Mediante una carta remitida por el Colectivo Nacional de las Personas Privadas de la Libertad (regional Buenos Aires) al gobernador bonaerense Axel Kicillof, se solicitó en las últimas semanas la urgente reapertura de la mesa interinstitucional de diálogo, que se había iniciado en febrero de 2020 a instancias del Ministerio de Justicia provincial y de la que participaban la CPM y otros organismos de derechos humanos, ex detenidos y detenidas y otros espacios de representación institucional. El reclamo surge debido a debido a “la falta de resolución de las problemáticas y vulneraciones planteadas en aquel momento y que en la actualidad no solo siguen sucediendo sino que se han incrementado, generando peores vulneraciones y padecimientos para todas las personas en contexto de encierro”.

ANDAR en las cárceles

(Agencia) “Solicitamos retomar concretamente esa mesa de trabajo dado que desde aquel momento, tanto los funcionarios intervinientes como las personas privadas de la libertad sabíamos que había (y sigue habiendo) problemas estructurales a resolver, por lo que se plantearon objetivos a corto, mediano y largo plazo”, destaca la misiva pública enviada al Ejecutivo provincial.

Cabe recordar que la convocatoria a la mesa de diálogo surgió en diciembre de 2019 luego de que la Suprema Corte de Justicia reclamara una instancia de esas características por las graves vulneraciones a los derechos de las personas encarceladas. Superpoblación, deficiente  provisión de alimentos, malas condiciones materiales de alojamiento y una larga lista de acciones pendientes que la CPM venía denunciando –y lo sigue haciendo- cada año a través de su Informe Anual sobre derechos humanos en contextos de encierro.

Como marco general el Colectivo Nacional de las Personas Privadas de la libertad destaca la última reforma del Código Penal que fuera sancionada y promulgada en 2017: fueron efectuadas una serie de modificaciones que lesionan el principio de supremacía constitucional, por entrar en conflicto con el texto de nuestra ley fundamental.

Dichas modificaciones “atentan contra las personas a las que el Estado Argentino les hubiere restringido el derecho a la libertad ambulatoria, por ende, no son acordes a la convencionalidad, a la que deberían sujetarse, en materia de Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, los cuales nuestro país ratifica y dota de jerarquía constitucional”.

“Partiendo de esa realidad, modestamente apelamos a usted, con la exclusiva finalidad que mediante su intervención se interpele a cada uno de los destinatarios, en procura de respuestas de cara a los planteos oportunamente efectuados a los poderes del Estado Bonaerense y Nacional respecto a la legislación penal, y dejando demostrado nuevamente, que el camino que buscamos y proponemos para resolver los problemas estructurales del sistema penitenciario, como así también todas las falencias del Estado, es el dialogo”, agrega.