Tras 104 audiencias, el viernes se conoció la sentencia por la causa de lesa humanidad La Huerta contra 35 ex militares, penitenciarios policías y civiles. El Tribunal dictó 8 condenas, 4 de ellas a perpetua contra Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Duret. La etapa de instrucción de la causa comenzó en 2006 en el Juzgado Federal de Azul y el juicio oral comenzó 16 años después, el 25 de febrero de 2022. Declararon más 200 testigos y se realizaron inspecciones oculares en comisarías y lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención. 

Christian Madia para ANDAR

(Agencia Andar) Conocido como el juicio La Huerta, la causa no sólo contempla los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el CCD que funcionó en Tandil, sino todo un circuito represivo que incluye en la misma ciudad a la quinta de los Méndez; en Azul la ex Estación del Ferrocarril y la Unidad Penal n° 7; Monte Pelloni en Olavarría y la comisaría de Las Flores, en la localidad homónima que, entre otros, suman un total de 14 centros clandestinos de detención. 

El CCD La Huerta estaba ubicado en la ruta nacional 226, a quince minutos de la ciudad de Tandil. Operaba bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército, dentro de la subzona 12.

A pocos días de conocerse la sentencia, ANDAR dialogó con María del Carmen Silva, sobreviviente de La Huerta e integrante del grupo Memoria por la Vida en Democracia. En 1975, a los 18 años, inició la carrera de Trabajo Social en la UNICEN (el año de su nacionalización), donde comenzó su militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) formando parte del centro de estudiantes.

En la noche del 8 de septiembre de 1977 un grupo de tres personas que se identificaron como personal del ejército la secuestró en su propia casa, donde vivía con sus padres y hermana. “Revisaron todo. Principalmente se llevaron fotos donde había personas jóvenes, que eran compañeros egresados de mi hermano. Evidentemente buscaban marcar gente. Me hicieron subir a un auto y alcancé a ver a mi mamá que caminaba hacia el medio de la calle mirando cómo se alejaba el auto. Ahí mismo me golpearon, me obligaron a mirar para abajo y me pusieron una capucha en la cabeza. Me amenazaban ostentando poder e información de lo que sabían de mí”, recuerda Silva.

El vehículo arremetió por la calle Sáenz Peña del barrio Villa Italia, donde María del Carmen vivía, anduvo dos cuadras hasta doblar por Urquiza y tomar la ruta nacional 226. “Llegamos a un lugar y alguien abrió una tranquera. Entramos por un camino de piedra y pasto y bajamos en una casa que tenía pedregullo, se notaba en los pies al caminar. Por debajo de la capucha veía que la luz de la casa estaba encendida. Se oían voces de hombres y la radio prendida. Me metieron en una de las tres habitaciones pequeñas que había, cerca de un corredor y una cocina con una estufa a leña, no se me quita el olor de la leña”. Frente a la casa había un galpón de chapa que funcionaba como sala de tortura: “traían a personas que estaban secuestradas en otros lugares de la ciudad para picanearlas y las devolvían de donde venían”, rememora.

María del Carmen estuvo secuestrada tres semanas, “en ese tiempo pude darme cuenta de que todos los días venían a los interrogatorios unos tipos a quienes los guardias les tenían miedo y los llamaban ‘los jefes’. Supongo que eran del ejército porque venían con botas”. 

Pudo dar testimonio por primera vez en el año 2006 ante el juez Juan José Comparato, en Azul; “antes tenía miedo de hablar, pero guardé ese recuerdo en mi memoria”. 

Luego de liberarla la vigilaron un breve tiempo y aunque quiso retomar sus estudios universitarios, los abandonó definitivamente porque sabía que ponía en riesgo a los compañeros que se juntaban con ella: “la gente tenía miedo de cruzarme”, asegura.

Ella marca como uno de los puntos importantes del juicio cuando quedó demostrada la persecución a la clase trabajadora organizada en Tandil, Olavarría y Azul: “eso es importante porque a veces no se tiene tan presente que los trabajadores fueron las principales víctimas del terrorismo de Estado, por ejemplo quienes cayeron porque fueron entregados por la empresa Loma Negra”. La empresa fabricante de cemento fue fundada por Alfredo Fortabat; cuando éste falleció, en 1976, se hizo cargo su viuda, María Amalia Lacroze de Fortabat.

El doctor Guillermo Torremare es abogado querellante en la causa por parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), a quien le consultamos por la implicancia que tiene este juicio en las comunidades de Tandil, Las Flores, Azul, Olavarría y otras: “con el desarrollo de este juicio las sociedades de esas ciudades han tomado dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado. Estoy seguro que muchas historias, que antes estaban silenciadas, recién se conocieron públicamente por los testimonios aportados. Siempre hay un sector de la sociedad que se involucra y otro que permanece ajeno. Pero luego de que se da a conocer lo probado en el juicio nadie podrá negar ni reivindicar lo actuado por la dictadura. No obstante, es importantísimo seguir trabajando en la memoria para que el Nunca Más sea una realidad”.

El viernes 24 de octubre se conocerá la sentencia para los responsables de la Subzona Militar 12 y a quienes integraban las planas mayores de las áreas 121,123, 124 y 125. El único civil que llegó vivo a la instancia de sentencia es Julio Méndez, a quien se le imputan casos de víctimas que fueron alojadas durante su secuestro en una propiedad de la que él era copropietario y fue conocida como Quinta de los Méndez en Tandil.

Gladys D’Alessandro también es querellante en la causa por la desaparición de su esposo Carlos Labolita, militante montonero secuestrado en Las Flores en abril de 1976. Fue llevado a la Brigada de Investigaciones de Las Flores, ubicado en la Av. Avellaneda 705 de esa localidad, que funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1976 y 1978 y operaba bajo la órbita del Comando Zona I, Subzona 12. Hoy es un espacio para la memoria. 

Si bien Gladys tiene expectativas de que se logre una condena para todos los imputados, siente que la justicia llega demasiado tarde porque muchos imputados murieron durante el trámite de la causa. Sin embargo, admite que el juicio logra, al menos, poner de manifiesto lo ocurrido. En conversación con ANDAR reflexionó sobre esto: “los familiares de detenidos desaparecidos, como es mi caso, siempre tratamos de visibilizar quiénes fueron los responsables de los secuestros y que lo que venimos diciendo hace 50 años ahora debe decirlo la justicia, de este modo la gente sabrá que nunca mentimos, que siempre dijimos la verdad”.