El Consulado General del Perú en La Plata, junto a varias organizaciones territoriales que nuclean a migrantes de toda América Latina, organiza una pollada solidaria a favor del pueblo peruano; desde diciembre, varias zonas del país sufrieron inundaciones y aludes que causaron más de 70 muertos y afectaron a unas 600 mil personas. En el marco del trabajo que se viene realizando con la comunidad de migrantes a raíz del inconstitucional decreto de reforma de la ley de inmigraciones, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompaña esta jornada y se suma a las actividades para seguir difundiendo el carácter regresivo en materia de derechos humanos de esta reforma. La pollada se realizará a partir de las 10 horas en el predio municipal de La Plata, calle 122 y 53.

La costa del pacífico peruana está en emergencia; las imágenes que circulan hablan por sí misma: las intensas lluvias, producto del fenómeno climático conocido como “el niño costero”, desbordan ríos y arroyos, y el agua avanza hacia las ciudades arrastrando todo a sus pasos. Puentes, personas, animales y casas se ven arrasados por las inundaciones y los aludes. Hasta el momento, hay más de 70 personas muertas y varias más desaparecidas y heridas, más de 600 mil afectados y grandes pérdidas económicas.

En estas semanas, el pueblo peruano ha recibido el apoyo de países y organismos latinoamericanos. En el marco de esas muestras de respaldo, el Consulado General del Perú en La Plata organiza la “Gran pollada solidaria a favor de nuestros hermanos damnificados”. La jornada tiene una entrada donativa de 80 pesos y contará, además de la pollada, con otros platos típicos, números artísticos, danzas folclóricas y campeonatos deportivos.

Junto al Consulado, otras organizaciones territoriales que nuclean a migrantes de América Latina convocan al encuentro; entre ellas, la Red de Inmigrantes Latinoamericanos de La Plata, Berisso y Ensenada (RIL). “Hay muchas instituciones peruanos que estamos trabajando coordinadamente para recaudar fondos; nosotros vivimos esta situación con especial angustia por nuestros familiares y éste es un momento para poder estar juntos”, señaló Diana Asmat, referente de la RIL. Y agregó: “Pero la jornada también es un momento para compartir todo el trabajo que venimos haciendo con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por la reforma arbitraria y regresiva de la ley de inmigraciones”.

El decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que reformó la ley de inmigraciones fue publicado en enero en el Boletín Oficial. Desde el primer momento, la CPM señaló que este decreto era inconstitucional y tenía un fuerte contenido xenófobo y discriminatorio, que equipara la condición de inmigrante a la de delincuente y con eso legitima la estigmatización de amplios sectores de nuestra sociedad.

“Para nosotros, como red de migrantes, trabajar con la CPM es muy importante; nos brinda un acompañamiento y un asesoramiento que es indispensable para denunciar la grave regresión en política inmigratoria que significa este decreto”, dice Diana Asmat. Y agrega: “La Comisión tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en el trabajo con los sectores populares frente a un Estado que, como en este caso con los migrantes, avasalla el derecho de las personas más vulnerables”.

Bajo la falsa excusa de luchar contra el delito, el decreto 70/2017 restringe derechos y garantías constitucionales y construye un procedimiento legal para la expulsión de inmigrantes. A partir de esta reforma, haber sido condenado alguna vez o, peor aún, el sólo hecho de tener una causa judicial abierta ya son motivos para no permitir la residencia en Argentina. Y también establece procedimientos sumarios de expulsión que hacen, prácticamente, imposible que los inmigrantes puedan acceder a una defensa pública eficaz.

En los hechos, esta reforma vulnera la garantía del debido proceso e invierte el principio de inocencia y no respeta los principios constitucionales de legalidad e igualdad ante la ley. Todo esto, fue presentado por la CPM a los legisladores nacionales de la comisión bicameral de trámite legislativo que tiene a su cargo la evaluación del decreto.

“Hay muchos migrantes que, todavía hoy, no conocen verdaderamente los alcances de esta normativa. Muchos sólo escucharon el argumento mediático de lucha contra la inseguridad pero, en realidad, las modificaciones introducidas representan un claro retroceso en materia de derechos, estigmatiza y favorece la discriminación laboral, pero también la discriminación en las escuelas y hospitales”, cerró Diana Asmat.

Durante la jornada del sábado, y en el marco de este trabajo coordinado, la CPM difundirá materiales para dar a conocer los alcances que tiene esta reforma. Al mismo tiempo, sigue sosteniendo la importancia de convocar a espacios de encuentro para la planificación y coordinación de líneas de trabajo tendientes a lograr que el Congreso Nacional dé marcha atrás con el Decreto 70/2017 que restringe derechos fundamentales de los migrantes.