Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la ley de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados representa un avance sustantivo en el desarrollo de políticas integrales de prevención de la violencia armada. Impulsada por la Red Argentina de Desarme (RAD) y discutida con más de veinte organizaciones sociales y de derechos humanos del país y la región, la ley sienta las bases para la creación de un organismo con autarquía económica y financiera, plenas facultades para el desarrollo de políticas de control del mercado legal de armas y capacidad para contribuir a la persecución del mercado ilegal y la prevención de la violencia, tal como lo viene exigiendo la CPM durante los últimos años.

ANDAR en la Provincia

(CPM) Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática, consideró que “se trata de un paso fundamental para crear una institución estatal capaz de asumir el desafío de las políticas ligadas al control de los mercados legales e ilegales de armas y al desarrollo de estrategias de desarme. El desafío ahora es la puesta en marcha e implementación, pero sin dudas estamos en presencia de un punto de ruptura con el viejo esquema en el que los que financiaban el organismo estatal eran los vendedores de armas”.

Desde 2011, la CPM viene trabajando y realizando propuestas vinculadas a la grave problemática de las armas de fuego. Desde 2012, elabora y actualiza, en la provincia de Buenos Aires, un informe sobre prevención de la violencia armada que da cuenta de las graves falencias en materia de control de armas. Según el informe, esa falencia deriva en un “alto impacto en la producción de violencia, ya que las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal y facilitan el despliegue de prácticas policiales y judiciales ilegales”.

[pullquote]las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal[/pullquote]

Recientemente, desde la CPM se ha presentado un documento a los distintos poderes y organismos provinciales, nacionales e internacionales. En este se destacan las graves falencias existentes en la provincia de Buenos Aires en materia de control de las armas de fuego, municiones y otros materiales controlados, haciendo hincapié en las que se encuentran bajo custodia del Estado.

Se trata de un problema de primer orden que tiene un alto impacto en la producción de violencia, ya que las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal y facilitan el despliegue de prácticas policiales y judiciales ilegales.

La CPM accedió a información oficial que constata la existencia, entre 2009 y 2014, de al menos 900 armas pertenecientes a la Policía de la provincia de Buenos Aires que se extraviaron, robaron o desviaron, entre otros supuestos. Sin dudas, se trata sólo de la punta del iceberg que da pie a diversas hipótesis; entre ellas, la incorporación de estas armas al mercado ilegal. Sin embargo, queda pendiente continuar explorando la verdadera dimensión de este problema si se tiene en cuenta el caudal de armas en poder del Servicio Penitenciario y las agencias de seguridad privada.

[pullquote]información oficial constata que entre 2009 y 2014 al menos 900 armas pertenecientes a la Policía de la provincia de Buenos Aires que se extraviaron, robaron o desviaron[/pullquote]

Es necesario limitar el acceso y la circulación de las armas de fuego porque su presencia agrava las consecuencias de todos los conflictos: incrementan la probabilidad de desenlaces fatales en las peleas vecinales, de tránsito, barriales, en los casos de violencia de género y familiar; además, aumentan el riesgo de muerte en los hechos delictivos, provocan accidentes y favorecen la letalidad de los intentos de suicidio. Entre 2008 y 2011, sólo en la provincia Buenos Aires murieron 4.596 personas por armas de fuego.

En relación a la intervención policial con armas de fuego, el documento destaca que la mayoría de las muertes provocadas por funcionarios policiales se desencadenan fuera del horario de trabajo. La muestra sobre la que trabaja el informe, indica que el 70 por ciento de estas muertes se produjeron en franco de servicio. En estos casos y en el marco del estado policial, los policías utilizan las armas reglamentarias para gestionar conflictos privados o responder a situaciones de victimización por robos.

En este punto, Pomares destacó: “Es un tema que atraviesa distintos aspectos, pero uno que consideramos fundamental es el vinculado a las armas en poder y bajo custodia de los organismos y agentes estatales. En este sentido, es necesario generar mecanismos de control y registro de las armas y otros materiales controlados secuestrados por agencias policiales y judiciales, generar depósitos seguros para las mismas y establecer criterios restrictivos para el uso de armas por parte de los agentes policiales”.