El titular del Juzgado de Garantías 8 de Quilmes, Adrián Villagra, dictó la prisión preventiva de la alcaide mayor Eliana Heidenreich acusada por el homicidio de Federico Rey, ocurrido el 22 de abril pasado en la Unidad Penitenciaria 23 de Varela. Federico tenía 30 años y murió tras recibir tres disparos con bala de plomo. Los penitenciarios Gabriel Bergonzi y Gastón Ábila también quedaron detenidos, acusados por el encubrimiento del asesinato. Las declaraciones testimoniales de los propios compañeros de fuerza fueron decisivas para develar la responsabilidad en el crimen de cada uno de los imputados. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a la familia de la víctima y destacó la relevancia de esta decisión de la justicia.

ANDAR en Florencio Varela

(Agencia) El 22 de abril pasado, detenidos del pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela se subieron al techo para protestar por la falta de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en la cárcel. La respuesta del Servicio Penitenciario Bonaerense fue una represión feroz e inmediata.

Entre los puestos de vigilancia 2 y 3 del muro perimetral, la jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento, la alcaide mayor Eliana Heidenreich, disparó tres veces con bala de plomo contra Federico Rey que cayó muerto en el techo del pabellón.

Cuarenta días después del asesinato, el Juzgado de Garantías 8 de Quilmes, a cargo de Adrián Villagra, dictó la prisión preventiva de Heidenreich, acusada por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro del Servicio Penitenciario y mediante el empleo de arma de fuego.

Para dictar la prisión preventiva se deben considerar dos elementos: la posibilidad de entorpecer la investigación o el peligro de fuga del imputado. Para el juez de Garantías Adrián Villagra los dos extremos estaban cubiertos. En su decisión tuvo cuenta la gravedad del delito y la pena de expectativa alta y recordó también que Heidenreich estuvo prófuga de la justicia. Después de asesinar a Federico Rey, la alcaide mayor no volvió a prestar servicio a la cárcel y cuando fueron a su domicilio para aprehenderla no la encontraron. Recién varias horas después se entregó en la DDI de La Plata.

Todas las declaraciones testimoniales del expediente judicial señalan a Heidenreich como la autora de los disparos que mataron a Federico. En su testimonio, los compañeros y compañeras de fuerza de la imputada dijeron que sabían de la prohibición, por reglamento, de usar bala de plomo dentro de la unidad. También aseguraron que no había un peligro de fuga de los detenidos que estaban arriba del techo.

Los agentes penitenciarios aportaron otro dato, de gran valor judicial para determinar la actitud de Heidenreich al momento de actuar: en sus declaraciones, refirieron que cuentan con tres tipos de proyectiles y que el estruendo producido por los disparos con bala de plomo es muy distinto al resto de los proyectiles y , por lo tanto, no había forma de confundirse. Y aclararon que la imputada tenía conocimiento en el uso de armas y trayectoria en puesto de vigilancia en cárceles: era imposible que no se haya dado cuenta que estaba disparando con balas de plomo.

“En comparación con otras instrucciones en donde se investigan casos de violencia institucional, acá la fiscalía trabajó bien y la justicia actuó rápido. Ahora es necesario profundizar en las responsabilidades funcionales, porque la muerte violenta de Federico no se dio como un episodio aislado sino en un contexto represivo en respuesta a los reclamos de los detenidos”, destacaron desde el programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina al padre, el hermano y la tía de la víctima. “Las pruebas son contundentes y lo novedoso es que se quebró el pacto de silencio entre los mismos integrantes de la fuerza”, agregaron.

Además de Heidenreich, el juez Villagra también dictó la prisión preventiva del jefe de la Guardia de Seguridad Exterior Gastón Ábila y del subdirector de administración de la unidad, el prefecto mayor Gabriel Bergonzi. Los dos están imputados por el delito de encubrimiento agravado.

Según la investigación judicial, Bergonzi y Ábila estaban al tanto del asesinato de Federico y el uso de balas de plomo y, sin embargo, no denunciaron este hecho ante las autoridades judiciales e intentaron ocultar los tres cartuchos de color rojo, que es el color que tienen las postas de plomo. Según el testimonio de una penitenciaria, cuando le preguntó a Bergonzi sobre qué hacer con las vainas, el imputado le respondió: “Hacé de cuenta que no viste nada”.

El auto de prisión preventiva refiere especialmente que luego del asesinato de Federico Rey, funcionarios de la fiscalía estuvieron entre cuatro y cinco horas en la unidad y los imputados no sólo no dijeron nada sino que, además, firmaron un acta de procedimiento asegurando que el joven había muerto en una pelea con otros detenidos.

Recién sus declaraciones indagatorias, Bergonzi y Ábila reconocieron que sabían qué había pasado pero justificaron su silencio, apelando al orden jerárquico. “En el Servicio se sigue la vía jerárquica y por eso creo que no me corresponde a mi hablar con una Fiscal o un Ayudante Fiscal”, declaró Ábila. En la misma línea, se expresó Bergonzi: “Los superiores, el director y subdirector, deberían estar al tanto y son las máximas autoridades las que deben responder”.

A pesar del intento de exculparse y los pedidos de libertad por falta de mérito que pidieron los abogados defensores, el juez Villagra confirmó la prisión preventiva que había sido pedida por la fiscalía y los particulares damnificados. “Eran superiores jerárquicos con respecto a los testigos y por tanto existe la posibilidad de influir en sus testimonios y de este modo entorpecer el curso del proceso”, justificó.

Cabe recordar también que luego de conocerse el resultado de la autopsia las cinco máximas autoridades del penal fueron desplazadas: el director de la cárcel, los tres subdirectores y el jefe de la sección Vigilancia y Tratamiento.

Con la confirmación de la prisión preventiva, los tres imputados en el crimen de Federico esperan el traslado a unidades del Servicio Penitenciario.