El caso de la muerte de Emilio Blanco fue fraguado por el personal policial de Chascomús. La historia está siendo develada en el juicio oral y público que inició a principio de agosto en Dolores, y en el que se investiga la responsabilidad del sargento Fermín Eleodoro Basualdo, único imputado en la causa por “homicidio calificado”.

ANDAR en los juicios

(Agencia) La noche del 27 de septiembre de 1997, Emilio Elías Blanco, un joven de 17 años de Chascomús y alumno del Instituto Corazón de María de esa localidad bonaerense, fue interceptado  por personal policial del servicio de calle cerca de su casa, y a la mañana siguiente hallaron su cuerpo sin vida y con múltiples lesiones al costado de las vías del tren.

Imagen de una de las audiencias del juicio. A la izq., los padres de Emilio Blanco. FOTO: elcronistadiario.com

Desde un primer momento las actuaciones policiales pretendieron alimentar la versión de un accidente ferroviario, y la causa penal iniciada pasó por tres juzgados distintos y terminó en la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores.

Ahora, 17 años después del crimen, un tribunal de la Cámara Penal de Dolores, integrado por los magistrados Juan Pablo Curi, Diego Olivera Zapiola y Luis Esteban Nitti, lleva adelante el juicio oral y público contra el sargento Fermín Eleodoro Basualdo, único imputado por el delito de “homicidio calificado”, y se prevé que el próximo 17 de septiembre se dicte sentencia.

Hasta el momento, habiéndose realizado 20 audiencias de las 25 que se prevé que tendrá el juicio, se ha finalizado con la instancia de declaraciones testimoniales –declararon aproximadamente 100 testigos, número bastante elevado y que tiene que ver con los 17 años que han pasado desde el crimen de Emilio-, y restan sólo las etapas de alegatos y sentencia.

En diálogo con ANDAR, Fernando Guzmán, el coordinador de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación -perteneciente a una orden de Misioneros Claretianos de Chascomús que acompaña a la familia de Emilio en la búsqueda de justicia-, explicó que la audiencia del lunes 1 de septiembre fue clave “para el esclarecimiento de lo ocurrido porque se terminó de ratificar que la hipótesis del accidente ferroviario es absolutamente descartable”.

“En efecto, el lunes 1 declaró el padre Carlos Quispe, que fue la primera persona que se acercó al cuerpo sin vida de Emilio, después de haber sido advertido por un grupo de vecinos de la zona. El sacerdote dijo en su declaración que aquella mañana se acercó hasta 20 centímetros del rostro del joven y constató que estaba sin vida. Apelando a su sentido común, se dio cuenta que no se había tratado de un accidente, sino que el joven había sido salvajemente golpeado, a pesar de que sus ropas estaban intactas, sin rastros de sangre, y su cuerpo dispuesto de una manera extraña junto a los alambres que cercan la vía”, señaló Guzmán.

Luego del sacerdote, el tribunal tomó declaración testimonial a un integrante de la fuerza policial y licenciado en química, aportado por la defensa del imputado. Ese testigo pretendió fundar la versión del accidente ferroviario a partir, exclusivamente, de la lectura de una fotocopia de la causa penal, tal como lo habría admitido el testigo ante los magistrados.

Por otra parte, la la querella y la familia del joven asesinado esperaban la declaración del guardia policial Héctor Rolando Durán, quien durante la instrucción de la causa por el homicidio de Emilio Blanco había admitido que sus superiores le habían ordenado quemar el libro de guardia de la comisaría, y por esa declaración había sido detenido junto al cabo José Alberto Manzini. Aquella confesión sobre el libro de guardia resulta fundamental para probar que, al menos, Emilio había sido ingresado a la comisaría de Chascomús antes de que su cuerpo apareciera sin vida en las vías del tren.

Emilio Elías Blanco tenía 17 años cuando fue asesinado por la fuerza policial de Chascomús

Sin embargo, tal como relató a ANDAR Fernando Guzmán, “el policía Durán no se presentó cuando debía y luego, cuando fue llevado a declarar por la fuerza pública durante la segunda semana del juicio, aparentemente le falló la memoria. Incluso, cuando los jueces le preguntaron por qué no se había presentado a declarar al juicio, dijo que no lo había hecho por recomendación de sus abogados, algo sobre lo que los magistrados le advirtieron que era una recomendación absurda y nociva para su situación procesal”.

“Los demás policías que declararon tampoco recordaban nada, lo que demuestra que todavía existe un pacto de silencio muy fuerte y promesas que aun se tienen que cumplir y que a nosotros no nos cuesta imaginar”, agregó.

En cuanto a los peritos que han declarado en el juicio, los tres fueron concluyentes con respecto a la naturaleza de las lesiones y a la imposibilidad de que hubieran sido provocadas por un accidente ferroviario: “Dijeron que, en base a su amplia experiencia como peritos, nunca habían visto un cráneo tan destrozado por golpes. También hicieron algunas precisiones sobre lo que son heridas vitales y no vitales, y sobre el estado de las ropas de Emilio. No les quedó prácticamente dudas de que hubiera existido concurso de dos o más personas en las golpizas recibidas por el joven”, afirmó Guzmán.

En este sentido, los peritos hicieron alusión a la reautopsia del cuerpo de Emilio Blanco que se realizó 6 meses después del asesinato, porque en realidad la primera autopsia había sido fraguada y se habían ocultado datos fundamentales para el rumbo de la investigación.

El largo camino hacia la justicia

El cuerpo sin vida de Emilio Blanco fue hallado en horas de la mañana del 28 de septiembre de 1997. Las primeras hipótesis apuntaban al circuito del narcotráfico de la zona y en ese sentido, el joven habría sido confundido con otra persona. A partir del crimen, familiares, amigos y vecinos de Emilio realizaron las “Marchas del silencio” en reclamo de justicia y memoria, al mismo tiempo que el expediente judicial ingresaba en la espiral burocrática del fuero penal.

Luego de la reautopsia, en marzo de 1998 se determinó que Emilio sufrió fuertes golpes que le provocaron la muerte. A partir de allí, en julio de aquél año se recaratuló la causa, pasando de “Muerte dudosa” a “Homicidio calificado”.

Durante 12 años la causa prácticamente no registró avances significativos, hasta que en 2009 pasó al juzgado de Garantías de Dolores a cargo de Laura Inés Elías, quien ordenó la detención del comisario Freites (quien finalmente sería absuelto por prescripción de la acción penal), y del sargento Basualdo, imputado por las torturas agravadas por la muerte resultante. Finalmente, en 2012 se pidió la elevación a juicio de la causa, proceso de debate oral que comenzó el 5 de agosto de 2014.