El CECIM se pronunció en torno a los 188 de la usurpación británica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos correspondientes.

ANDAR en las Malvinas

(CECIM) Ciento ochenta y ocho años donde nuestro país ha reclamado indeclinablemente ante la comunidad internacional que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a dialogar, y que los británicos ignoran.
En un nuevo año y en una nueva etapa política que avizora una esperanza en términos reales con la posibilidad cierta y palpable de contar con distintas vacunas que inmunicen a la población del Covid19, es prioritario revisar lo que no solo nos dejó la gestión de Mauricio Macri en cuanto a retrocesos, sino a distintos acuerdos ocurridos en la década del 90 que coincidiendo en una misma línea de pensamiento forjaron posibilidades contrarias a una verdadera Política de Estado Soberana.
El gobierno de Macri nos deja enredados en acuerdos que favorecen exclusivamente la iniciativa británica en el Atlántico Sur, como el firmado el 13 de Septiembre de 2016 que textualmente dice: “.se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.
El ex Canciller Jorge Faurie, concretó en el contexto de G20 lo anunciado en el comunicado 053/18 emitido por la Cancillería Argentina el día 16 de Febrero de 2018, donde se informaba que “En el marco de las relaciones bilaterales y con el espíritu de proponer acciones positivas en temas de interés común, la Argentina y el Reino Unido han realizado gestiones conjuntas ante los gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a fin de invitar a compañías aéreas de dichos países a operar un vuelo semanal hacia las Islas Malvinas.”.
El nuevo vuelo aún vigente a Malvinas, operado por LATAM Brasil, interrumpido por ahora por la situación de pandemia, se anunció en los grandes diarios nacionales como una nota de color, colaborando con el mecanismo de cultura estratégica para la región, que es desinformar, ocultando las voces que ponen en discusión su total ilegalidad y por sobre todo los perjuicios que ocasionan a los intereses nacionales.
Este vuelo no debe reiniciarse y esperamos que las autoridades de la Cancillería lo dejen sin efecto sin dilaciones, derogando todas las normas conocidas como el Acuerdo Foradori-Duncan.
Llevamos más de 38 años en democracia, la República Argentina sostiene dentro del derecho internacional y en el marco de las resoluciones de la ONU el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Geórgias del Sur y Sándwich del Sur de los territorios usurpados en 1833 por Gran Bretaña.
Las decisiones adoptadas durante los gobiernos neoliberales, contrariaron grandes logros de la diplomacia argentina, como lo es la Resolución 2065/65, resultado de la labor del entonces Embajador José María Ruda ante el Subcomité III del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración de la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.
Es prioritario consolidar políticas de estado sobre la cuestión Malvinas y políticas de defensa del patrimonio nacional, es urgente revisar todos los acuerdos firmados por Macri y revisar aquellos firmados en los años 90 conocidos como los acuerdos de Madrid I y II ya que esa opción política adoptada por la República Argentina no configuró ningún escenario donde Gran Bretaña cumpla – tan solo cumpla – sentarse a una mesa para dialogar en términos de soberanía la resolución del conflicto.
La situación planteada por la salida de Gran Bretaña del mercado común Europeo dejando de lado a los territorios de Ultramar por ende la ocupación ilegal en nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, solo baja la rentabilidad en los recursos obtenidos con la pesca ilegal, en tal sentido debemos avanzar en el desarrollo de un modelo socio productivo hacia el Atlántico Sur con una mayor presencia de un programa de pesca soberana que además de ocupar el Mar Argentino y sus áreas adyacentes, generen empleo y contribuya a una mejor alimentación para nuestra población. Los recursos son del Estado o sea de todos los argentinos.
Vemos con preocupación la presencia de buques de la Guardia Costera de los EE.UU en la zona del Atlántico Sur bajo el pretexto de controlar la pesca ilegal en aguas internacionales, situación que es real, pero advertimos un cambio de estrategia por parte de los EE.UU, socio histórico en la usurpación, que bajo la consigna de “garantizar que el hemisferio occidental sea seguro, libre y próspero” llevaran en forma conjunta con el Comando Sur de los EE.UU la operación denominada “Cruz del Sur”.
Se vislumbran nuevas tensiones con dos de los socios mayoritarios de la OTAN en nuestra región altamente militarizada con la Fortaleza Malvinas, especialmente con las flotas pesqueras asiáticas en una zona declarada como Zona de Paz y Cooperación. El gobierno nacional debe trabajar activamente para concretar nuevos acuerdos con países que pescan en el Atlántico Sur con los cuales mantenemos excelentes relaciones diplomáticas para revitalizar la Zona de Paz y Cooperación con los países rivereños, como forma de contrarrestar las acciones de militarización que amenazan la paz de la región.
Debemos pensar en aplicar políticas que pongan en crisis el costo beneficio de la usurpación, como es la plena vigencia de las leyes de Hidrocarburos, Pesca, la CONVEMAR, para cumplir con la manda de la Constitución Nacional.
Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas, sociales, del trabajo, a los luchadores por la defensa de los DD.HH y la Paz, al pueblo argentino en renovar el
compromiso en la defensa de la Soberanía Argentina en Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y sus mares correspondientes.
Es tiempo de recuperar con acciones concretas la defensa de los intereses de los 44 millones de argentinos.