A pesar de la vigencia de una ordenanza que limita los espacios de fumigación muchas familias y una escuela rural de la zona de Baradero deben lidiar con la aplicación irresponsable e ilegal de productos tóxicos y con el desinterés municipal por hacer cumplir la norma.

ANDAR en Baradero 

(Agencia Andar) Verónica Argomedo vive en el campo hace casi 10 años con su pareja y sus dos hijos, su casa está a unos 20 km de Baradero en la provincia de Buenos Aires. Pero la tranquilidad rural se interrumpe cada vez que ve su salud amenazada por la aplicación indiscriminada de agotóxicos. “Desde que llegamos tuvimos situaciones de fumigaciones, tanto donde nosotros vivimos como en la escuela a la que van mis hijes a 6 km de mi casa”, cuenta Verónica.

Eso fue lo que ocurrió la semana pasada en el último día de clases. El martes 26 se hacía un acto en la escuela con un desayuno “Estábamos cerrando eso alrededor de las 10.30- 11 de la mañana y se escuchó la máquina”: estaban fumigando en el campo cruzando la calle, una fumigación fuera de la norma. Verónica filmó y la directora llamó a la policía. ”Entramos a los chicos, la policía rural tardaba y dijeron que tenían pocos móviles y que estaban lejos con lo que la fumigación siguió avanzando. La directora se descompuso con naúseas y vómitos. Cuando llegó la policía la excusa fue que nos sabían que estábamos ahí ni que había escuela. Igual no corresponde, tienen que dar aviso de todas formas y también está normado bajo ordenanza que tienen que fumigar en fines de semana”.

Esa ordenanza, la 7099/22, la lograron desde la comunidad educativa, peleándola y en alianza con los pocos espacios ambientalistas de la zona. Cuando verónica identificó que la exposición a los químicos sucedía muy a menudo comenzó a a interiorizarse sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud y a buscar organizarse con otras personas en el pueblo.  Docentes rurales, parte de la comunidad educativa, vecinos y vecinas preocupadas por la misma situación entre 2019 a 2022 trabajaron para un proyecto de ordenanza que lograron ingresar al Concejo Deliberante a través de una concejal que atendió sus preocupaciones.

El proyecto estuvo durante más de un año sin ser tocado. En ese tiempo fueron impulsando movilizaciones y reclamos, lograron establecer una mesa de diálogo y avanzaron en poder analizar el agua, la tierra y la presencia en orina de las sustancias que estaban denunciando.  El muestreo se financió con una campaña para recaudar fondos y pudieron llevarlo al INTA Balcarce, al equipo de Virginia Aparicio, y a la Universidad de La Plata donde el contacto fue Damián Marino. Casi todas las muestras arrojaron la presencia de agroquímicos en sus resultados “ninguna en niveles que superaran el código alimentario argentino, pero aún así nos alertaba la situación. Obviamente los agroquímicos no tendrían que estar ni en el agua ni en el suelo, sobre todo en las aguas de pozo de entre 30 y 50 mt de profundidad”.

Esa preocupación no tuvo eco en la mesa con las autoridades: “esa mesa de trabajo fue mucho menos seria de lo que  debería haber sido, por como fue conducida y porque finalmente no era vinculante en ningún sentido con lo que sucediera con la ordenanza. Sólo sirvió para discutir y vernos las caras. Cuando llevamos los estudios para reforzar nuestro pedido de protección fueron totalmente desestimados y ninguneados, tanto por la municipalidad como por la sociedad rural, y por todos los actores que deberían ocuparse con seriedad y responsabilidad el asunto, así que fue bastante devastador, porque a nosotros el resultado nos pegó en la cara”.

Sin embargo lograron sacar la norma: en diciembre se sancionó la limitación de los espacios para fumigar. Ellos pedían 500 metros de protección y gradualidad hasta los dos mil metros, terminó siendo un límite de 120 metros que igual fue un triunfo “fue muy peleada porque la sociedad rural había presentado su propia petición: que fueran sólo de 50 metros la limitación”, apunta Verónica.

El desafío durante el último año fue que lo que se legisló se difunda y se respete. En todo el 2023 siguieron lidiando con las mismas situaciones: “fumigan y cuando llamabas a la policía rural te dicen que el aplicador tenía todo en regla, que ellos no tenían la ordenanza, que no sabían; llamabas a medio ambiente, a la persona encargada de eso, y lo mismo, excusas”. En paralelo se focalizaron en el dato de que en el agua de red de Baradero había presencia de agroquímicos para difundirlo e invitar a la comunidad a sumarse al reclamo. “Es el agua que toma toda la población y presentamos un pedido de informe sobre las bombas de la ciudad y las escuelas rurales con análisis integrales”. Nunca respondieron la solicitud, pero con el agua como eje lograron confluir con más gente para poder avanzar en conjunto.

Así llegaron a diciembre y los últimos diez días del año fueron intensos. El viernes 22 algunas madres con sus hijos estaban en el patio del almacén de campo donde se iba a realizar el festejo de egresados de quienes promocionaban de sexto grado de la escuela. Mientras colgaban globos y ponían la decoración vieron cómo a muy pocos metros, unos 50, bajaba las alas un mosquito y empezaba a fumigar. “Fue muy desgarrador porque las mamás estábamos con los chicos que acabábamos de sacar de la escuela, todos corriendo, tuvimos que decirles que se escondan en algún lado, quedarnos nosotras respirando eso, yo llamé a la policía rural y cuando vinieron, controlaron y después siguieron fumigando”.  El martes se repitió “la situación fue muy fuerte porque una va a la escuela con una actitud y se tiene que poner a la defensiva, es como un estado de alerta constante que es muy agotador. Desde el alerta del oído que te indica el ruido de la máquina, hasta la vista y mirar la distancia, y la policía que no responde, y la municipalidad que no responde y las denuncias que quedan cajoneadas así que fue un cierre de año bastante triste y sabemos que es la realidad de un montón de personas y pueblos en nuestro país”.

Ahora se sumaron a la red nacional de pueblos fumigados donde encontraron un espacio donde sostenerse y difundir el problema que enfrentan. “El apoyo de afuera pone un poco en evidencia a las autoridades, y en este contexto de tanto endurecimiento y desprotección frente a estas situaciones la organización te protege”, cierra Verónica.