Este 24 de marzo se conmemorará en un escenario incluso más complejo que el de los últimos años en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar: a las demoras persistentes de la administración de justicia (fragmentación de causas sobre hechos concurrentes, estancamiento de investigaciones en etapa de instrucción, falta de integración de tribunales y problemas de subrogancia de magistrados, fallecimientos de los procesados, entre otros) se suman las medidas de prevención y restricción de personas en audiencias de juicio que distintos tribunales habían comenzado a implementar en las últimas semanas. Finalmente se decretó la cuarentena obligatoria, pero antes ya se habían postergado -por recursos procesales de las defensas o por falta de magistrados- el inicio de 4 de los 8 juicios de este año. En este contexto, este año se ventilarán desde delitos sexuales cometidos en la ESMA hasta el secuestro y privación ilegal de la libertad de 28 empresarios industriales, además de los crímenes de la Triple A en bahía Blanca y el accionar conjunto entre el Pozo de Banfield y el de Quilmes, entre otros.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) “En lo personal, como representante de un poder del Estado, siento la necesidad de pedir disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio”, dijo el presidente subrogante del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, Roberto Amábile, el pasado lunes 9 de marzo, para dar lugar a la apertura del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975 por la Triple A en esa ciudad del sur bonaerense.

La jornada de apertura debía haberse realizado el 13 de febrero, casi un mes antes, pero había sido suspendida y reprogramada por un pedido de las defensas de los cuatro imputados. Ese pedido no era más que una serie de respuestas que los abogados debían dar al Tribunal respecto a la lista total de testigos.

Hubo otro aspecto que aún no está resuelto respecto a la continuidad de los magistrados del juicio: uno de ellos, Javier Aguerrido, cumplirá el próximo 31 de marzo los dos años de subrogancia en Bahía Blanca, plazo límite para permanecer en una suplencia. Casación deberá resolver cómo y quién reemplazará a Aguerrido, ya que no puede renovar ese cargo provisorio.

Así como es paradigmático el caso de Bahía Blanca en cuanto a los desafíos a los que se enfrentan los juicios de lesa humanidad en el marco del 44 aniversario del último golpe de estado cívico-militar, también es emblemático el inicio del juicio conocido como ESMA delitos sexuales, el debate debía comenzar el martes 17 de marzo pero fue suspendido y aún no hay fecha nueva de apertura.

Lo mismo ocurrió con la causa conocida como Chavanne en la que se ventilarán los delitos de privación ilegítima de la libertad que padecieron 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).

Las víctimas estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo y, entre los dos imputados, uno de ellos fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alfredo Etchebarne, durante el tiempo en que ocurrieron los crímenes.

El inicio del juicio Chavanne ya había sido postergado para el 22 de marzo de 2020 y luego volvió a ser suspendido: de acuerdo a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, comenzaría el 12 de mayo a instancias del TOF 5 de Buenos Aires.

También tuvo postergación el juicio que reúne las causas Diedrich y Herrera sobre delitos cometidos a mediados de 1976 en el CCD La Perla, en Córdoba. La audiencia oral debía comenzar en diciembre de 2019 pero se pospuso para el 15 de abril, fecha que hoy resulta poco probable -al igual que las reprogramaciones para el resto de los juicios- debido a la eventual ampliación de medidas de distanciamiento social y regímenes de cuarentena que podría dictar el gobierno nacional en las próximas horas.

En cuanto a la causa Klotzman -en la que se investiga la desaparición de 29 personas en al ciudad de Rosario, de las cuales sólo sobrevivió una niña que tenía 10 años cuando fue secuestrada- ni siquiera hay fecha de apertura para el juicio luego de haber soportado los familiares de las víctimas cuatro suspensiones: 18 de diciembre de 2017, 20 de diciembre del mismo año, 7 de marzo de 2018 y 16 de abril de 2019.

Este cuadro de incertidumbre y potencial parálisis de los juicios se combina con una tendencia iniciada hace algunos días y que aún no se masificó entre los represores condenados y alojados en cárceles federales: la solicitud de arresto domiciliario por integrar la franja etaria considerada como grupo de riesgo.

Al respecto, la titular de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Ángeles Ramos, manifestó que “no tienen que ser excarcelados ni sus condiciones de detención deberían ser morigeradas producto del coronavirus. Por lo menos, por ahora”, y agregó que “hay que evitar que el arresto domiciliario se vuelva una encarcelación encubierta así como no confundir la necesidad de cuidado de la población con sacarse un problema de encima”.

Por su parte, Guadalupe Godoy, abogada que representa a varias querellas en juicios de lesa humanidad en La Plata -entre ellos, el conocido como Brigada de San Justo- señaló que “el Estado tiene responsabilidades adquiridas en materia de lesa humanidad que lo obligan a tomar medidas que impidan una salida masiva de genocidas encubierta en la pandemia”.

