Desde hace varios días, distintas regiones de Chile se encuentran militarizadas. Un despliegue que intenta legitimarse bajo el discurso presidencial de la “guerra”, expresión temeraria sin ningún sustento real. Lo que sucede en estos días en Chile es la expresión de hartazgo de un pueblo sometido a políticas económicas que sólo empobrecen y relegan a los sectores populares. Ante la movilización del pueblo y los reclamos por una sociedad más justa e igualitaria, el Estado chileno respondió con una inusitada represión, que incluyó el toque de queda y la presencia de las fuerzas militares en la calle. Hay, al menos, once muertos y más de mil detenidos.

 ANDAR en Chile

(Agencia/CPM) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresa su preocupación por la decisión del gobierno de Chile, que preside Sebastián Piñera, de militarizar el territorio y reprimir las multitudinarias movilizaciones que expresan el descontento social. Al mismo tiempo, expresa su solidaridad con el pueblo chileno que viene reclamando más derechos e igualdad, y con los organismos de derechos humanos trasandinos que están denunciando la violencia estatal, la criminalización de la protesta y la suspensión de las libertades constitucionales.

Pocos meses atrás, durante el Encuentro trasandino de sitios de memoria del Cono Sur, la CPM mantuvo reuniones de trabajo con organizaciones y organismos de derechos humanos de todas las regiones de Chile. En esas jornadas, se coincidió en la necesidad de pensar la gestión de estos espacios de memoria vinculados a las demandas sociales y violaciones a los derechos humanos en la actualidad. Los recientes hechos ocurridos en Chile renuevan ese mandato.

El aumento del boleto del metro fue sólo el detonante de un descontento social que venía creciendo en la sociedad chilena: las manifestaciones sociales de los últimos días son la expresión de los reclamos por una sociedad más justa e igualitaria. 

Las movilizaciones, que reunían a distintos sectores de la sociedad, incluían una serie de reclamos que iban desde la crisis del sistema de salud y educación hasta las altas tarifas energéticas y la privatización del acceso a bienes básicos para la vida, como el agua. Frente a esta situación de desigualdad que choca con la falta de respuesta del Estado, los pueblos salen a la calle para reclamar por sus derechos.

Lamentablemente, la respuesta del gobierno chileno a las multitudinarias movilizaciones populares fue la violencia. La declaración del Estado de emergencia con la presencia de los militares en las calles, la represión y el toque de queda fueron coronados por una declaración del presidente Sebastián Piñera en la que criminalizó la protesta social y pretendió describir los hechos con el relato de una “guerra”. En Chile no hay ninguna guerra, hay un pueblo en la calle reclamando por sus derechos, por igualdad y por condiciones más dignas de vida.

Desde que comenzaron las protestas sociales, y tras la represión estatal, ya hubo al menos once muertos, más de 100 heridos y más de mil detenidos. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado por el gobierno nacional vulnera permanentemente derechos y garantías constitucionales, pero no impidió que el pueblo chileno siga manifestándose.

La violencia del Estado no resuelve los problemas sociales ni los reclamos populares. El único camino posible para la salida de estos conflictos en América Latina es la construcción de países más justos e igualitarios, donde todos los sectores sociales gocen de sus derechos plenamente.