El Juzgado Federal N 2 de San Nicolás ordenó la detención de ocho ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y tres miembros del Ejército en un juicio que investiga el secuestro, torturas y muertes de integrantes del PRT-ERP de la región norte. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es querellante en la causa y aportó prueba documental del archivo de la DIPPBA que da cuenta de las tareas de inteligencia y espionaje que permitieron llevar adelante las operaciones militares y de la participación del mismo personal de la DIPPBA en los grupos de tarea que cometieron estos delitos. Estas detenciones abren el camino para que las acciones de inteligencia sean condenadas; en esa línea también se pronunció la Cámara de San Martín que dejó a un paso del procesamiento a Fabián Fernández Garello.

ANDAR en San Nicolás

(CPM) En noviembre de 1976, una serie de operativos militares en la región de San Nicolás y Pergamino terminaron con el secuestro y detención de varios miembros del Partido Revolucionario del Pueblo—Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT—ERP); algunos de ellos, permanecieron un tiempo en cautiverio, otros fueron asesinados y otros permanecen desaparecidos. En total son 12 víctimas. Enabel Cappa, Raúl Calabressi, Mario Marrese, Miguel Ángel Amarillo, Félix Aladro, Julio Carranza, Oscar Parodi y Pedro Díaz eran en ese momento agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), delegación San Nicolás. Los ocho fueron recientemente detenidos en el marco de la causa que investiga estos delitos de lesa humanidad.

La decisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, también alcanzó a los miembros del Ejército Guillermo Piccione, Antonio Bossié y Omar Andrada, estos dos últimos ya están en prisión por condenas anteriores.

Para todos los agentes de la inteligencia bonaerense imputados en esta causa es la primera vez que tienen que rendir cuentas ante la justicia por su participación en crímenes de lesa humanidad.

El 9 de noviembre de 1976 fuerzas conjuntas, bajo el comando operacional del Área Militar 132, secuestraron a Carlos Santillán e Irene Ballester, que eran miembros del PRT—ERP y habían ocupado cargos importantes en la estructura del partido. Durante su cautiverio fueron torturados y de estos interrogatorios, los represores obtuvieron información que permitió dar con el domicilio de María Cristina Lanzilloto en Pergamino, esposa de Carlos B. Santillán y también integrante del PRT—ERP.

Una patota integrada por los agentes policiales secuestraron de su propia casa a Lanzilloto y a sus hijos María Lucila y Jorge—de dos y un año de edad respectivamente—. Todos fueron trasladados a la UP N 3 de San Nicolás, donde ya estaba detenido ilegalmente Santillán; los niños fueron liberados 6 días después, María Cristina y Carlos sometidos a más vejámenes y torturas.

Ese mismo día, Adriana Pierro fue secuestrada en el domicilio de sus padres en la ciudad de Pergamino. Una vez secuestrada fue llevada al centro clandestino de detención que funcionó en el interior de la Comisaría Primera de Pergamino. Un día después de estos operativos, según consta en los documentos de la DIPPBA, detuvieron a Carlos Miranda. Y también a Carlos Pérez y Leonor Genoveva Pierro que fueron secuestrados en la vivienda que habitaban en la ciudad de San Nicolás. Carlos fue asesinado y Leonor continúa desaparecida

El raid delictivo no terminó en esos días. Luego de allanar las casas particulares de las víctimas, se asentaron en esos domicilios guardias policiales. Así fue detenida Marta San Martín, que cuidaba a los hijos del matrimonio Santillán—Lanzilloto. Ante la ausencia de los niños durante tres días, Marta fue a la casa de la familia: fue secuestrada y trasladada también a la Comisaría Primera de Pergamino. Su esposo, Pedro Preto, fue privado ilegítimamente de su libertad un día después, cuando fue a buscarla. En la casa fue interrogado agresivamente y, finalmente, trasladado a la misma dependencia policial. La misma suerte corrió Benjamín Santillán, padre de Carlos, que fue detenido el 17 de enero de 1979 cuando arribó al domicilio de su hijo.

