El próximo lunes 8 de mayo, en la Sala A del edificio de tribunales de La Plata situado en 8 entre 56 y 57, la presidenta del Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata, Carolina Crispiani, dará inicio al debate oral y público por la masacre de Monte, ocurrida el 20 de mayo de 2019. Cuatro agentes de la Policía Bonaerense llegan imputados por el delito de homicidio agravado de Danilo Sansone de 13 años, Gonzalo Domínguez de 14, Camila López de 13 y Aníbal Suárez de 22, y homicidio en grado de tentativa, por Rocío Quagliarello, la única sobreviviente que en ese momento tenía 13 años.  La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, intervendrá como particular damnificado institucional y representará en el juicio a las familias de Danilo y Camila. Por la mañana se realizará la selección y conformación del jurado y desde las 14 se abrirá la audiencia de juicio.

ANDAR en La Plata

(CPM) Una parte de la causa penal que tiene como imputados a 23 policías por la persecución, muerte y encubrimiento en torno a la Masacre de Monte comenzará a ser juzgada desde este lunes 8 de mayo a instancias del Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata y mediante un jurado popular. Este primer debate oral y público ventilará las responsabilidades del capitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Rubén Alberto García y de los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez, quienes serán juzgados como coautores de los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembros de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego -consumado en cuatro víctimas y en grado de tentativa sobre una quinta- y violación de los deberes del funcionario público.

El juicio se realizará en la Sala A del edificio de tribunales de La Plata situado en 8 entre 56 y 57 y se prevé que se extienda hasta el 17 de mayo, con 8 jornadas más hasta llegar a la instancia de alegatos y veredicto. Cabe recordar que la masacre de Monte ocurrió 20 de mayo de 2019 cuando efectivos de la Policía Bonaerense comenzaron a perseguir y disparar contra el vehículo en el que paseaban cinco jóvenes provocando el choque contra un camión que se encontraba estacionado. Danilo de 13 años, Gonzalo de 14, Camila de 13 y Aníbal de 22 murieron en el acto; sólo Rocío, de 13 años en ese entonces, sobrevivió.

Desde el martes 9 de mayo declararán ante el jurado popular alrededor de 30 testigos: en primer término, brindarán su testimonio las y los familiares de las víctimas; el miércoles lo harán testigos del hecho y, posteriormente, declararán los distintos peritos que intervinieron en la causa y cuyas conclusiones resultarán fundamentales para el jurado.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció desde el primer momento la gravedad institucional de la masacre y acompañó a las familias de las cinco víctimas. En esta instancia, la CPM participa del juicio como particular damnificado institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y como particular damnificado, en representación de las familias de Danilo Sansone y Camila López. Por su parte, las familias de Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez serán representadas por Dora Bernardes, y Ricardo Minoli representa a Rocío Quagliarello, única sobreviviente de la masacre. El Ministerio Público Fiscal estará representado por Mariano Sibuet.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Lisandro Damonte quien también imputó, y esperan ser juzgados, a otros 9 policías por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público: se trata de Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristina Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro. También enfrentan cargos por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Yael Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel, mientras que sólo por el delito de violación de los deberes de funcionario público están imputados los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui.

El entonces secretario de seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, estaba imputado encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público pero falleció durante el transcurso del proceso judicial. Con respecto a la ex-intendenta Sandra Mayol, la causa en la que se la investiga por encubrimiento fue arbitraria y sorpresivamente archivada a fines del año pasado por decisión del Juzgado de Garantías 2 de La Plata, por lo que la CPM presentó un recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías departamental a los fines de que se revoque tal medida y se retome la investigación sobre la por entonces funcionaria municipal.