que no fijaba ese techo del  70% a las pensiones. La campaña se inicia en la provincia de Buenos Aires y los representantes van a ser 5 abogados que se van a comunicar con los pensionados que se adhieran a la misma. En La Matanza estamos juntando las firmas en el Hospital Paroissien, también fuimos  al Hospital Balestrini  pero su director nos  negó el permiso para  juntar firmas en el interior del  mismo”.

Quitan derechos a los más vulnerables

Para conceder una pensión no contributiva, actualmente los plazos se han extendido, tardando  aproximadamente dos años. En el orden nacional hay 450.000 beneficiarios de estas pensiones y un millón y medio de pensionados totales. Según denuncia  el entrevistado, “el gobierno nacional quiere imponer un certificado único de discapacidad (CUD) para conceder el derecho a la pensión no contributiva, ya no alcanzan los estudios médicos o el informe ambiental. Buscan complejizar más los trámites y tener un  certificado, como pretende también hacer con la CUS (Cobertura Nacional de Salud), poseer  un certificado de pobreza para lograr las prestaciones de salud. El macrismo, a través de estas políticas, busca quitar  derechos sociales garantizados en la Constitución, y esas exigencias, como  obtener un certificado de discapacidad único, reconocido sólo por una autoridad centralizada del gobierno, hacen más tortuoso el camino para acceder a esos derechos de las personas más vulnerables de la sociedad”.