Con una orden judicial, efectivos de la Policía de Chubut, de Gendarmería y del Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEOP) desalojaron a la comunidad mapuche de Cushamen, un asentamiento de tierras tomadas cerca de la Ruta 40. La comunidad denunció que el operativo se realizó con una violenta represión y que participó personal sin identificar.

 ANDAR en Chubut

(Agencia) “Un dictamen judicial del año pasado había determinado que no se podía realizar el desalojo de esas tierras, porque los operadores judiciales de la provincia no tenían fueros para juzgar la usurpación”, cuenta César Antillanca, militante de los derechos humanos y la causa de los pueblos originarios. Sin embargo, recientemente, un fiscal con asiento en Comodoro Rivadavia volvió a impulsar el pedido de desalojo por la fuerza de la comunidad mapuche.

Efectivos de la Policía de Chubut, de Gendarmería y del Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEOP) participaron del operativo que se efectivizó haciendo un uso desproporcionado e ilegítimo de la violencia y que en el mismo intervinieron autos civiles y personal sin identificar. Los miembros de la comunidad de Cushamen denunciaron que fueron brutalmente golpeados, incluso menores y mujeres; muchos de ellos fueron detenidos y recién puesto en libertad después de 48 horas.

“Las tres fuerzas policiales entraron en nuestro territorio el viernes a la madrugada; vinieron con una orden de detención por Facundo Jones Huala pero lo que buscaban, en realidad, era desalojarnos”, cuenta Jones Huala, miembro de la comunidad mapuche Cushamen. “El operativo fue muy violento; redujeron a todas las personas y, en el suelo, les oprimían la espalda con las rodillas. Entraron rompiendo las viviendas, dejaron todo desarmado para que no podamos volver y se quedaron ocupando el lugar hasta el sábado a la noche que pudimos recuperar nuestras tierras. Mientras tanto, las madres se quedaron con sus hijos a la intemperie, con estas temperaturas. Fue una tortura lo que sufrimos”, agrega Jones.

Durante el allanamiento, además de Facundo Jones Huala, fueron detenidos otros siete miembros de la comunidad; mucho de ellos “trasladados en autos civiles, sin patente, con vidrios polarizados y conductores encapuchados. Más que una detención, era un secuestro”, dice Jones. Entre el sábado y el domingo, recuperaron la libertad; sin embargo, Jones denuncia que en las comisarías sufrieron todo tipo de tratos inhumanos: “no los dejaban ir al baño y, prácticamente, no le dieron comida”.

Ahora, sólo permanece detenido Facundo Jones Huala que estaba procesado en Chile por la ley antiterrorista y tenía captura internacional. Facundo Jones estaba acusado de incendiar un campo, en el marco de un reclamo mapuche por la defensa activa del Ngen Mapu Kintuante. “Él es una autoridad originaria, un representante político de la comunidad mapuche y nosotros lo reivindicamos como tal: es, por lo tanto, un preso político y requerimos que tenga el tratado que obliga su investidura”, afirmó Jones Huala.

El lof recuperación territorial productivo del departamento de Cushamen-Vuelta del Río sigue sosteniendo su derecho ancestral sobre ese territorio. “El pueblo reclama como propias esas tierras que fueron malvendidas por el Estado provincial a la firma Bennetton. Hay un antecedente, en una zona muy cercana, otra comunidad originaria ya se encuentra asentada en los registros como territorio recuperado”, explica César Antillanca.

“Necesitarmos recuperar las tierras productivas para seguir siendo un pueblo mapuche y no desaparecer. Esto no lo puedo solucionar la justicia ordinaria, somos un pueblo preexistente y esta situación nunca se debería haber judicializado. Nuestro reclamo exige una respuesta política”, cerró Jones Huala.