Cabe destacar que, según datos de la Procuraduría, hasta diciembre pasado del total de personas detenidas en causas por delitos de lesa humanidad -884 en todo el país- casi dos tercios de ellas gozaban de arresto domiciliario: 608, o el 67 por ciento. Además, en 2019 aumentó un 14 por ciento respecto al año anterior los fallecimientos de personas investigadas o ya condenadas por causas de delitos de lesa humanidad, lo que refleja el acortamiento temporal para la posibilidad de condenar a los responsables de los crímenes que aún gozan de impunidad.

Las cifras son preocupantes en distintos aspectos de los procesos penales: 4 de cada 10 causas activas tienen aún por delante prácticamente todo el recorrido del proceso penal, por lo que centenares de responsables de crímenes de lesa humanidad no llegarán ni siquiera a juicio considerando el tiempo promedio de las etapas de instrucción, elevación a juicio y transcurso del debate oral.

En cuanto a las personas sentenciadas, y habiendo transcurrido 13 años desde el inicio de los juicios y 44 años del último golpe cívico militar, sólo el 26 por ciento de los condenados y el 15 por ciento de los absueltos tienen sentencia firme. Sobre esto último, hay que considerar que, en promedio, desde que se produce el requerimiento de elevación a juicio y el último fallo de la Corte Suprema respecto a casos en particular, es de 5 años y 3 meses.

Por último, resta mencionar la descendente curva de requerimientos de elevación a juicio y las elevaciones propiamente dichas: mientras que en 2015 hubo 33 requerimientos y 27 elevaciones, en 2016 esos números se redujeron respectivamente a 17 y 19, bajando más aún en 2019 a 10 y 8.

A continuación, una breve síntesis de los principales juicios orales cuyo inicio está previsto, o ya comenzaron, en 2020:

Causa ESMA delitos sexuales

En 2011, el juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, ordenó la apertura de una causa por crímenes de lesa humanidad con el objeto de investigar las violaciones y otros delitos de violencia de género cometidos bajo la órbita de aquella dependencia de la Armada. Para el magistrado, “los sometimientos sexuales no fueron casos aislados, sino que se trataba de prácticas sistemáticas llevadas a cabo, dentro del plan clandestino de represión y exterminio, por el Estado”.

“A mi juicio –explicó Torres–, la finalidad por la cual los delitos sexuales se habrían cometido podría estar emparentada a crear en las víctimas cierto estado de cosificación, que eran propiedad privada de sus captores, que estaban libradas a sus designios, en definitiva como una forma de reducción de la voluntad y método de dominación. Podría pensarse, como otra hipótesis, que estos ataques sexuales pudieron haber servido además a los captores para obtener información de parte de una persona cercana a esa víctima a quien hacían presenciar el ataque”, consideró en aquél momento.

Aquella disposición de Torres es la que originó la causa ESMA delitos sexuales que debía comenzar a ventilarse en debate oral y público este 17 de marzo pero se pospuso.

Tiene dos imputados: Jorge Eduardo Acosta (líder del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada) y Alberto Eduardo González, ambos ya cumpliendo condenas de prisión perpetua. Se juzgarán, a instancias del TOF 5 de Capital Federal, hechos ocurridos entre 1977 y 1978 de violaciones y violencia sexual en perjuicio de tres víctimas.

El juzgamiento de los delitos sexuales en el marco del plan sistemático de exterminio ha sido examinado por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, que en el marco del 8 de marzo pasado, Día Internacional de las mujeres, publicó un informe en el que se evidencia que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante la dictadura.

Asimismo, examina que, de las 241 sentencias dictadas en causas de lesa humanidad, sólo 31 contemplan delitos por violencia sexual (en las que hubo condenas por hechos que damnificaron a 112 víctimas, 97 de ellas mujeres y 15 varones). Estas cifras revelan el escaso énfasis que el sistema de justicia ha otorgado a los delitos sexuales desde el inicio de los juicios.

Causa Triple A Bahía Blanca

Los delitos que se ventilarán ocurrieron entre 1974 y 1975 en la ciudad del sur bonaerense y se investigan como crímenes de lesa humanidad por la vinculación y articulación de la organización Triple A con estamentos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El entonces diputado Rodolfo Ponce y el exrector de la Universidad del Sur Remus Tetu fueron los referentes locales de la banda parapolicial y los acusados en este juicio serán Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero.

“Es un juicio importante porque después de más de cuatro décadas y varios juicios orales por primera vez podemos llevar este período a juicio, con nada menos que 24 homicidios, y también avanzar en las responsabilidades de civiles”, consideró Pablo Fermento, integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca junto a los fiscales Miguel Palazzani y y José Nebbia.

Uno de los casos más conocidos que será juzgado ocurrió el 3 de abril de 1975, cuando un grupo de empleados de seguridad y vigilancia que habían sido contratados por el rector Tetu asesinaron en un pasillo de la universidad frente a decenas de estudiantes al secretario de la Federación Universidad del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista, David Cilleruelo.

