Jonatan Caminos fue brutalmente golpeado durante su detención en Mar de Ajó. Lo siguió la policía hasta la casa de su madre, supuestamente tras evadir un control policial. Allí lo detuvieron con violencia y lo subieron al patrullero; fue la última vez que su familia lo vio consciente. De la comisaría lo derivaron al hospital con hemorragias y lesiones internas y allí murió. La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó en la causa como particular damnificado institucional y solicitó medidas de prueba para investigar la responsabilidad de los agentes involucrados. Tras detectar que la autopsia inicial no se hizo de manera adecuada, pidieron que se repita el estudio con la participación de peritos de parte y cumpliendo con el Protocolo de Minnesota, que debe utilizarse cuando se investigan muertes bajo custodia estatal. La nueva operación fue realizada el martes 5 en la morgue judicial de Lomas de Zamora. Tres policías ya fueron notificados en la causa por el delito de apremios ilegales. La CPM reitera su reclamo para que cese la protección corporativa de la institución policial, que designó abogados y peritos de la propia policía para defender a los agentes.

ANDAR en Mar de Ajó

(Agencia Andar) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó como particular damnificado institucional en la causa por la muerte de Jonatan Caminos, un ciudadano de Mar de Ajó que murió después de ser detenido. A Caminos lo siguió la policía de la provincia de Buenos Aires hasta el domicilio de su madre, según fuentes policiales, porque no se detuvo ante un control. De acuerdo a lo denunciado por familiares y testigos, durante la detención fue brutalmente golpeado, y se lo llevaron junto a otra persona a la comisaría arriba del patrullero.

Al día siguiente, tras permanecer en custodia de la fuerza en la comisaría La Costa segunda de Mar de Ajo, fue derivado de urgencia al Hospital Municipal de la localidad, donde quedó internado en el sector de cuidados intensivos en estado de coma farmacológico.

Al incorporarse a la causa que tramita en la fiscalía descentralizada de Mar del Tuyú, a cargo del Dr Martín Prieto, la CPM solicitó medidas de prueba para garantizar la investigación de las responsabilidades policiales en esta muerte. Una de las primeras fue el pedido de una nueva autopsia que esté a cargo del cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia con la participación de un perito de parte.

A partir del análisis del informe preliminar de autopsia realizado por los dos peritos de parte propuestos, la CPM advirtió graves inconsistencias y contradicciones entre las consideraciones médico legales y las conclusiones de esa pericia. También, desde el organismo señalaron que no se cumplió adecuadamente el protocolo Minnesota que debe respetarse en estos casos, y pidió que se adopten las medidas necesarias para preservar en forma adecuada el cuerpo de Jonatan. Ante dicha presentación, la justicia dispuso que se repita el estudio que fue realizado el pasado martes 5 en la morgue judicial de Lomas de Zamora.

Cabe mencionar que, a pesar de no estar imputado aún ni ser parte del expediente, el titular de la comisaría de Mar de Ajó propuso como perito de parte a un médico de la Policía Científica y designó a dos abogados pertenecientes a la Asesoría Pericial del Ministerio de Seguridad.

La Comisión por la Memoria viene reclamando que los abogados y peritos del Ministerio de Seguridad dejen de intervenir para garantizar la protección corporativa de los agentes. Esto les otorga una doble garantía de protección estatal y los coloca en una situación de privilegio con relación a los restantes funcionarios públicos. Cuando se denuncia a un docente o un médico del hospital público, la Dirección de Escuelas ni el Ministerio de Salud ponen abogados o peritos estatales para su defensa, ya que pueden ser defendidos gratuitamente por la defensa pública que garantiza este derecho. Los policías, además de poder acceder a la defensa pública, también cuentan con equipos de abogados y peritos que paga el Ministerio de Seguridad. En lugar de contribuir al esclarecimiento de los hechos las autoridades policiales invierten grandes recursos en garantizar la protección a los policías, incluso en causas que constituyen graves violaciones de derechos humanos.

La CPM además solicitó que se ordene la incorporación en la causa de los libros de guardia, ingreso y egreso, personal y móviles policiales, los celulares de los agentes involucrados y estudios médicos realizados a Jonatan Caminos al momento de su internación. También incorporar el libro de guardia del hospital municipal e identificar al personal médico presente, secuestrar los registros fílmicos, públicos o privados del día y los lugares donde ocurrieron los hechos y tomar declaración a otros testigos.

A la espera de los resultados que arrojen los informes de la nueva autopsia, el fiscal Martín Prieto notificó de la causa por el delito de apremios ilegales a los tres efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que participaron de la detención de Caminos.