En nuestro país, la pandemia mundial ha obligado a decisiones excepcionales por parte del gobierno -en todos los órdenes de la vida social- con un objetivo claro: reducir la letalidad que la expansión rápida del COVID-19 puede provocar en los grupos de riesgo. Esto, en gran medida, debido al colapso que podría provocar en el sistema de salud. El distanciamiento social y normas estrictas de higiene personal y de los ambientes son las claves.

ANDAR en las cárceles

(CPM) En los lugares de encierro se vive una situación extrema, donde todos los riesgos son exponenciales debido al hacinamiento que provoca la sobrepoblación crítica, en plazas que no alcanzan ni para la mitad de la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. No se puede cumplir ni con el distanciamiento social ni con la higiene personal o ambiental básica.

Cabe señalar que este es un problema mundial. Todos los organismos internacionales con pertinencia en la materia, como la OMS, la CIDH y Naciones Unidas, han recomendado como medida paliativa y urgente bajar la población en las cárceles con medidas alternativas a la prisión para el cumplimiento de la pena, libertades o cese de la prisión preventiva, en particular a las personas que son de riesgo por edad o patologías preexistentes. Es decir, aquellas que si se contagian tienen certeza de morir. Esto ha sido también sostenido por los organismos que trabajan la problemática a nivel internacional como el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas o el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina.

En decenas de países como EEUU, Chile, Perú, Irán, Italia, etc. se ha recurrido entre otras medidas a la conmutación de penas e indultos por parte del ejecutivo, o bien leyes que buscaron ese camino. También el Papa Francisco y máximos referentes cristianos de distintas Iglesias han llamado a resolver urgente el problema de las prisiones.

En la Argentina, y en particular, en la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial, mediante distintas acordadas, fallos y resoluciones, ha seguido las recomendaciones de los organismos internacionales, ajustándose a derecho y a valores humanitarios esenciales. Esto ha implicado no solo detener el crecimiento sostenido y acelerado de la población carcelaria, sino ir disminuyendo (aunque lentamente) su número. Esta merma hoy no supera un escaso 5 % del total, mientras la sobrepoblación en algunas unidades asciende al 200%, el triple del cupo. En los pabellones colectivos que esta semana protestaron en la Unidad 23 de Florencio Varela hay capacidad para 35 personas pero alojan a 140. Las medidas básicas para la prevención de la pandemia son inexistentes e impracticables: menos de medio metro cuadrado ocupado por persona, con cuatro canillas de agua para todos, sin jabones ni alcohol en gel o barbijos.

Todas estas cuestiones se han venido tratando y debatiendo antes de la emergencia sanitaria, en diversas mesas de diálogo interinstitucional, con la participación de todos los poderes y la sociedad civil, donde también están representados los familiares de detenidos.

El temor al contagio y la clara conciencia de que las medidas sanitarias para contener la pandemia son de imposible cumplimiento motivaron en las personas detenidas el inicio de protestas y huelgas de hambre. En la mayoría de los casos han sido pacíficas, y gran parte de las peticiones se están tramitando en mesas de diálogo en cada una de las unidades penitenciarias.

Cuando las protestas se tornaron violentas, la responsabilidad debe buscarse en un servicio penitenciario que eligió reprimir y no dialogar. En la Unidad 23 se expresó de manera trágica: la violencia penitenciaria provocó el fusilamiento con balas de plomo de Federico Rey.

Tales hechos han instalado el tema en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, en ellos se han ido expresando las reacciones frente a la aplicación de las recomendaciones puestas en marcha para preservar la vida de las personas detenidas. Se ha montado una operación espuria que promueve la violencia, desprecia la vida, falsea la realidad y nuevamente trata de promover el desprestigio de quienes defendemos los derechos humanos, inventando una suerte de conspiración maliciosa cuyo objetivo es liberar a “delincuentes peligrosos” que pondrían en riesgo la seguridad de la sociedad toda. Esto es falso. En medio de la pandemia alimentan otros miedos, estigmatizan y deshumanizan. Bajezas y fake news para promover el odio y el malestar social.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, siempre hemos sostenido que el aumento del índice de prisionización no es una buena política de seguridad, pero lamentablemente fue la estrategia que, desde hace 20 años, han seguido los distintos gobiernos. Esto llevó al colapso del sistema de encierro. El Poder Judicial es parte del problema, demorando juicios, sentencias y resoluciones. En la provincia de Buenos Aires, la mitad de las personas detenidas están con prisión preventiva, es decir aún no condenadas por el delito que le imputan, y muchos permanecen así por años. Varias de estas causas son “armadas” por policías que no investigan o que regulan el delito con estas prácticas. En la cárcel la atención de la salud es inexistente o desastrosa, se muere de TBC, VIH o neumonías. Desde hace años que la CPM reclama el pase de la Dirección de Salud Penitenciaria, hoy dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la órbita del Ministerio de Salud.

Reducir los riesgos de contagio y difusión del virus dentro de las cárceles es una cuestión de salud pública que involucra a toda la sociedad. Aun los que desprecian la vida de las personas privadas de su libertad por “delincuentes indeseables” y declaman su muerte, deberían comprender que si el virus ingresa en estos ámbitos colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie.

Es por ello que sostenemos que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deben tomar decisiones urgentes para preservar la vida de las personas privadas de libertad, entre ellas, disminuir la población encarcelada. Esto de ningún modo vulnera ni el orden social ni la ley, todo lo contrario, pone a derecho situaciones que se han apartado de los mandamientos constitucionales. Hoy la prioridad es salvar vidas.