Aceituno es el único imputado que llegará al juicio con prisión preventiva. Curzio, Forcelli y Pallero, por su parte, habían sido excarcelados cuando cumplieron tres años en prisión preventiva por lo que afrontarán el proceso en libertad.

De acuerdo a la acusación en la causa, la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) llevó a cabo un programa de persecución y eliminación de opositores políticos bajo la dirección, el suministro de blancos y medios además del amparo de la estructura estatal.

Cabe destacar que como imputado por crímenes de lesa humanidad por su rol en la Triple A de Bahía Blanca también está el excamarista federal Néstor Montezanti, pero su procesamiento tramita por vía separada, y actualmente se espera una definición procesal por parte del juez de primera instancia Walter López da Silva.

El juicio contempla más de 20 homicidios cometidos por la organización en Bahía Blanca, excepto uno que se produjo en Huanguelén, partido de Coronel Suárez, donde fue asesinado el bioquímico y docente Rodolfo Gini. Meses después de ese crimen, ya durante la dictadura, el Ejército ocupó la localidad y secuestró a sus familiares y estudiantes.

Causa 1 y 60

El juicio estará a cargo del TOF 1 de La Plata con los jueces subrogantes para esta causa Ricardo Basílisco, Nelson Jarazo y Roberto Lemos Arias (el mismo tribunal lleva adelante desde 2018, con los jueces también subrogantes Alejandro Daniel Esmoris, Pablo Daniel Vega y Nelson Javier Jarazo, el juicio conocido como Brigada de Investigaciones de San Justo) y su inicio está previsto para el 22 de abril.

Hay 19 imputados entre militares del Regimiento 7 y del Destacamento 101 y policías bonaerenses y de la Federal a los que se investigará por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como “1 y 60”, que fue el primer eslabón del plan represivo montado por las fuerzas armadas y de seguridad en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar.

Entre los delitos, hay 197 casos de secuestros y aplicación de tormentos, un caso de desaparición y delitos contra la integridad sexual de las víctimas.

Uno de los imputados en 1 y 60 fue integrante del grupo de ultraderecha Concertación Nacional Universitaria (CNU) y será juzgado por un operativo realizado el 3 de abril de 1976 en la calle 23 de La Plata, por el que fueron secuestrados los militantes Nélida Leonor Balbi, Luis Julián Farina y Roberto Mario Carattoli, quienes fueron llevados a 1 y 60.

Causas pozos de Banfield y Quilmes

También a instancias del TOF 1 pero con los jueces subrogantes Walter Venditti, Eduardo Farah y Esteban Carlos Rodríguez Eggers, se llevará a cabo, desde el 5 de mayo, el juicio que incluye delitos de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield y de Quilmes, existiendo en el expediente 21 víctimas que pasaron por ambos centros clandestinos de detención. En el primero de ellos se incluyen 254 víctimas, en tanto que por el segundo se ventilarán 175 casos.

Los imputados son 19, muchos de ellos ya condenados en múltiples ocasiones como el exDirector de Investigaciones de la Policía de la Provincia, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, al igual que Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Carlos María Romero Pavón y Jorge Héctor Di Pasquale.

Cabe recordar que el Pozo de Quilmes ha sido desafectado y transferido a la Comisión Provincial por la Memoria para la preservación del edificio y la creación de un Sitio de Memoria. El 17 de febrero de 2017 fue conformado el Consejo del Sitio de Memoria de acuerdo a lo establecido por la ley 14895, con tres representantes de la CPM, ocho miembros del Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, además de un representante de la Secretaría de DDHH de la Provincia y otro de la Subsecretaría de DDHH de Quilmes.

El Pozo de Quilmes fue uno de los tantos CCD que formaron parte de la red represiva de la provincia de Buenos Aires que operó bajo las órdenes del General Ramón Juan Camps quien fuera el jefe de la Policía de la provincia durante los primeros años de la dictadura militar.

El Pozo de Quilmes cumplió funciones específicas como “depósito de prisioneros”, lugar de obtención de información, y uno de los pasos previos a la decisión sobre el destino de cada detenido-desaparecido: el traslado final (asesinato) o la legalización, para la cual el detenido-desaparecido pasaba por alguna comisaría y luego era enviado a algún penal.

Según la información disponible aproximadamente 250 víctimas estuvieron secuestradas allí. Entre ellas hubo niños y niñas, por lo menos siete mujeres embarazadas y también personas extranjeras, entre ellas más de 30 de nacionalidad uruguaya.

Los otros dos juicios para el 2020

El juicio Cueva III, en Mar del Plata, comenzó a mediados de febrero con 5 imputados y 62 casos de víctimas; y el 7 de mayo iniciaría el juicio Laguna Paiva, en Santa Fe, con 6 imputados de la policía provincial y 11 casos de víctimas.