Al inicio de la audiencia virtual de este martes, el juez Basílico informó que uno de los tres testigos convocados solicitó la no televisación de su testimonio, pedido aceptado por el Tribunal. Por ello, sólo se presenciaron las declaraciones de María Cristina Jurado, hermana de Graciela Irene Jurado y David Nillni, esposo de María Inés Pedemonte, ambas desaparecidas. Gerardo Carrizo, ex trabajador de la empresa SAIAR, lo hizo sólo ante el tribunal, querellas, fiscalía y defensas, en el legítimo derecho de no hacer público su relato.

ANDAR en la justicia

(Por Diario del juicio) María Cristina Jurado narró el secuestro de su hermana Graciela, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, el 5 de octubre de 1976. Tenía 30 años. Recuerda que el 18 de noviembre hubiera cumplido 31, pero no sabe si aún estaba con vida.

La testigo pudo reconstruir que Graciela estaba caminando con una compañera de militancia y al reconocer un operativo se escondieron en una carnicería próxima, pero de allí las secuestraron. Al día siguiente en la madrugada, se presenta un grupo de hombres de civil “a cara limpia” en la casa de sus padres, en La Plata, donde también vivían Cristina y su hija de 6 años. “Me llevaban”, recuerda. La intervención insistente de su padre logró impedirlo.

Un habeas corpus definió que Graciela había pasado por una comisaría pero ya no estaba. Su hermana no puede recordar cuál. En ese momento tan doloroso, poco le importaba si era una u otra, aunque entiende que hoy, en el marco del juicio, ese dato asuma relevancia.

“Estoy bien; lo peor ya pasó” fue el mensaje que Graciela enviara a Cristina a su trabajo, por medio de una prisionera liberada con quien había estado en una comisaría platense. Esas palabras conforman su único recuerdo directo.

Además de la búsqueda en el Regimiento 7º de Infantería de La Plata, Cristina presentó la denuncia ante la CIDH y el Ministerio del Interior. Relata que al salir de una entrevista allí, la llaman para decirle: “Ud. también tenga cuidado…”. Su rostro refleja la reprobación ante el comentario.

Sólo la voz de Nilda Eloy quebró el silencio sobre Graciela. Pudo narrarle a Cristina que habían compartido cautiverio y las aberraciones que había sufrido. “Nunca más supimos nada, obviamente”. Otros testigos como Haydée Lampugnani la ubicaron en Arana y en la Brigada de Investigaciones de Avellaneda.

Graciela Jurado trabajaba en el Instituto de Previsión Social en La Plata. Allí también militaba y hacía una tarea de concientización entre los trabajadores. Era muy valorada por sus compañeros, pero debió renunciar al iniciarse las redadas represivas en la ciudad.

Era “muy íntegra”. Esa es la semblanza final que Cristina nos quiere compartir.

“Mamá no me vino a buscar”

David Nilllni muestra a la cámara dos fotos de su esposa Inés María Pedemonte con su bebé Sergio en brazos y dice: “No es una foto; es una persona de carne y hueso que amaba, que sentía, que luchaba por algo distinto”. “Era una militante de base, secuestrada y desaparecida forzada”.

Quiso NiIlni inscribir su relato en el contexto de una familia comprometida con su tiempo. Carlos Pedemonte, abuelo de Inés, formó parte junto a Dardo Rocha de la construcción edilicia de la ciudad de La Plata y de sus importantes obras; su padre Juan Carlos, abogado, fue primer juez de pobres y ausentes en Bahía Blanca y fue detenido en 1905 con Irigoyen. La mayoría de sus hermanas eran maestras rurales e iban a enseñar en el monte santiagueño y tucumano. Su hermana Josefina, fue desaparecida el 10 de agosto de 1976.

“Ella quería un mundo mejor, en el que todos tuvieran accesibilidad a la cultura, a la educación y eso, a veces, trae consecuencias”, señala David. Estudiaba Veterinaria en la Universidad de La Plata y trabajaba en IOMA, en el departamento de Odontología.

Casados en 1968, vivían en Tolosa, en una casa muy concurrida por amigos, militantes y compañeros de la Universidad. “Era como una biblioteca. Inés era muy lectora y ayudaba a quienes tenían inconvenientes con el estudio”.

Por diferencias ideológicas ante el marco represivo, decidieron vivir en casas separadas. Su hijo Sergio viviría con él. El 9 de octubre de 1976, Inés debía buscar a Sergio a su domicilio mientras él cursaba. Al regresar, el pequeño estaba en la puerta: “Mamá no me vino a buscar”.  Allí David va a la casa de su esposa y la encuentra vacía, con la puerta abierta. No entendía. Una señora mayor “con cara de angustia, miedo y dolor” le dice: “a la señora la llevaron a la madrugada, gente encapuchada”. Él pensaba en Inés, cuando la sacaron “descalza, agredida, violada”.

El testimonio de David es atravesado por profunda emoción en distintos momentos. Enumera distintos hechos de persecución vividos por él y su familia: al querer anotarse en la Facultad de Medicina para continuar sus estudios un amigo le cuenta que lo habían ido a buscar; al hermano biólogo no le dan el cargo prometido en el Hospital Israelita y tampoco le permiten en la Universidad de Salta, asumir un puesto docente; más adelante, al querer recuperar lo depositado en el Banco de Crédito provincial, un amigo le indica que tenían obligación de demorar a quien buscara sus ahorros.

En abril de 1977 se exilia con su hijo en Israel, gracias a Daniel Recanati, de la Agencia Judía, quien lo ayudó y salvó a más de 500 personas (tanto judías como no). David conforma con Luis Jaimovich y Beba Goldberg, (cuya hija y esposo también fueron secuestrados), la Comisión de Familiares de Desaparecidos de la Argentina, y realizan diversas e intensas gestiones. Las respuestas eran banales: “No sabemos”.

Regresa al país en 1986. En una reunión se le acerca Nilda Eloy. “Quiero contarte que estuve con Inés, y ella me dijo que Sergio estaba en muy buenas manos y protegido”. También Horacio Matoso (secuestrado el mismo día) y Nora Ungaro le relataron el cautiverio compartido. Supo de Arana y no quiso conocer más, por el dolor que le causaba.

David enhebra los reconocimientos a Inés, tanto en una gigantografía como en una baldosa blanca de la memoria en IOMA; o en una calle que lleva su nombre en la Facultad de Veterinaria. Pero no deja de marcar que ella, si hubiera cometido algún delito, debiera haber tenido un juicio con garantías constitucionales. En cambio, “cuando una persona es desaparecida forzosamente, es deportada, es trasladada, es igual a lo que hicieron los nazis. Eso es terrorismo de Estado y es algo de lesa humanidad”.

Tras las primeras dos declaraciones, pasó a testimoniar Gerardo Carrizo, sobreviviente, ex trabajador de la empresa SAIAR.