La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza el proyecto de ordenanza municipal impulsado por el bloque oficialista del Concejo Deliberante de La Plata, que propone aplicar el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas aprobado recientemente por el Consejo de Seguridad Interior. Además, advierte que cualquier decisión política que cercene el legítimo derecho a peticionar constituye una vulneración de las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático.

ANDAR en La Plata

(CPM/Agencia) Es importante destacar que el protocolo anunciado a nivel nacional no ha tenido una resolución formal que le dé vigencia y que la provincia de Buenos Aires no dictó ninguna resolución en consecuencia. En estos términos siguen vigentes los “Criterios mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas”, aprobados mediante Resolución 210/11 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El proyecto municipal avanza sobre restricciones a derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente y el Municipio se arroga facultades que no tiene para legislar en materia penal, procesal penal o disponer la intervención de las fuerzas policiales provinciales; en la misma dirección, el proyecto tipifica como delito la protesta social e invierte la carga de la prueba. En este sentido el proyecto presentado es inconstitucional, vulnera derechos fundamentales de la población y coloca a los funcionarios al borde de cometer delitos contra el orden democrático, mucho más graves que los que se dicen prevenir con esta medida.

Entendemos que, sin dudas, la prioridad política en este momento no es regular la protesta sino controlar y protocolizar la intervención policial ante los conflictos sociales. Sobran los ejemplos que dan cuenta de esta necesidad en la historia de nuestro país. Como antecedentes recientes, cabe recordar la feroz represión desatada en La Plata a trabajadores despedidos -que también estuvo acompañada por el señalamiento por parte del Municipio de supuestos instigadores de la manifestación-, y la violenta represión a los trabajadores de la empresa Cresta Roja.

Por otra parte, la CPM repudia las limitaciones impuestas al trabajo de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. Según el nuevo protocolo y la homónima ordenanza, la prensa cumplirá su labor en una “zona de ubicación determinada”. Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa.

La criminalización de la protesta y la represión no son una novedad en Argentina y sus efectos nefastos son conocidos. Estas medidas no han resuelto ningún conflicto; por el contrario, han generado la pérdida de decenas de vidas. A 40 años de la última dictadura cívico-militar, hay numerosos mecanismos institucionales y políticos para dirimir los conflictos de acuerdo a la Constitución y a la ley.

Desde la CPM, advertimos sobre estas medidas que lesionan derechos esenciales, profundizando el autoritarismo, la discriminación y la ilegalidad.