En total la causa tiene 12 víctimas y ocho agentes de la DIPPBA—San Nicolás y tres del Ejército imputados. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es querellante y aportó documentos del archivo de la DIPPBA —que custodia y gestiona desde el 2001— con un importante valor probatorio. El legajo “DS” [Delincuentes Subversivos] N 6864, bajo el título “San Nicolás: Desbaratamiento célula extremista del ERP”, detalla estos procedimientos y detenciones ilegales efectuadas por las fuerzas conjuntas del Comando Radioeléctrico, personal de la DIPPBA, Brigada de Investigaciones, personal del Área Militar 132 y Policía Federal.

En ese mismo legajo, consta un memorándum de una autoridad militar que hace llegar al Jefe de la DIPPBA su complacencia por el accionar de la delegación DIPPBA—San Nicolás: “Es deber del suscripto, hacer resaltar ante esa Superioridad, la encomiable labor desarrollada por la dotación completa de esta Delegación, por haber trabajado fuera de horarios, francos de servicio y hasta con recargos de tres días consecutivos, hasta lograr el desbaratamiento casi completo de la célula extremista que actuaba en la jurisdicción”.

Es decir los ex agentes de la DIPPBA imputados en esta causa participaron activamente como parte de los grupos de tarea que realizaron estos operativos militares. Pero no sólo, la intervención en el campo. Los mismos legajos aportados como prueba demuestran toda la acción de inteligencia y espionaje previa que hizo posible la comisión de estos delitos. Hay entre esos documentos, fichas personales de las víctimas, fotografías, filiaciones políticas, un exhaustivo análisis de la situación del PTR—ERP.

La información del archivo es elocuente al respecto, la DIPPBA informó que “sobre ciento treinta blancos [militantes gremiales y políticos investigados previamente] indicados a la Jefatura de Área 132 desde el mes de octubre pasado hasta la fecha, la misma ordenó la ejecución del 30% aproximadamente y de éstos se obtuvieron resultados positivos con secuestros de elementos y detención de veinte a veintiuno personas de forma directa”. Y agrega para hacer más explícita aún la relación indispensable entre las tareas de inteligencia y las detenciones: “Del accionar informativo de esta Sección Regional, en conjunto con las fuerzas policiales militares y policiales de esta zona a partir de la fecha indicada, han comenzado a rendir sus frutos en los últimos dos meses”.

Desde hace varios años, y como órgano de custodia de los archivos de la DIPPBA, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene reclamando que las acciones de inteligencia sean condenas como parte constitutivas del terrorismo de Estado. La resolución de la justicia federal de San Nicolás va en esa línea. La importancia de avanzar en estos procesos es imprescindible: la mora en el juzgamiento de estos crímenes consagró la impunidad de sus perpetradores y les permitió a algunos de ellos reciclarse como funcionarios de la democracia. Un ejemplo de ello es la trayectoria de Miguel Amarillo, que fue candidato a concejal de San Nicolás y tiene una profusa actividad social en la Asociación de Básquet de esa localidad y en entidades vecinales.

Otro ejemplo es el de Fabián Uriel Fernández Garello, actual Fiscal General de Mar del Plata, que está siendo investigado por su participación en crímenes de lesa humanidad como agente de inteligencia de la DIPPBA. En simultáneo y en concordancia con la resolución de la justicia de San Nicolás, ayer la Cámara Federal de San Martín también comenzó a desandar el camino de la impunidad, al revocar la falta de mérito dictada en una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por ex agentes de la DIPPBA—San Martín, donde revistaba Fernández Garello.

En lo sustancial los delitos que se investigan en una y otra causa son similares, y el material de la DIPPBA aportado por la CPM tiene el mismo caudal y fuerza probatoria. Sin embargo, el actual fiscal, a pesar de quedar a un paso del procesamiento, sigue esquivando la justicia y, más grave aún, permanece en funciones en un poder de la democracia.