ANDAR en Tierra del Fuego

(Agencia Andar) Los testimonios de Lorenzo Justo Ledesma, Juan Carlos Galloso y Horacio Raúl Bernal sumaron una denuncia de estaqueos y padecimiento de hambre en condiciones extremas, entre otros tratos crueles e inhumanos. Además, de sus declaraciones surge que de las Islas Malvinas viajaron de vuelta al continente, arribaron a Puerto Madryn y de allí a Campo de Mayo donde estuvieron 4 o 5 días “engordando”, los hicieron firmar unos papeles y les impusieron un “pacto de silencio” respecto a lo vivido y ocurrido en las Islas.

Rapoport solicitó la detención y el llamado a declaración indagatoria de diez militares involucrados en estos hechos por aplicación de tormentos a los tres soldados conscriptos. Se trata de Diego Alejandro Soria, Ricardo Mario Cordon, Clemente Eduardo Pecora, Jorge Echeverría, Jorge Julio Chaud, Carlos López Paterson, Jorge Rubén Farinella, Alejandro César Moughty, Orlando Ernesto González y Rafael Barrientos, todo personal jerárquico de las Fuerzas Armadas que ocupó las jefaturas de la Brigada de Infantería III y del Regimiento de Infantería 4, así como la plana mayor de ambas reparticiones.

El fiscal consideró que las pruebas reunidas en relación a los hechos que conforman la denuncia dan lugar a que se ordene la detención de los imputados “a fin de lograr su comparecencia y la respectiva declaración indagatoria”. Los hechos ocurrieron a partir de mayo de 1982 en Monte Kent y Monte Dos Hermanas, en la Isla Soledad, particularmente en la zona de Puerto Argentino. “No fueron acontecimientos aislados e inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores. Contrariamente, las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo”, señaló Rapoport y solicitó que esta nueva causa se acumule con la que se encuentra en trámite en el Juzgado Federal de Río Grande.

Esa causa, que se inició en 2006 y donde son querellantes la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Ex-combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM) entre otros organismos, no tiene avances desde mayo del 2021. En esa fecha se pronunció la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, y determinó por mayoría que otros hechos similares a los impulsados ahora no eran delitos de lesa humanidad y que, por ende, se encuentran prescriptos. Ese fallo fue recurrido por el MPF y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que había calificado los delitos como de lesa humanidad, optó por aguardar ese pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.