Al menos 18 personas fueron asesinadas por efectivos de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires durante el último mes; es decir, una muerte cada 40 horas. En la mayoría de los casos, las y los agentes policiales estaban de civil y actuaron para impedir el robo de bienes propios; en muchos de ellos, ni siquiera había amenaza real contra la integridad física y las policías dispararon a matar, a veces, incluso por la espalda, contra jóvenes que estaban desarmados o sólo tenían un cuchillo, una tijera o un arma de utilería. Por estas muertes, no hay ningún funcionario policial detenido ni desafectado aunque sea preventivamente.

ANDAR en la Provincia

(Agencia) En las primeras horas de junio, en San Nicolás, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán iban en moto a casa de un amigo. Como estaban incumpliendo la cuarentena, y por temor a que le secuestren el vehículo que usaba para trabajar como repartidor, Ezequiel esquivó un puesto de control. Inmediatamente, los efectivos de la Policía Local lanzaron un operativo cerrojo que terminó a las pocas cuadras: un patrullero que venía de frente y sin las sirenas ni las luces azules prendidas se cruzó de carril intencionalmente para cerrarles el paso; Ezequiel maniobró para evitar el choque, pero impactó de todos modos con el móvil. Los dos jóvenes salieron despedidos por el aire y golpearon contra el asfalto: Ulises murió casi en el acto, tenía 25 años; Ezequiel de 30 falleció a los pocos días en el hospital.

La falta de racionalidad y la desproporción en el uso de la fuerza es evidente: la situación no significaba una amenaza ni un riesgo para nadie y el simple hecho de esquivar un control policial no puede justificar el operativo que se desplegó posteriormente y terminó con estas muertes. La discrecionalidad, arbitrariedad y desprofesionalización de las fuerzas son una constante en la mayoría de los casos de uso letal de la fuerza.

El caso de San Nicolás fue el ejemplo, además, de otra forma de la letalidad policial: las persecuciones y muertes utilizando los patrulleros. Ezequiel y Ulises fueron las primeras dos de, al menos, 18 víctimas por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense durante el mes de junio. Una muerte cada 40 horas, así surge del relevamiento que hace la Comisión Provincial por la Memoria a partir de la información que se publica en medios de comunicación.

Durante mayo, es cierto que con una cuarentena más estricta, y por lo tanto con menor circulación en las calles, las víctimas policiales habían sido siete. El incremento entre un mes y otro es notorio. También en la comparación interanual, respecto del mes de junio del año pasado, el incremento es sustantivo.

El 14 de junio en la localidad de Plátanos, siempre según la versión policial, Augusto Iturralde y Diego Arzamendia quisieron asaltar a Javier Larrosa, un agente de la Policía de la Ciudad que estaba de civil; en su declaración, Larrosa dijo que Augusto se bajó de la moto y lo amenazó con un revólver, él se identificó como policía, desenfundó el arma y se enfrentaron a tiros. El policía disparó 11 veces y la bala que mató a Iturralde entró por la espalda. Otras vainas del revólver de la víctima también se encontraron en la escena del crimen.

El relato policial habla de legítima defensa; sin embargo, la versión no se condice con el testimonio de un vecino y presenta una duda central: el revólver de la víctima fue descartado, supuestamente, por Diego cuando escapaba, perseguido por el oficial de la Policía. Pero no se explica, cómo en el supuesto tiroteo, el arma quedó en manos de Diego y no de quién, según Larrosa, disparó. Por la cantidad de disparos, porque la herida mortal fue en la espalda y por las dudas en torno al relato, Larrosa quedó en un principio detenido por homicidio agravado en exceso de la legítima defensa. Pocas horas después, la fiscalía sostuvo que la versión policial cerraba y lo liberó.

Dos días después, el martes 16, Diego también fue asesinado. En las cercanías de la estación de trenes de Berazategui, la Policía Local acudió a un llamado al 911 que alertó sobre la presencia en la vía pública de una persona en un visible estado de alteración y con supuestas intenciones de robo. Diego fue arrinconado por una decena de policías: el joven habría amenazado a los agentes con un cuchillo y un policía le disparó dos veces a quemarropa; una de las balas impactó en la pierna, la otra en el abdomen. No habría sido el único que disparó, en los videos del hecho, se escuchan al menos cinco detonaciones.

Tras las primeras diligencias judiciales, la UFI descentralizada 4 de Berazategui avaló la versión policial y consideró que el agente actuó en legítima defensa. Una decisión que pasa por alta la evidente desproporcionalidad en la agresión policial para repeler la amenaza que existía; podrían haberlo reducido antes de disparar e, incluso, sólo el primer disparo en la pierna bastaba para controlar la situación.

A la falta de profesionalización de las fuerzas de seguridad, se suma otro hecho de notable incidencia en los casos de uso letal de la fuerza: el estado policial, que los obliga a estar con el arma reglamentaria las 24 horas los 365 días del año. De los 17 hechos que hubo en junio (el de San Nicolás tiene dos víctimas), en 11 actuaron agentes de civil; es decir, cuando estaban fuera de servicio.

El 12 de junio, una oficial de la Policía de la Ciudad estaba de civil esperando el colectivo en la parada de la esquina Constancio Vigil y Cruz Varela de la localidad de La Reja, Moreno. Según la versión judicial, un joven la abordó de espaldas y la amenazó con una tijera para robarle el celular, ella le entregó la mochila, después sacó su pistola reglamentaria y dio la voz de alto: Alexis Lucero le pidió que no dispare pero la policía disparó igual, a la altura del abdomen. El joven de 17 años quiso correr hacia su casa, pero cayó muerto a los pocos pasos.

Fernando Leguizamón era mecánico, tenía 31 años y cinco hijos. En las primeras horas del lunes 22 de junio, volvía caminando a su casa junto a su compañera; en el barrio La Cañada de Quilmes, en la avenida Mosconi entre Tucumán e Islas Malvinas, se toparon con un grupo de personas que comenzó a increparlo.

En ese grupo iba de civil una pareja de agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Rodrigo Valdez y Natalia Zuleta. Según el testimonio de la mujer de Fernando, buscaban a una persona que habría robado un automóvil y lo confundieron. Esa suerte de cacería de policías de civil terminó en el asesinato de Fernando: en algún momento del altercado, Valdez sacó su arma reglamentaria y le disparó dos veces; cuando cayó al suelo, siguió pegándole patadas.

Sergio y Gonzalo tenían 20 y 24 años, respectivamente. Los dos fueron asesinados durante intentos de robos por efectivos de seguridad que estaban de franco. Los dos tenían sólo un arma de juguete.

El estado policial y la portación del arma las 24 horas del día, los siete días de las semanas, también produce muertes evitables en circunstancias de carácter privado. El 18 de junio, en la localidad de San Andrés de Giles, el policía bonaerense Javier Savietto mató a su amigo Diego Quinteros con una bala que se le disparó del arma reglamentaria cuando estaba descargándola.

El uso de la fuerza debe estar guiado por los principios de excepcionalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. En este sentido, el uso de las armas de fuego es una medida extrema a la que debe recurrirse como último recurso ante el riesgo cierto e inminente a la propia vida o la de terceros. Los casos mencionados demuestran que esos criterios no se respetan, que ante cualquier amenaza, por más mínima que sea, las fuerzas de seguridad disparan a matar.

Por las 18 muertes por uso letal en la fuerza durante el mes de junio, no hay ningún funcionario policial detenido ni desafectado aunque sea preventivamente. Bajo la excusa de la legítima defensa, se justifica casi cualquier accionar aún cuando produce muertes que, a todas luces, resultan evitables.