En el marco de las medidas que la mayoría de los países empieza a implementar para reducir la población detenida en cárceles y otras instituciones de encierro, particularmente orientadas a los grupos de riesgo, entre ellos los mayores de 65 años, en los últimos días el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el envío de un proyecto de ley, a la que califica de Humanitaria, que tendrá por objeto acelerar y ampliar el otorgamiento de medidas de morigeración de la pena mediante la liberación definitiva o el arresto domiciliario. Con la iniciativa, según manifestó el mandatario, se incluirían a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad que padezcan enfermedades o afecciones graves de salud. Generalizado repudio y rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales.

ANDAR en Chile

(Agencia) “La idea es conmutar la pena de privación de libertad por una pena de arresto domiciliario total y eso va a favorecer a muchas personas no solamente de Punta Peuco sino de todas las cárceles de Chile, que yo creo que debieran poder morir con dignidad junto a sus seres queridos, ese es un derecho que yo creo lo merecemos todos los seres humanos, la muerte con dignidad”, manifestó en entrevista televisiva el Presidente chileno respecto a la iniciativa que podría favorecer a los genocidas de ese país alojados en la cárcel de Punta Peuco, comuna de Til Til.

El anuncio despertó un inmediato rechazo en todo el arco de organizaciones de derechos humanos, espacios sindicales, sociales y partidos de oposición, porque “significaría la impunidad para los asesinos de nuestro pueblo”, tal como manifestó en una declaración pública dirigida al presidente chileno la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y que firman conjuntamente otros espacios de DDHH.

En diálogo con ANDAR, la titular de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Francia Jannet Pizarro, afirmó que “en el marco de esta contingencia sanitaria que nos tiene a todos preocupados, los sectores de la extrema derecha se quieren aprovechar de nuestros reclamos por la liberación de las más de 2000 personas detenidas por la revuelta social que se vive en el país. Se aprovechan junto al gobierno intentando presionar para que les otorguen el arresto domiciliario a aquellos que están procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad”.

“El esfuerzo que han hecho durante todos estos años las agrupaciones y activistas de derechos humanos está siendo nuevamente puesto en riesgo, vulnerado y en condiciones muy adversas para la movilización y denuncia. Creemos que se busca aprovechar una situación de vulnerabilidad de la sociedad civil para emprender estas acciones que no corresponden, puesto que los criminales de lesa humanidad no deben acceder a estas posibilidades”, agregó Pizarro.

“Además, la condición e infraestructura carcelaria en la que están ellos alojados son totalmente distintas a las de la población penal en general. Ellos disfrutan una condición bastante más cómoda y segura, por lo que no hay motivos sanitarios tampoco”, concluyó.

También la mayoría del arco político opositor se pronunció en contra de la iniciativa del gobierno chileno, como es el caso del Partido Por la Democracia, desde cuya secretaría de Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que califican como graves las palabras del mandatario “al insistir con este proyecto ‘Humanitario’ como vía de impunidad a quienes no tuvieron clemencia con miles de chilenos y chilenas durante la dictadura”.

“No debemos olvidar que aún existen cientos de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, cuyas investigaciones no han podido proseguir dada la nula cooperación de los sentenciados y su capacidad de arrepentimiento ante la gravedad de los hechos cometidos”, agrega.

Cabe destacar que la semana pasada se frustró la aprobación de un proyecto de ley en Chile mediante el cual se buscaba la conmutación de penas de cárcel por prisión domiciliaria y que estaba destinado a mujeres con hijos, adultos mayores entre otros grupos de riesgo. La iniciativa no logró los votos necesarios debido a que un grupo numeroso de legisladores exigía la incorporación, entre los eventuales beneficiarios de la ley, a los detenidos por crímenes de lesa humanidad.

En cuanto al proyecto de Ley Humanitaria anunciado por Piñera, ya había sido presentado al parlamento chileno -sin éxito- en 2018, y ahora busca darle impulso para que mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total, puedan solicitar y acceder a la morigeración de la modalidad en el cumplimiento de la pena.