Ampliamente respaldada por la clase política y fomentada por los medios de comunicación, se aprobó la reforma a la ley de ejecución penal. Fueron 170 diputados nacionales de todos los bloques mayoritarios los que votaron a favor y la convirtieron en nueva norma. Agazapada en un falaz discurso hegemónico que pretende dar la batalla contra la inseguridad, esta reforma no sólo no alcanzará sus tan mentados objetivos sino que va a profundizar el ya existente colapso del sistema carcelario de todo el país y el deterioro de la calidad institucional de nuestra democracia.

Desde que se inició el debate en torno a la reforma de la ley de ejecución penal el año pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió con preocupación sobre las graves consecuencias que traerá. Esta ley que hoy le sirve a la clase política para generar una respuesta inmediata —aunque nada efectiva— frente la demanda social de mayor seguridad sólo va a generar el agravamiento de las condiciones en que se encuentra actualmente el sistema de encierro en las Argentina.

Esta nueva ley, que aprobaron los diputados nacionales pertenecientes a los bloques mayoritarios (PRO, UCR, FR y FPV, entre otros), elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de las personas condenadas y lo reduce a su mínima expresión para el resto. Además, plantea la imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida.

Con estas medidas, el Congreso de la Nación consolida una perspectiva punitivista para enfrentar el delito y la inseguridad. Tal como se expresara en un informe crítico presentado por la CPM en abril de este año a los legisladores nacionales, “estas reformas y propuestas forman parte de las condiciones de posibilidad de una política criminal sostenida en la violencia institucional generalizada sobre los pobres que despliegan todas las instituciones involucradas: el servicio penitenciario, las policías y la justicia”.

Todos los informes técnicos presentados por la CPM, y la participación en la audiencia pública realizada en el senado nacional con otros organismos, documentaron no sólo la regresividad de esta ley sino también sus graves consecuencias inmediatas. Estos argumentos, al igual que la voz de las personas detenidas y sus familiares acreditando los padecimientos constantes a que son sometidos producto de las prácticas vigentes en el sistema de encierro, fueron desoídos por los legisladores nacionales. Ayer la clase política en su gran mayoría legisló contra la Constitución Nacional, convalidó la demagogia punitiva y cimentó las bases  para el colapso carcelario y una mayor vulneración de derechos.

Una vez más, la CPM advierte con preocupación que estas leyes no resolverán la violencia ni la inseguridad sino que la profundizarán y agravarán. Nunca la restricción de derechos y garantías ha resuelto los problemas, nunca la degradación de la democracia trajo bienestar al pueblo, sino todo lo contrario.