A pesar de la oposición de los representantes del Ministerio Público, el exfiscal federal e integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Gustavo Demarchi pudo formularle preguntas a la testigo Lidia Ruggieri durante la audiencia. La decisión tuvo lugar luego de que el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata lo habilitara a ejercer su propia defensa en juicio.

Demarchi, a pesar de ser uni de los imputados, fue autorizado a interrogar a una testigo. FOTO: lacapitalmdp.com

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) El exfiscal federal e integrante de la CNU Gustavo Demarchi, acusado de haber formado una asociación ilícita por la que fueron asesinados ocho personas en 1975, pudo formular preguntas a la primera testigo del juicio que lleva adelante el TOF 1 de Mar del Plata luego de que fuera autorizado por los magistrados a ejercer su propia defensa.

Esta prerrogativa contradice el contenido de la Acordada 1/12 de la Cámara de Casación Penal según la cual se debe evitar, en términos procesales, la revictimización de los testigos en causas de lesa humanidad.

Además de la oposición de los tres fiscales del juicio, la Sala II de la Cámara también entendió que su propio fallo se dirigía “al riesgo de revictimización que podría originar que sea el imputado quien, durante el desarrollo del debate, interrogue a las víctimas”. Por este motivo, se señalaba que las preguntas debían ser formuladas por el codefensor.

Frente a esta omisión, tres días después de la audiencia en la que Demarchi interrogó a la testigo, la Sala II de Casación envió un pedido de informe al TOF 1 solicitando una explicación acerca de cómo se estaba interpretando la Acordada 1/12.

Tal como lo señaló una de las fiscales de juicio, Laura Mazzaferri, “lo cierto es que, a medida que los juicios avancen sobre los civiles, pueden repetirse situaciones como éstas, porque hay muchos abogados que probablemente van a querer autodefenderse”.

Acerca de la testigo Lidia Ruggieri, su relato es de especial importancia para el juicio CNU ya que, como prosecretaria de la Universidad Provincial de Mar del Plata en 1975, podría llegar a determinar las funciones que llevaron a cabo los imputados en esa casa de estudios, desde donde se desplegaron las principales acciones de la organización de ultraderecha.

En su testimonio, Ruggieri dijo que el ya fallecido Eduardo Cincotta, integrante de la patota de CNU, era secretario general de la Universidad y que, según su impresión, Cincotta y Demarchi ejercían “el poder real” dentro de la unidad académica. Asimismo, denunció haber sido amenazada cuando se negó a adulterar una resolución de la Universidad que vinculaba a personal de seguridad contratado por ellos con un asesinato cometido en San Juan.

Durante la misma audiencia, organismos de derechos humanos, querellas y fiscales mostraron su preocupación por la decisión del tribunal de ordenarle, por pedido del defensor oficial, a integrantes del público quitarse los pañuelos blancos que llevaban impresos los nombres de las víctimas y la frase: “Asesinado por la CNU”.

En este sentido, los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas dispusieron que no se lleven a la sala de audiencias insignias que hagan alusión al objeto procesal y, en caso de que no se cumpliera la orden, se desalojaría el público de la sala.

Cabe recordar que la CNU surgió en La Plata y luego se extendió a Mar del Plata, operando desde fines de los 60 como movimiento estudiantil de derecha vinculado con la Doctrina Social de la Iglesia.

Los imputados en la causa que llega a juicio en Mar del Plata son Jose Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis  Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel, Mario Ernesto Durquet, Raul Rogelio Moleon, Juan Pedro Asaro, Marcelo Arenaza, Gustavo Demarchi y Fernando Otero, en su calidad de integrantes de la CNU y desde su inserción concreta en estamentos del Estado –como la universidad y la fiscalía federal-, además de su vinculación con las fuerzas de seguridad, la Triple A y la CNU La Plata.

Para este juicio, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a través del programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, ha realizado un importante aporte de documentación proveniente del archivo de la exDIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) que demuestra la directa vinculación entre el accionar de la CNU y las fuerzas represivas luego del golpe de estado de 1976.